Evaluación de la Ley de Economía Sostenible

Empecemos por el principio: la finalidad de la ley, porque sino nos podemos perder entre la maraña de artículos y medidas que contiene el texto.

La Ley de Economía Sostenible (LES) tiene como objetivo fundamental garantizar el crecimiento de la economía española mediante el incremento de su competitividad. Nuevamente el Gobierno plantea una medida que considera que vivimos en un planeta de recursos y sumideros (basureros) infinitos, en el que el crecimiento continuado es posible. Nuevamente el Gobierno hace política-ficción. Nuevamente nos engaña diciendo que hay cambio de modelo, cuando no lo hay.

El mejor ejemplo de esto es la multitud de medidas que incluye el anteproyecto cuya finalidad es reanimar la economía e incrementar la competitividad, es decir, crecer: agilización de los trámites para crear empresas y para las actividades de las mismas (afortunadamente si no afectan al medio ambiente), fomento a la creación de patentes, garantizar las frecuencias necesarias para la telefonía móvil, mejorar los organismos regulatorios...

En la Ley se echan en falta cambios importantes a nivel económico. Por ejemplo, ni siquiera se intenta poner freno a que la economía especulativa siga siendo la preponderante. No se proponen trabas reales a la misma.
En materia energética se reafirman los compromisos de la UE, el triple 20 (reducir las emisiones un 20%, que las renovables aporten el 20% del mix energético, 10% en el transporte, y reducir el consumo de energía en las administraciones un 20% en 2020). Para ello el Gobierno deberá aprobar un Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia.

Todos ellos son compromisos tremendamente insuficientes en la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo la rebaja del 20% a nivel de la UE significa que nuestro estado incrementará sus emisiones un 30% respecto a 1990, es decir, que tendrá más derecho a emitir que lo contemplado en el Protocolo de Kioto. El 20% de renovables es un objetivo tremendamente conservador, con el desarrollo actual de las renovables en nuestro contexto. Y el 10% de renovables en el transporte solo podrá llevarse a cabo mediante una importación masiva de agrocarburantes que, además de no resolver el problema del cambio climático, agravarán otros como la pérdida de biodiversidad o las afecciones a la población local.

Además estas políticas tendrán que convivir con que el Gobierno continúe apoyando el carbón y ponga techo al desarrollo de las renovables, aunque bien es verdad que la Ley matiza los sucesivos recortes a la solar fotovoltaica que se habían producido en los últimos tiempos.

Pero el tema estrella en el ámbito energético ha sido la retirada del artículo que planteaba el cierre de las centrales nucleares a los 40 años. Una enmienda que termina de demostrar que el PSOE es un partido pro-nuclear.

Uno de los elementos fundamentales de la Ley es el transporte. Se habla de movilidad sostenible o de un mayor peso del transporte de mercancías por ferrocarril. Sin embargo esto es coherente, a juicio del Gobierno, con el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT), que está suponiendo un importante incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero (el sector del transporte es el que más las ha aumentado desde 1990), y un mayor troceamiento del territorio, lo que contribuirá a que sigamos perdiendo biodiversidad. El PEIT incluye 6000 nuevos kilómetros de autovías y 9000 de AVE.

Para el impulso a este exigente plan de infraestructuras, la LES pone en marcha un mecanismo de financiación publico-privado que permitirá continuar el derroche de recursos actual en carreteras y trenes de alta velocidad. Un derroche que crea menos y peores puestos de trabajo que la apuesta por el transporte público, que está detrás de la mala calidad del aire de nuestras ciudades, y que, por supuesto, es corresponsable de que el Estado español vaya a emitir muy por encima de lo permitido según el Protocolo de Kioto.

En el apartado de movilidad, la promoción del coche eléctrico, que fue una de las medidas estrella de los primeros borradores, desaparece. Finalmente se habla únicamente de “vehículos eficientes”. Desde el movimiento ecologista ya criticamos la apuesta por el vehículo eléctrico como la solución a los problemas de movilidad. Es cierto que los vehículos eléctricos (o los más eficientes) podrían generar menor contaminación en las ciudades. Pero los coches originan otra serie de problemas, como los relacionados con el modelo urbanístico y de transporte: expansión urbana, construcción de grandes infraestructuras, gran ocupación de espacio público, limitaciones a la movilidad de otros medios más sostenibles, siniestralidad en conductores y peatones... y eso sin garantizar una menor emisión de gases de efecto invernadero que los de combustión.

El automóvil “eficiente” avanza un paso más en mantener una situación de insostenibilidad, simulando todo lo contrario. Mantener y potenciar los desplazamientos privados en los entornos metropolitanos favorece el modelo disperso de urbanismo e impulsa la creación de más infraestructuras de transporte. Crea la ilusión de que es posible un sistema de transporte “ecológico” al margen del transporte público y de la reorganización urbanística.

Las medidas contempladas para internacionalizar más la economía española significan un mayor trasiego de mercancías, lo que implica inevitablemente más consumo energético y cambio climático. Pero no sólo eso, sino que suponen un apoyo al expolio que están realizando las transnacionales españolas en el extranjero.

Además, la Ley apunta a que la lucha contra el cambio climático se centre en falsas soluciones tecnológicas y en el mercado de carbono (que será potenciado según el texto). Es decir, usar los mismos mecanismos que nos han llevado a la crisis actual. ¿Qué tipo de cambio de modelo es este?

Esto no debe impedir valorar positivamente algunos de los aspectos que contiene. Entre ellos cabe destacar el anuncio del final de la deducción por la compra de vivienda a las rentas mayores de 24.000 euros, la equiparación de las desgravaciones con el alquiler y las ayudas para la rehabilitación de viviendas para incrementar su eficiencia energética. Además se pondrá en marcha un censo de viviendas y edificaciones vacíos, aunque para ello no hay plazos ni obligaciones. Estas no son medidas suficientes para salir del agujero inmobiliario en el que nos encontramos pero, al menos, apuntan en esa dirección.

En todo caso hay que señalar que estas medidas se ven acompañadas de una prórroga en la Ley del Suelo, que beneficia a los especuladores que han visto como el valor del mismo ha caído a causa de la crisis.

También merece la pena señalar las deducciones a empresas por inversiones e investigaciones medioambientales. La apuesta por centrar la economía más en la innovación (con medidas como la reducción de impuestos para las inversiones en I+D+i), sin duda será un avance hacia la sostenibilidad, suponiendo que este desarrollo técnico se centre en mejorar la eficiencia.

Sin embargo, esta no es una condición suficiente para un cambio de modelo sostenible. El parque automovilístico español ha ido reduciendo su consumo y sus emisiones progresivamente, sin embargo, a día de hoy, las emisiones totales de gases de efecto invernadero de dicho parque son mayores que las de 10 años atrás, ya que el número de vehículos y los kilómetros recorridos se han incrementado notablemente.

La apuesta por la eficiencia energética es importante, sin embargo lo verdaderamente fundamental es que vaya acompañada de un decrecimiento drástico en el consumo energético y la movilidad motorizada. Todo ello acompañado por una reconversión hacia las fuentes energéticas renovables que vaya mucho más allá del tímido objetivo del 20% para 2020 de este Gobierno.

En resumen, para Ecologistas en Acción lo que presenta el Gobierno tiene poco que ver con la sostenibilidad y mucho más con conseguir un crecimiento sostenido, por ello hemos rebautizado la ley como Ley de Crecimiento Sostenido.


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