La estación de esquí de San Glorio

Leyes específicas para legalizar proyectos ilegales en Castilla y León.

Ecologistas en Acción de Palencia. Revista El Ecologista nº 67

Forzando al máximo los mecanismos del poder, la Junta de Castilla y León está aprobando y apoyando diversos proyectos muy lesivos para el medio ambiente –estación de esquí de San Glorio, en Palencia y León; Ciudad del Medio Ambiente, en Soria; o Meseta Ski, en Valladolid– por el procedimiento de aprobar leyes específicas que tratan de legalizarlos a pesar de sus graves deficiencias ambientales, impidiendo además la participación ciudadana.

Nuestros representantes políticos no sólo apoyan un proyecto milagroso que va a salvar la montaña palentina y leonesa, sino que pretenden aportar dinero público al mismo. Son los mismos políticos que han ido dejando morir las comarcas del norte de Palencia y de León sin aplicar políticas encaminadas a mantener población en la zona. Un ejemplo claro lo tenemos en Guardo y Velilla del Río Carrión (Palencia) donde los diferentes gobernantes locales han hecho del servilismo y del quietismo su manera de hacer política, enterrando el futuro de toda una zona envejecida y sin ánimo de lucha que clama por algo tan básico como un hospital comarcal, que se les niega reiteradamente.

Uno de los mejores recursos de la zona para intentar dinamizarla es el Parque Natural de Fuentes Carrionas. Pero se hace justo lo contrario, dinamitarla: los datos de visitantes indican una cantidad a la baja año tras año, tras diez años de vigencia aún no cuenta con el obligatorio Plan Rector de Uso y Gestión, ni con un Plan de Turismo, se da prioridad absoluta a una gestión cinegética abusiva… Es decir, no se ponen medios para impulsar el desarrollo sostenible de la zona. Pero sí que se dedica gran empeño a promover una estación de esquí alpino que será el fin del Parque Natural, dejando paso a la especulación y la corrupción.

Curiosamente, los promotores de la estación de esquí reconocen abiertamente que el proyecto incumple varias normativas europeas y nacionales, a pesar de lo que se pretende aportar dinero público al proyecto. Si revisamos las actas de las Comisiones de Prevención Ambiental de Palencia comprobamos como cualquier explotación ganadera está sujeta a infinidad de trámites y controles para ajustarse a la legislación vigente. Pero no así el proyecto de Ski-Resort ni el de San Glorio, que no respetan las leyes ambientales pero son apoyados económicamente.

En estos tiempos de crisis donde los responsables de la Junta de Castilla y León excusan las ayudas a proyectos “porque no tienen ni para gasolina de los vehículos de los guardas”, pretenden aportar dinero público a un proyecto ilegal y a todas luces deficitario, como muestran los datos del resto de estaciones de esquí de la Cordillera Cantábrica y del Sistema Central. Ahí está la estación de esquí de la Covatilla (Béjar, Salamanca), donde los gestores han amenazado con no abrir esta temporada si la administración autonómica no acude a su rescate.

Leyes a la carta

Existen tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León (8 enero, 27 mayo y 4 julio de 2008) que anulan el Decreto 13/2006 que hizo la Junta para modificar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Fuentes Carrionas, con el fin de dar cabida a la estación de esquí. Estas sentencias fueron recurridas en casación por la Junta, y se está a espera del fallo del Tribunal Supremo.

Pero en este año, 2010, las Cortes de Castilla y León han aprobado dos leyes, podríamos decir que cuanto menos sospechosas. La Ley 3/2010 y la 5/2010, modificando la Ley 4/2000 de Declaración del Parque Natural de Fuentes Carrionas. Así, con un artículo único vuelven a modificar el PORN en el mismo sentido que ya había sido anulado en tres sentencias del TSJ. ¿Cuál es la diferencia con respecto al decreto anterior?: las leyes no son recurribles por una asociación, sino sólo por algunas administraciones o por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional.

Tanto la Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica como Ecologistas en Acción presentamos un recurso de inconstitucionalidad ante el Defensor del Pueblo por entender que con estas dos leyes se reducen seriamente los derechos de participación ciudadana en los procedimientos, así como el derecho a la tutela judicial efectiva al limitar el acceso de los ciudadanos a los tribunales. Y nuestra preocupación por que cualquier proyecto se pueda calificar como de “excepcional relevancia” y se tramite como proposición de ley.

