La situación ambiental de Andalucía

El rápido tránsito desde unas políticas pioneras en conservación a la destrucción territorial.

Juan Clavero, Daniel López, Cecilia Montiel, Cristóbal Orellana, Joaquín Reina, Rafael Yus y la Comisión Marina de Ecologistas en Acción de Cádiz. Revista El Ecologista nº 67

Andalucía es una región privilegiada, por su ubicación geográfica entre dos mares y dos continentes, por su variedad de hábitats, por su portentosa biodiversidad, por la conservación de sistemas tradicionales de explotación de recursos naturales… Fue una Comunidad pionera en políticas de protección de espacios naturales, de conservación y gestión de los bosques mediterráneos, o de recuperación de cuencas fluviales. Pero la vorágine urbanística y la progresiva e imparable desafección de la clase política a todos los niveles –sobre todo de los Ayuntamientos y de la Junta de Andalucía– de cualquier compromiso con una gestión sostenible de los recursos naturales y su sumisión a los intereses económicos de las grandes empresas y especuladores, han provocado un panorama desolador, dando lugar a gravísimos e irreversibles impactos ambientales.

La biodiversidad en Andalucía

En los últimos veinticinco años en Andalucía se han realizado importantes avances en políticas de conservación. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo institucional y social, el diagnóstico global del estado de conocimiento y conservación de la biodiversidad en Andalucía deja mucho que desear. Una parte de la biodiversidad, la más numerosa, sigue siendo invisible para las instituciones científicas y políticas. En el 2010, se sigue manteniendo un injustificable sesgo respecto al destino de los fondos de conservación activa. El 90% se centran en la conservación de los vertebrados, y tan sólo el 4% se destina a la investigación y conservación de los invertebrados. El resto, un 6%, se destina a profundizar en el conocimiento botánico.

Numerosas especies de flora y fauna silvestre exigen, por su situación legal y de conservación, la elaboración y desarrollo de planes de recuperación, de conservación o de manejo. Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente aún no se ha dignado a aprobar ni un sólo plan de recuperación, a pesar de ser un imperativo legal desde que en 1989 entrara en vigor la Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, obligación que mantiene la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En su sustitución, la Junta de Andalucía ha promovido unos 25 programas de conservación de fauna y flora, más cómodos al no tener carácter obligatorio su ejecución, ya que no están respaldados por instrumentos legales que les confieran continuidad y coherencia.

La conservación de la biodiversidad requiere actuaciones más complejas que las realizadas sobre unas pocas especies emblemáticas en peligro de extinción y que la protección de unos pocos espacios naturales como si de cajas estancas se tratase. En el entorno de los espacios naturales se contamina, urbaniza y cultiva intensivamente, lo que impide la continuidad de los hábitats y de los procesos ecológicos. La situación de Doñana, sitiada por urbanizaciones, cultivos intensivos y carreteras legales e ilegales, es sintomática de esta política de islas que no garantiza ni la supervivencia de las poblaciones de linces.

Dentro de los espacios naturales se están produciendo los más flagrantes atentados contra la biodiversidad en Andalucía. En Sierra Nevada, la zona de mayor biodiversidad de Europa, se están realizando obras de ampliación de las pistas de esquí que están destruyendo endemismos catalogados en Peligro de Extinción, como la manzanilla de Sierra Nevada, o una de las pocas poblaciones de la mariposa del Puerto del Lobo. Estos ejemplos que se producen a día de hoy, en este Año Internacional de la Biodiversidad, son los que hacen que la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad, un ambicioso plan sistémico de conservación que podría ser pionero en este tema, se vea con incredulidad y desilusión.

Otras especies, las proscritas, se extinguen en el más absoluto silencio cómplice de la Administración autonómica y del colectivo cinegético, como es el caso del lobo. La Consejería de Medio Ambiente parece esperar a la extinción de la especie para certificar su desaparición y así dar por resuelto un conflicto enquistado con algunos latifundistas de la Andalucía profunda.

Andalucía debe apostar por una conservación integral de la biodiversidad, por responsabilidad intergeneracional y por un sentido práctico. De su conservación depende nuestro bienestar. Somos biodiversidad.

