Sentencia sobre la defensa de Majanicho

En sentencia del día 7 de febrero 2011 el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por Nombredo SL contra la sentencia del TSJ de Canarias que determinó en octubre 2006 la ilegalidad del Plan Parcial SAU 12 - Casas de Majanicho. La sentencia ahora emitida por el Supremo, no sólo confirma plenamente la del tribunal canario, sino que determina la falta de fundamento del recurso de la promotora asturiana.

La demanda fue presentada por Agonane-Ecologistas en Acción en 2001 contra el Ayuntamiento de La Oliva por la aprobación, en diciembre de 2000, del referido Plan Parcial, pero cuando, el 2 de octubre de 2006, el TSJ de Canarias dictó sentencia condenatoria contra el Ayuntamiento, determinando la ilegalidad del Plan SAU 12, Nombredo SL, que no se había personado hasta entonces en el pleito, decidió presentar recurso de casación ante el Supremo alegando indefensión, por ser parte interesada y que desconocía la existencia de dicha demanda. El Tribunal Supremo aceptó a trámite el recurso de Nombredo SL , a pesar de la evidente falta de verosimilitud del argumento, pues la existencia del pleito ecologista era pública y notoria, pues , entre otras cosas, venía siendo recogida ampliamente por todos los medios de comunicación.

El Supremo desestima ahora los argumentos de la constructora asturiana pues, según se establece en la sentencia (pg. 10) Nombredo SL fue notificada por el propio Ayuntamiento de la demanda ecologista por si se hubiera querido personar. El Supremo además condena a Nombredo SL al pago de los emolumentos de los abogados ecologistas.

Agonane-Ecologistas en Acción, considera esta victoria muy importante, a pesar de que la enorme duración del pleito y la complicidad con la promotora de los sucesivos grupos de gobierno de La Oliva han permitido que la urbanización ilegal, construida sobre la costa virgen de Majanicho sea hoy un hecho, e incluso se hayan vendido algunos chalets a jubilados ingleses, principalmente.

La asociación ecologista solicitará ahora que se anote en el Registro de la Propiedad la condición de ilegalidad de la urbanización para evitar que otros incautos puedan verse afectados y en su momento se solicitará en la ejecución de la sentencia, la demolición de lo construido y la restitución a su estado anterior de los todos los terrenos ocupados.

El Plan Parcial SAU 12 fue aprobado, en el pleno municipal, gracias a la mayoría del PP que entonces presidía Domingo González Arroyo. En 2005, Agonane-Ecologistas en Acción presentó una nueva demanda contra La Oliva por la concesión de las licencias de obras, en este caso firmada por la alcaldesa de CC, Claudina Morales, cuando las primeras licencias concedidas por Arroyo estaban ya caducadas.

Así mismo, Agonane-Ecologistas en Acción presentó demanda contra el Convenio urbanístico aprobado en 2004 por la nueva alcaldesa de la Oliva, Claudina Morales, con los votos favorables de CC y PP y la actual alcaldesa del PSOE Rosa Fernández. El voto en contra del entonces concejal de Medio Ambiente José Luis López originó su expulsión del grupo de Gobierno y determinó que Claudina Morales tuviera que gobernar en minoría el resto de la legislatura.

Antes de la aprobación del Convenio los abogados ecologistas se reunieron con la entonces recién elegida alcaldesa de La Oliva, con el Presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, y con el entonces Consejero de Política Territorial del Cabildo, Domingo Berriel, recomendándoles la no aprobación del Convenio, al menos hasta no conocer la resolución del pleito contra el Plan Parcial y las licencias. Todas sus sugerencias fueron ignoradas y el Convenio se firmó con Nombredo SL, lo que posibilitó la consumación de la urbanización ilegal.

Estos dos pleitos estaban hasta ahora paralizados a la espera de la sentencia sobre el Plan Parcial que ahora ha hecho firme el Tribunal Supremo. Con esta sentencia se hacen automáticamente ilegales todas las actuaciones posteriores, por lo que tanto las licencias como el Convenio urbanístico serán también declarados ilegales próximamente.

Por su parte, el Ayuntamiento de La Oliva, con los votos favorables de PSOE, PPF (antes PP) y CC, y con la oposición de José Luis López, ha aprobado recientemente una solicitud ante el Cabildo de Fuerteventura para que se cambie en el PIOF la consideración urbanística de los terrenos del Plan Parcial de Majanicho y poder así pasar a ser suelo turístico y convertir la urbanización en una especie de hotel o resort en vista del poco éxito en la venta como viviendas.

Entre tanto, Nombredo SL ha ganado un pleito al Ayuntamiento de La Oliva por el que reclamaba el suministro de servicios municipales, agua, luz, recogida de basura y vigilancia, que el Consistorio le negaba dado el deteriorado estado de las arcas municipales. Así mismo la constructora asturiana ha desmontado la maquinaria de fabricación de paredes enterizas con que están construidos los chalets adosados de Majanicho. Dicha maquinaria la han trasladado a Guinea Ecuatorial donde tienen varios proyectos en ejecución.

Agonane-Ecologistas en Acción considera que el caso de Majanicho es un claro ejemplo de pelotazo urbanístico y de corrupción que afecta gravemente al medioambiente y al paisaje de Fuerteventura y que se venía venir desde sus inicios. En mayo de 1999 la finca principal, donde ha construido el plan parcial Casas de Majanicho, se sacó a la venta en subasta pública, al estar hipotecada en base a un procedimiento seguido en el Juzgado Nº 2 de Puerto del Rosario. Fue adquirida por un millón de pesetas por la empresa Lonja Madrid, SA, que era un testaferro de Nombredo.

El 19 de julio del 2000, Nombredo SL adquiere esta propiedad, junto con seis fincas más, por cuarenta millones de peseta ( 240.404, 84 euros). El 9 de diciembre de 2000 el Pleno del Ayuntamiento de La Oliva presidido por el ex alcalde del PP, Domingo González Arroyo, aprobó el Plan Parcial Casas de Majanicho mediante un acuerdo que fue un acto claro de prevaricación, ya que todos los informes del Gobierno de Canarias eran contrarios y carecía de las infraestructuras obligatorias. Con esta aprobación ilegal la finca pasó a valer más de 4.000 millones de pesetas (unos 280 millones de euros).