Presentadas alegaciones al programa de desarrollo rural sostenible de Castilla y León

Ecologistas en Acción entiende que el programa propuesto no se guía por el criterio de sostenibilidad y que el proceso no está cumpliendo con el requisito obligatorio de participación pública.

La Junta de Castilla y León ha iniciado el proceso que establecido por la Ley 45/2007 de desarrollo rural sostenible. Para ello ha publicado el documento inicial del “Programa de desarrollo rural sostenible de Castilla y León para el periodo 2010-2013” y ha iniciado el proceso de elaboración de los planes de zona.

Hasta ahora no podemos decir que las políticas activadas en la región para el medio rural hayan surtido efectos positivos, ya que los desequilibrios sociales, ambientales y económicos se mantienen. Ecologistas en Acción entiende que nos encontramos ante una oportunidad única para solventar las deficiencias y resolver los graves problemas del medio rural castellano leonés.

En este sentido son, entre otros, objetivos de los programas de desarrollo rural sostenible mejorar la calidad de vida de sus habitantes, fijar población y frenar el deterioro ambiental. Para que ello sea posible el criterio de sostenibilidad debe ser la base de los proyectos que se lleven a cabo. Esto supone un cambio de perspectiva y de actitud que, a tenor de lo que muestran sus últimas actuaciones, no es lo que se está haciendo desde la institución autonómica.

En el documento inicial, sometido a información pública, se echa en falta la consideración de algunas cuestiones clave para garantizar el éxito de la consecución de los objetivos principales de la política de desarrollo rural sostenible. En las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción se introducen aquellos elementos que se han dejado de lado y que son indispensables para que el programa sea verdaderamente “sostenible”.

Además, se proponen una serie de requisitos que los proyectos deben cumplir. Se trata de crear un criterio objetivo que asegure la sostenibilidad ambiental, social y económica de los mismos. Así como evitar que se pongan en marcha iniciativas que perpetúen la línea de actuaciones mantenidas hasta ahora y que han supuesto graves daños en el medio natural y poca respuesta a las demandas reales del medio rural.

Por otro lado, se están elaborando los planes de zona y para ello la participación pública es un mandato obligado por la Ley 45/2007. La Junta de Castilla y León parece haber hecho caso omiso y pretende reducir esta obligación al mínimo. Nos encontramos con que no se han establecido los cauces para la aprobación, seguimiento y evaluación de los proyectos.

Desde Ecologistas en Acción se ha instado a la Junta de Castilla y León a que siga un procedimiento de participación pública real, que responda a las necesidades del medio rural y que frene el deterioro que éste sufre, realizando un cambio sustancial en las políticas rurales que pone en marcha.