El medio marino

Desde el Golfo de Cádiz, en el Océano Atlántico, al Mar de Alborán, en el Mediterráneo, Andalucía posee 1.000 km de costas donde se encuentra la mayor biodiversidad marina de Europa. La variedad de ecosistemas singulares permite la existencia de un millar de especies, como las comunidades algales en fondos rocosos, o las praderas de fanerógamas marinas en fondos arenosos, que constituyen la principal comunidad biológica del Mediterráneo (hasta 800 especies animales en praderas de Almería). El Estrecho de Gibraltar es la única vía de acceso para todas las rutas migratorias que realizan las especies marinas entre el mar y el océano; aquí se encuentran especies tan fascinantes como atunes, tortugas marinas o cetáceos. Este enclave geoestratégico está además vigilado desde las alturas por cientos de miles de aves que cada año viajan en sus migraciones desde y hacia el continente africano.

De la misma forma que en Andalucía se mezclan las aguas, se mezclan también paisajes idílicos destrozados por el negocio rápido y el cortoplacismo humano. El polo químico de Huelva asedia al Paraje Natural del Odiel y afecta al Parque Nacional de Doñana, el río Guadalquivir cada vez cuenta con más dificultades para alcanzar dignamente su meta. En el Estrecho de Gibraltar convergen otro polo industrial y el tránsito de miles de barcos. Las costas mediterráneas se encuentran infestadas de hormigón desde las colinas hasta las playas, y ya no son capaces de sobrevivir por sí mismas para mantener un negocio que las ha matado. Y hemos creado un nuevo mar en tierra, el mar de invernaderos de la costa almeriense.

En uno de los enclaves del primer mundo con mayor biodiversidad marina, la gestión de la misma brilla por su ausencia y la conservación pasa por un laberinto administrativo liderado por burócratas mediocres y dirigido preferentemente hacia intereses particulares. Surgen, no obstante, desde la base de la sociedad diferentes iniciativas en pro de la conservación. Diversos grupos de Ecologistas en Acción asisten a cetáceos y tortugas marinas varados en las playas. Poblaciones tradicionalmente pescadoras han apostado por autogestionar y conservar sus recursos pesqueros basándose en la comercialización de productos artesanales de calidad. Otras iniciativas ciudadanas intentan mantener de forma sostenible el poco territorio del litoral de Cádiz que queda libre de hormigón y contaminación, proponiendo un modelo turístico diferente que promueva la conservación de paisajes, hábitats, biodiversidad y usos tradicionales como principal valor a explotar.

Espacios naturales ¿protegidos?

Andalucía fue la primera Comunidad que aprobó una Ley Inventario de Espacios Naturales (1989), declarando de una tacada 17 parques naturales, 13 reservas naturales y 30 parajes naturales, lo que, unido a los ya existentes, suponía proteger el 17% de su superficie. Con la posterior declaración de otros espacios naturales y la aplicación de la Directiva Hábitat, Andalucía cuenta en total con un 28,7% de su superficie teóricamente protegida.

Es evidente que la finalidad prioritaria de la política de espacios naturales debe ser la conservación de sus valores naturales: paisajísticos, geomorfológicos, ecológicos… Toda actividad económica debe tender a aprovechar de forma sostenible los recursos naturales, y no a desvirtuarlos o destruirlos. Pero la Junta de Andalucía derivó su política para favorecer la especulación y la privatización de los espacios naturales protegidos, pretendiendo repetir el mismo y fracasado modelo especulativo que ha destruido buena parte del territorio andaluz.

La Junta de Andalucía se ha lanzado a una política suicida de permitir todo tipo de grandes infraestructuras en los espacios naturales y de fomentar el urbanismo como nuevo motor del desarrollo. Para ello está tramitando un proyecto de Decreto para rebajar el nivel de protección de los parques naturales –la mayoría declarados además LIC y ZEPA–, para lo que pretende invertir la actual prevalencia de la normativa de protección de los parques naturales (PORN y PRUG) sobre los planes urbanísticos de los municipios, lo que vulnera la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Este Decreto vulneraría además el propio Estatuto de Autonomía, según ha dictaminado recientemente el Defensor del Pueblo Andaluz, y las Directivas Hábitats y de Aves, por lo que Ecologistas en Acción ha formalizado una denuncia ante la Unión Europea.