El Defensor del Pueblo estimó no interponer recurso de inconstitucionalidad, pero sí hace unas valoraciones que creemos pueden ayudar a ver más claramente cómo se hacen las cosas en Castilla y León:

“El Defensor del Pueblo ha de manifestar su seria preocupación por el curso de los hechos, por el tipo de soluciones que está adoptando el legislativo de Castilla y León en materia de ordenación territorial y por la tendencia observada en la función legislativa. El conjunto de todas las circunstancias, es decir la situación tal y como resulta de la publicación de la Ley 5/2010, sí hace fácil comprender por qué la ciudadanía, o una parte de ella, no se explica ni encuentra justificación a la apariencia de que se está escapando a una regulación general mediante regulaciones especiales, exactamente alterando el marco común o habitual de la toma de decisiones de ordenación del territorio sobreponiendo disposiciones con rango de ley no sólo al Derecho general sino también contrariando los pronunciamientos firmes de los tribunales. Ocurre que estas soluciones no son excepcionales pues no es la primera vez que el Defensor del Pueblo encuentra casos análogos, justamente en Castilla y León”.

Puede que este titular, “La trama Gürtel tenía en la Junta de Castilla y León a uno de sus mejores clientes”, nos ayude a entender cómo y por qué se han construido leyes a medida para aprobar los vertederos de Santovenia de Pisuerga, Gomecello y Fresno de la Ribera, los proyectos de la Ciudad del Medio Ambiente, de Meseta Ski y de la estación de esquí de San Glorio.

La Ciudad del Medioambiente, Soria
Ecologistas en Acción de Soria
La Ciudad del Medioambiente (CMA), en Soria, es pionera por ser el primer proyecto inmobiliario que se está ejecutando bajo el auspicio de una ley específica e individualizada, que crea un paraíso jurídico de aparente impunidad.

Además de las numerosas irregularidades previas ya denunciadas, durante este verano hemos denunciado que se está rizando el rizo: unas importantes obras que contravienen la propia Ley de la CMA. Esta última desfachatez urbanística la han legalizado con una simple resolución de una Comisión Prevención de Medioambiente, carente de sentido técnico y credibilidad, como así lo demuestra que han ignorado la presencia y afección a especies y hábitats protegidos.

Es decir, vemos como la aprobación por Ley de un proyecto urbanístico crea nuevas irregularidades que la Junta está solventando mediante la limitación de los derechos de la sociedad, de los instrumentos administrativos y de las instituciones. Por desgracia, de momento, lo están consiguiendo, pero desde Ecologistas en Acción debemos evitar que este método de expolio ambiental avance.

En lo económico, he aquí dos pinceladas: la Consejería de Medio Ambiente no tiene dinero para cumplir con sus obligaciones más básicas, pero se va a gastar más de 100 millones de euros en el proyecto, y en concreto 1,7 millones en ambientar la CMA con grandiosas estatuas de animales, es decir, con naturaleza muerta.

Los avatares de Meseta Ski
Ecologistas en Acción de Valladolid
Hace ya unos años que los grupos popular y socialista de la Diputación Provincial de Valladolid decidieron repartirse una serie de inversiones por la provincia. Al municipio de Tordesillas, gobernado entonces por el PSOE, le tocó una pista de esquí artificial que decidieron ubicar en uno de los cerros que rodean al municipio. Poco importaba que los terrenos estuviesen calificados como “rústicos con protección especial” en el Plan General de Ordenación Urbana. Tampoco importaba mucho que los trámites legales relacionados con el cuidado del medio ambiente se fuesen haciendo después del comienzo de las obras.

Desde Ecologistas en Acción, cansados de tanto desdén, intentamos poner cierto orden en el comportamiento administrativo. Los terrenos donde se hacían las obras habían sufrido un incendio unos años antes. La Ley de Montes de Castilla y León, la de España y la Ley del Suelo eran taxativas: el único fin que pueden tener los terrenos incendiados es el de la reforestación. Desde ese momento las cosas se complican para las administraciones, y los tribunales encadenan sentencias contrarias al proyecto. La reacción de populares y socialistas es la de defensa, a toda costa, de la pista de esquí. Lo que era sólo un problema ambiental se transforma en un problema democrático de primer orden. Las Cortes de Castilla y León aprueban una Ley, exclusiva para el caso, que ignora su propia legislación de montes y que el Ministerio de Medio Ambiente reconoce como radicalmente contraria a la legislación española.

A día de hoy, unos siguen con las obras y otros intentamos que la ley se respete. Esperemos que jueces y gobierno pongan las cosas en su sitio.