Si el pasado mes de diciembre el Gobierno regional eliminó la práctica totalidad de los órganos de participación ciudadana en materia ambiental, este mes la Consejera, Ana Isabel Mariño, ha modificado la composición y funciones del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, el único órgano de participación que no había sido eliminado. Ecologistas en Acción, ARBA, GRAMA, la Asociación Ecologista del Jarama “El Soto” y Jarama Vivo califican de muy grave e intolerable lo que sucede en medio ambiente y anuncian la creación de órganos ciudadanos paralelos.

El pasado 4 de marzo, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, publicaba el Decreto por el cual la Consejera de Medio Ambiente, Ana Isabel Mariño, modifica la composición y funciones del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Este órgano se creó, por ley, en 1988. Su objetivo era asesorar a la administración con competencia en materia medioambiental y permitir a la sociedad civil (ecologistas, consumidores, universidades, sindicatos, etc) participar en la toma de decisiones. Entre sus funciones primordiales estaba la de emitir informes y estudios en relación con el medio ambiente.

Veintitrés años después de su creación, Mariño, ha asestado un duro golpe al único órgano de participación ambiental que se mantiene. Con la modificación aprobada, tanto las funciones como la composición de este Consejo, han quedado mutiladas. Se han eliminado sus funciones para emitir informes o la de impulsar la coordinación entre la iniciativa pública y privada en materia de medio ambiente. En cuanto a su composición, se ha sacado a los consumidores, se ha reducido el número de miembros de asociaciones ecologistas (pasando de 3 a 2) y de universidades (pasando de 2 a 1), el de expertos (pasando de 3 a 2) . Además, la frecuencia de sus reuniones ha pasado de ser trimestral a anual.

Por otra parte, para suplir la eliminación (en diciembre pasado) de los órganos consultivos de los espacios protegidos, vías pecuarias, caza y pesca, el mismo Decreto crea, dentro del Consejo de Medio Ambiente, lo que denomina “secciones”. Así se crean las secciones de Parques Regionales y Naturales, de Caza y Pesca, de Vías Pecuarias y de Calidad del Aire. Todo ello reduciendo hasta casi lo imposible la participación ecologista.

En estos casos el intento de expulsión de las asociaciones ecologistas de todo lo que sea participación es más evidente. Por ejemplo la sección Parques Regionales y Naturales reduce a los representantes ecologistas de 7 a 1. Antes había 2 representantes en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, 2 en el Parque Regional del Sureste, 2 en el Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y 1 en el Parque Natural de Peñalara. Ahora un solo representante tendrá que dar respuesta a la situación de cuatro espacios protegidos. Igual sucede con los representantes de las universidades.

Pero los directores de los espacios protegidos tampoco salen muy bien parados, al dejar de ser miembros de pleno derecho e impedirles el voto. Es decir, a los máximos responsables de la gestión de un espacio protegido se les impide votar sobre el futuro del territorio que dirigen. “Algo absolutamente inaudito, a juicio de las asociaciones ecologistas”.

Situaciones similares se sucede en la sección de caza y pesca donde se funde en un único órgano lo que antes eran dos consejos, por un lado caza y por otro pesca. Por supuestos la representación ecologista se reduce de 2 a 1 miembro que tendrá que saber y conocer de ambas materias. Se repite la misma situación con la sección de vías pecuarias donde los representantes ecologistas se reducen de 3 a 2.

En el caso de la sección de calidad del aire, directamente se omite la participación de ningún representante ecologista. Todo ello, a pesar del arduo trabajo realizado, en la última década, por Ecologistas en Acción relativo a investigación, información y denuncia sobre la mala calidad del aire en la región.

Las asociaciones Ecologistas en Acción, ARBA, GRAMA, la Asociación Ecologista del Jarama “El Soto” y Jarama Vivo, califican la situación de muy grave. Recuerdan que ni antes ni ahora, la representación en los órganos de participación, ha supuesto gasto alguno a las arcas regionales. “La actitud del Gobierno regional y de la Consejera de Medio Ambiente para expulsar a las asociaciones ecologistas de los órganos de participación recuerda, cada vez más, a prácticas autoritarias no democráticas preocupadas de ocultar su actividad.

Las organizaciones ecologistas madrileñas anuncian la creación de órganos ciudadanos de participación cuyas conclusiones serán remitidas periódicamente a órganos que velen por la transparencia y la legalidad.