La conservación de la enorme biodiversidad de hábitats y especies de Andalucía debe convertirse en un objetivo prioritario de todos, garantizando la protección efectiva de su patrimonio natural, etnológico y cultural, interconectando los espacios protegidos por corredores ecológicos, y fomentando un modelo real de participación social que supere la actual dinámica implantada por la Consejería de Medio Ambiente, que ha convertido a los órganos de participación en meros refrendadores de decisiones políticas tomadas de antemano.

Bosques en peligro

En 1989 el Parlamento andaluz aprobó un ambicioso Plan Forestal que recogía las propuestas del Pacto Andaluz por la Naturaleza promovido por asociaciones hoy integradas en Ecologistas en Acción. El Plan Forestal tenía como objetivo un cambio sustancial de la política forestal existente hasta entonces, basada en masivas repoblaciones de pinos y eucaliptos, para reivindicar el valor ecológico, social y económico del bosque mediterráneo. También se marcaba como objetivo un aumento sustancial de la propiedad pública de los montes, por entonces, y ahora, mayoritariamente en manos privadas. Los resultados en la siguiente década fueron evidentes, fomentándose los proyectos de regeneración de los montes mediterráneos y de sustitución de las plantaciones de eucaliptos por especies autóctonas.

Pero la Junta de Andalucía ha ido cambiando su política hacia un nuevo productivismo a corto plazo, permitiendo grandes recalificaciones de suelos forestales a agrícolas o urbanizables –no exentas de tramas corruptas– y apoyando de nuevo las denostadas repoblaciones con eucaliptos. El boom del ladrillo afectó a valiosos bosques litorales –como pinares, sabinares, enebrales, alcornocales…– y se extendió hacia el interior, como negra marea de cemento y alquitrán, con casos tan escandalosos como la macro-urbanización de más de siete millones de metros cuadrados sobre terrenos forestales en plena Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves.

En estos últimos años los eucaliptos están volviendo a apoderarse de paisajes y ecosistemas de Huelva, provincia en la que llegaron a cubrir 250.000 hectáreas, la cuarta parte de su superficie, aunque tras el Plan Forestal se redujeron a 150.000. Pero de nuevo, prácticas que parecían del pasado como los aterrazamientos, los desmontes de bosques mediterráneos y las plantaciones masivas de eucaliptos, se extienden por los montes onubenses, afectando incluso a espacios protegidos como el Paraje Natural de Sierra Pelada, donde vive la colonia de buitre negro más importante de Andalucía, y el Paisaje Protegido del río Tinto, declarados ambos como LIC.

Los incendios forestales han dejado de ser el principal peligro para el futuro de los montes andaluces; es la plaga de la seca la que está afectando a millones de árboles del género Quercus sin que se estén tomando las medidas adecuadas para frenar esta masacre silenciosa.

Especulación y corrupción urbanística

La especulación y la corrupción ligadas a los procesos urbanizadores son un fenómeno que forma parte de las sucesivas burbujas inmobiliarias que ha conocido nuestro país en los últimos decenios, especialmente a partir del proceso de crisis de actividades del sector primario (agricultura/ganadería) y el inicio de la terciarización de nuestra economía como país de servicios. Es un fenómeno común en el ámbito del capitalismo internacional y va de la mano de las entidades financieras y de su proverbial codicia. El reciente reventón de esta burbuja ha puesto de manifiesto el daño que estaba produciendo esta actividad sobre nuestra economía. Era algo previsible, pues ha ocurrido otras veces, pero a nuestros gobernantes sólo les interesaba que subiera el PIB, y mientras la burbuja iba asegurándolo, todos miraron a otro lado.

