Alertan sobre el mal uso del reglamento de disciplina urbanística

GENA-Ecologistas en Acción ha dirigido un escrito a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, en el que alerta la perversa aplicación del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía en algunos ayuntamientos, entre los que se encuentra la comarca de la Axarquía.

En efecto, con fecha 30 de junio de 2010, el Ayuntamiento de Almáchar acordó en Pleno la aprobación inicial de una Ordenanza Municipal de Disciplina Urbanística en su término municipal, cuyo acuerdo fue publicado en el BOP nº 187, de 30 de septiembre de 2010, transcurrido el plazo de la cual fue elevada a definitiva, siendo publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, a partir de la orden de alcaldía de fecha 2 de noviembre del mismo año.

Esta asociación no tuvo conocimiento de la publicación y contenido de esta ordenanza, hecho que se ha producido recientemente, a la vista de lo cual, esta asociación ha señalado a la Consejería de Obras Públicas las siguientes consideraciones:

1.- En primer lugar, consideramos que carece de sentido establecer una ordenanza de disciplina urbanística sin disponer aún de un marco municipal de ordenación urbanística pues, por lo que sabemos, este municipio sólo dispone de una aprobación inicial de un PGOU desde el17 de mayo del 2010, es decir con posterioridad a la fecha de redacción y publicación de la mencionada ordenanza. Consideramos que lo adecuado, y creemos que legalmente obligado, hubiera sido realizar un inventario exhaustivo de edificaciones en el suelo no urbanizable de todo el término municipal, determinando el estatus de cada vivienda, en función de parámetros tan importantes como: la existencia de licencia urbanística, el tiempo que llevan construidas, el tipo de suelo donde están construidas, si tienen expediente, etc., elementos esenciales para ordenar el suelo no urbanizable y, en su caso, aplicar las medidas contempladas en el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, BOJA nº 66 de 7 de abril).

2.- La reglamentación a que hace referencia este escrito ha sido titulada “Ordenanza Municipal de Disciplina Urbanística”. Sin embargo, el contenido íntegro de esta ordenanza se centra exclusivamente en el proceso administrativo de asimilación a la condición legal de fuera de ordenación, desentendiéndose así de los restantes elementos que prevé el mencionado Reglamento de Disciplina Urbanística, tales como el sistema de sanciones y los expedientes de reposición de la legalidad urbanística. Se elude de este modo la espinosa responsabilidad de dictaminar órdenes impopulares, como la demolición de viviendas, posiblemente por el precio electoral que ello comportaría.

3.- Llama poderosamente la atención el exquisito tratamiento burocrático que tiene la mencionada Ordenanza Municipal de Disciplina Urbanística, en torno a los requisitos necesarios para poder declarar las viviendas con una antigüedad superior a 4 años (fecha en la que prescriben según la LOUA, art.183) bajo el estatus de “fuera de ordenación”y, por otro lado, la ausencia de medidas contundentes para impedir el proceso urbanizador espontáneo en suelo rústico, a la vista de la ausencia de operación alguna de restablecimiento de la legalidad urbanística, como son las demoliciones. Si, tal como suponemos, este ayuntamiento abre Expedientes de Protección de la Legalidad Urbanística (EPLU), lo hace sin ordenanza, sólo bajo las prescripciones previstas en la LOUA. Pero si tras estas operaciones finalmente las viviendas siguen en pie, no se realiza ningún tipo de acción de restablecimiento de la legalidad urbanística, y finalmente los expedientes prescriben al superar los 4 años previstos por la LOUA, se estaría incurriendo en un delito de prevaricación omisiva, incluido tras la última reforma del Código Penal en una forma de delito contra la ordenación del territorio.

4.- Por este motivo, es casi obligado entender una relación entre esta parcializada ordenanza de disciplina urbanística del Ayuntamiento de Almáchar con el interés del legislador de legalizar viviendas, aunque sea bajo el estatus de “fuera de ordenación” a las que de manera intencionada no se les ha querido aplicar los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística, y de este modo otorgar a estas viviendas el premio de su legalización, si bien con las limitaciones que impone el estatus de fuera de ordenación.

5.- Por estos motivos, consideramos que esta ordenanza viene a representar “paños calientes” para los infractores, puesto que el interés del Ayuntamiento, que por inacción es corresponsable de la situación urbanística generada, no es el detener la progresiva rururbanización del campo, sino el lograr un estatus legal para dichas viviendas, aprovechando, con la misma letra pero con distinto espíritu, el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

6.- Que no es desorbitado pensar que esta ordenanza pueda tener un perverso “efecto llamada” para futuros constructores de viviendas en suelo rústico, a los cuales parece garantizárseles la “hibernación” durante 4 años de su correspondiente EPLU para posteriormente legalizarlo mediante esta ordenanza. Una orientación que, de ser consentida por la autoridad superior, por una falsa concepción de la autonomía local, podría tener un efecto “contagio” con otros municipios de esta comarca y otras de la comunidad autónoma, donde la construcción en suelo rústico no urbanizable es un cáncer que ningún ayuntamiento está dispuesto a controlar, pues a los datos reposición urbanística remitimos.

7.- Que, a la vista de lo expuesto, esta asociación tiene el firme convencimiento de que ésta es una estrategia encubierta para soslayar la obligación de aplicar la disciplina urbanística desde los entes locales y que, a la larga, supondrá la total rururbanización del campo, y por tanto la creación de nuevos asentamientos, justamente en el orden inverso al efecto disuasorio con que fue concebido el Reglamento de Disciplina Urbanística en Andalucía y contrario a los criterios de ordenación del territorio actualmente vigentes.

8.- Que, según hemos tenido noticia, la mencionada estrategia, lectura abusiva del artículo 53 del RDUA, se está aplicando actualmente con el mismo criterio en otros municipios andaluces, como Veger de la Frontera, Marchena, Sevilla, Barbate, etc. y tenemos una fundamentada inquietud de que tal estrategia se está difundiendo entre consistorios como vía de escape para las presiones urbanizadoras del campo en toda Andalucía.

Ante esta perversa aplicación de RDUA, esta asociación recurrirá a sus servicios jurídicos para interponer las correspondientes denuncias por presuntos delitos penales.