En la actualidad Andalucía es la región que está sufriendo con mayor intensidad las secuelas del parón inmobiliario; su tasa de paro, el triple que algunas Comunidades de carácter industrial, deja clara la perversidad de un modelo económico que ha sido pontificado por todos los partidos políticos. No hay más conflictividad social porque funciona la economía sumergida para muchos sectores de la población. Pero la solución es complicada en una región que, lejos de la imagen de excelencia por sus destinos turísticos, ha confundido la industria turística con meras operaciones inmobiliarias que demagógicamente se dulcifican tras la equívoca expresión de turismo residencial. Andalucía, tiene muy pocas ofertas o productos turísticos propios, tan sólo suelo rústico no urbanizable a la venta para segundos residentes españoles y extranjeros jubilados (inmigrantes climáticos), para generar ciudades desparramadas por los campos e imposibles de gestionar, ocasionando irreparables impactos ecológicos y paisajísticos.

Bajo la losa de la crisis, el sector de la construcción presiona al poder político, tanto a escala local como regional, para que se recupere el sector y empiece a inflarse una nueva burbuja. Es una salida desesperada pero cómoda y rápida (cultura del pelotazo, cortoplacismo) y contra la que no puede competir ninguna actividad que requiera invertir para rendir menos dividendos y a largo plazo. Por este motivo, muchos políticos, a pesar de los pocos pero significativos procesos judiciales de la actualidad, están intentando reactivar la construcción, bajando los niveles de exigencia y control, como muestran el proyecto de decreto sobre parques naturales o los planes comarcales de ordenación del territorio, que incluyen como áreas de oportunidad enormes bolsas de suelos rústicos, a veces protegidos, para nuevas megaurbanizaciones.

Tanto desde el partido político en el poder en la Junta de Andalucía, como desde la oposición, se retoma el discurso ultraliberal para que bajen los controles urbanísticos, con la seguridad de que ello devendrá en réditos electorales. La burbuja inmobiliaria ha tenido también un fuerte impacto psicológico en la sociedad, pues pocas personas entienden que tenga que haber controles urbanísticos y se sigue defendiendo el derecho legítimo de enriquecimiento. El caldo de cultivo para la corrupción social y política y para inflar de nuevo la burbuja en los próximos años está servido.

Militarización del territorio

Las grandes bases militares de Rota, Morón y Gibraltar someten a Andalucía a un doble riesgo: el de posibles ataques nucleares, biológicos o químicos (NBQ) por parte de otras potencias, y el riesgo de accidentes NBQ. El gravísimo accidente de Palomares en1966 es un antecedente claro. El trasiego de naves con armamento atómico a bordo o con propulsión nuclear por el Estrecho de Gibraltar es continuo: recordemos la colisión de un submarino soviético nuclear de la clase Viktor con un carguero de la misma nacionalidad llamado Bratstvo (1984), así como la avería en el reactor nuclear del submarino británico Tireless (Gibraltar, 1998). Las poblaciones que rodean directamente a las bases carecen de todo tipo de planes de emergencia.

Se ha militarizado el Estrecho con el falso convencimiento de que apuntalará la seguridad de Europa: baterías de misiles (Punta Paloma), instalaciones de telecomunicaciones (radar EVA de Alcalá), zonas de adiestramiento naval (Barbate-Zahara de los Atunes), grandes acuartelamientos (San Fernando), instalaciones de control (Tarifa), y los Sistemas Integrados de Vigilancia del Exterior (SIVE). Los conflictos, por ejemplo por contaminación electromagnética, entre los vecinos y los militares son numerosos y frecuentes.

Mención especial merecen los incendios causados por las Fuerzas Armadas en lugares como el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, Jaén –300 hectáreas de bosque de alto valor ecológico destruidas en septiembre 2009–; o en el campo de tiro de Cerro Muriano, Córdoba –ardieron casi 4.000 hectáreas de encinar, pinar y matorral en julio de 2007–; o en el campo de tiro de la Sierra del Retín, Barbate, Cádiz –desde 1982 han tenido lugar aquí 14 incendios de origen militar, con cientos de hectáreas de arboleda y monte bajo destruidas–.

Los astilleros de Puerto Real, Cádiz y San Fernando (de Navantia) participan en la construcción de buques para distintas armadas del mundo. Las plantas aeronáuticas de Sevilla montan el gigantesco y costoso Airbus A-400M. La planta de General Dinamics en Alcalá de Guadaira (Sevilla) fabrica el tanque Leopard. Se desconoce el impacto ambiental de todas estas plantas sobre el territorio andaluz.

Gestión insostenible del agua

La gestión del agua en Andalucía se encuentra en un momento clave. A finales de 2010 deberán estar aprobados los nuevos planes hidrológicos de las cuencas del Tinto-Odiel-Piedras, Guadalquivir, Guadalete-Barbate, y Mediterránea, con lo que se redefinirá la nueva política de agua para las próximas décadas.

Dicha política se sustenta en la Directiva Marco de Aguas (DMA), la normativa comunitaria de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, y cuyas principales señas de identidad son la gestión de la demanda y el uso racional de los recursos hídricos, la recuperación del buen estado ecológico y químico de los ríos, acuíferos, humedales y aguas costeras, la recuperación de los costes ambientales, sociales y económicos del uso del agua, la participación activa, etc.

La DMA lleva además un calendario de cumplimiento, de tal manera que para finales de 2010 tienen que estar aprobados los nuevos planes hidrológicos, y para el año 2015 las masas de agua de cada demarcación deben alcanzar el buen estado ecológico.

La aplicación de la DMA en Andalucía, además de tratarse de una obligación legal, es un reto ambicioso, ya que significa poner en tela de juicio y cambiar gran parte de los preceptos sobre los que se asienta la gestión tradicional del agua en la comunidad. Sin embargo, diez años después de su entrada en vigor pocos son los avances que ha habido al respecto, y lo que es peor, pocos son también los visos de cambio.

Los planes hidrológicos no estarán al menos hasta finales de 2011, y el cumplimiento de objetivos medioambientales de la DMA se pospone en la mayor parte de las masas de agua para el año 2021 o 2027. El modelo de participación pública, independientemente del raquítico proceso de consulta en la elaboración de los planes hidrológicos, sigue limitado a consejos inoperantes e ineficaces, en donde prevalece el peso de la Administración y los grandes usuarios frente al resto de la sociedad. De hecho, la nueva Ley de Aguas de Andalucía consagra este modelo al garantizar a los grandes usuarios como mínimo un tercio de la representación en el Consejo del Agua.

La unidad de gestión de cuencas hidrográficas se ha cambiado por una gestión provincial. Unido a esto, se ha pasado del día a la noche del autismo tecnocrático y la opacidad de las Confederaciones Hidrográficas a una Agencia pública politizada y desfuncionarizada, que funciona a base de arbitrariedad y consignas políticas.

El rosario de grandes obras de regulación del Plan Hidrológico Nacional sigue vigente e incuestionado casi una década después, ya que es una pieza clave para continuar con la extensión del regadío y el urbanismo desaforado en el litoral. La vigilancia y control del dominio público hidráulico sigue siendo una quimera, y al igual que con las viviendas ilegales, se ha aplicado la política de regularización masiva de regadíos, pozos y captaciones irregulares sin coste alguno para los infractores.

La DMA debe ser el referente para promover un cambio sustancial en la gestión del agua en Andalucía y caminar hacia la recuperación de los ecosistemas acuáticos y hacia un modelo de uso del agua más armonioso y respetuoso.

Contamina que algo queda

Andalucía concentra algunas de las instalaciones industriales más contaminantes de nuestro país: los polígonos industriales de Huelva y el Campo de Gibraltar, con serias repercusiones en la calidad del aire y la salud de las poblaciones afectadas. La Administración sigue sin dar respuesta satisfactoria al hecho de que el mayor riesgo de mortalidad se concentre en el suroeste de España. La mala calidad del aire está presente en las grandes ciudades como Córdoba y Sevilla, con superaciones de los niveles de partículas y óxidos de nitrógeno. En este caso es el tráfico motorizado el principal causante de la degradación ambiental.

No hay una integración de las políticas de medio ambiente y salud, por lo que muchas enfermedades y muertes, que podían ser evitables, son el resultado de tener que soportar ambientes insalubres. Se echa en falta una política basada en los principios de prevención, de corrección en la fuente y de quien contamina paga.

Situaciones como la acumulación de 75 millones de toneladas de fosfoyesos radiactivos al lado de Huelva, el constante trasvase (bunkering) de hidrocarburos en la Bahía de Algeciras, la acumulación de balsas mineras tóxicas en Sevilla y Huelva, el vertido al mar sin depuración alguna de ciudades como Algeciras, el incremento de los residuos peligrosos en el vertedero de Nerva (Huelva), etc. son amenazas para nuestro mermado medio ambiente y para la salud de la población… y bombas de relojería para las generaciones futuras.

Existen municipios que todavía no depuran sus aguas residuales, o tienen un saneamiento muy deficiente, y la alternativa al volumen creciente de las basuras domésticas (más de 5 millones de toneladas al año) sigue siendo el vertido final, con porcentajes de reciclado ridículos. Y la Junta amenaza con una red de incineradoras.

Además de aire, agua y suelo limpios, necesitamos de unos alimentos sanos que no deterioren nuestra salud. Aunque la agricultura ecológica cada vez tenga más importancia, los agroquímicos y los hábitos no saludables persisten en amenazar nuestra calidad de vida. El ruido y la ausencia de contacto con la naturaleza están en la génesis de muchos trastornos físicos y síquicos, además de continuar con formas de vida y modos de consumo no sostenibles.

El potencial de las energías renovables

Resulta frustrante que continuemos hablando del potencial de las energías renovables en Andalucía y no de su realidad. La naturaleza dotó a nuestra región de abundancia en energías limpias, generosa radiación solar, fuertes vientos y abundante biomasa. ¿Por qué entonces las energías renovables sólo representan un 8% del consumo total de energía primaria?

La respuesta está en el abrumador peso que siguen teniendo los combustibles fósiles en el mix energético, con una avalancha de centrales de gas de ciclo combinado (Arcos, Campo de Gibraltar, Huelva), la persistencia de las muy contaminantes centrales de carbón de Almería y Cádiz, y el transporte motorizado desbocado, conjunción de intereses que sigue bloqueando el imprescindible despegue de las energías limpias.

“Conseguir un sistema energético andaluz suficiente, eficiente, racional, renovable, respetuoso con el medio ambiente y diversificado”, es la pretensión del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética, con el objetivo de que en 2013 el 18,3% del consumo de energía proceda de fuentes renovables. La Junta de Andalucía sigue sin dar cumplimiento a estos objetivos.

La energía eólica sigue boyante (casi 3.000 MW instalados), la solar térmica de concentración presenta un despegue sensacional, la fotovoltaica está sufriendo un parón por la incertidumbre regulatoria, los colectores solares no acaban de desplegar su potencial en edificación (no se alcanzarán los 1,3 millones de m2 previstos para 2013) y los biocombustibles siguen aquejados de la escasa garantía de sostenibilidad, mientras que la biomasa no sale del estancamiento. Es desalentador que todo el enorme potencial de paneles solares térmicos para agua caliente siga desaprovechado, y que la certificación energética de los edificios siga en compás de espera. También la oportunidad de la eólica marina se está perdiendo, por el rechazo infundado de los municipios concernidos. Es inaudito que contando con un volumen de biomasa residual gigantesco, muchas veces le prendamos fuego en el monte.

También sería necesaria la aplicación de la fiscalidad ecológica en el sector energético, gravando el derroche y la ineficiencia. En definitiva, cumplir con los compromisos de ahorro y eficiencia energética, sobre todo en el transporte, la edificación y la industria, sería la clave para asegurar el nuevo modelo energético y económico de Andalucía.

Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA)
Este plan de infraestructuras a desarrollar entre 2008-2013, por suerte frenado en buena medida por la crisis, sólo tiene de sostenible el nombre, puesto que apuesta por una política fuertemente desarrollista, que sobre todo canaliza las inversiones (30.000 millones de euros) hacia el cemento, no hacia la gestión de la movilidad y mucho menos hacia su sostenibilidad. Las cifras cantan por sí solas, pues se pretende construir antes de 2013:
- 1.614 km de nuevas autovías (un 70% más)
- Duplicar los kilómetros de AVE.
- 3 nuevos aeropuertos (ahora hay 6).