La parálisis ambiental catalana

Una sociedad cada vez más concienciada frente a unas elites refractarias a la innovación sostenibilista.

Enric Tello [1], Ecologistes en Acció de Catalunya. Revista El Ecologista nº 66

Frente a una idea generalizada de que Cataluña está más avanzada en su política de sostenibilidad ambiental que el resto del Estado español, un análisis detallado muestra cómo en muchos aspectos esto no siempre es así. Además, los cambios hacia esta mayor sostenibilidad siempre han venido promovidos por importantes movilizaciones ciudadanas –entre las que destacan aquellas relacionadas con el trasvase del Ebro–, y han debido superar la fuerte resistencia de los sectores más inmovilistas de la sociedad catalana.

Hay una cierta tendencia a creer que Cataluña es un país ambientalmente más ordenado y puesto al día que las otras comunidades autónomas del Estado español. Pero en muchos ámbitos eso es sólo un mito autocomplaciente. Estamos en la franja más alta en emisiones de gases de efecto invernadero, y a la cola en el desarrollo de la energía eólica y otras fuentes renovables. El último Pla de l’Energia no sólo acepta mantener en funcionamiento tres centrales nucleares, que nos sitúan en una posición récord en Europa y el mundo en dependencia de la electricidad nuclear, también se permite el lujo de ignorar olímpicamente los compromisos asumidos por España con la ratificación por unanimidad del Protocolo de Kioto, adjudicándose unilateralmente el derecho a doblar las emisiones de CO2 hasta 2015 –lo que en el momento de su aprobación en 2005 fue una verdadera carga de profundidad contra Cristina Narbona, la única ministra de Medio Ambiente que ha sido hasta ahora digna de este cargo–. Tenemos la mayor proporción de superficie sembrada con maíz transgénico, tanto en España como en Europa, y una de las más bajas en cultivos ecológicos. En el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca sólo existe un pequeño y marginal organismo certificador de la producción ecológica, a diferencia de Andalucía donde, por ejemplo, existe una Dirección General de Agricultura Ecológica y más del diez por ciento de la superficie agraria está ecológicamente certificada (aunque por desgracia, también la Junta de Andalucía ha paralizado recientemente el fomento de la agricultura ecológica al apartar a los verdes de su gestión).

En julio de 2009 la alianza entre los diputados del PSC, CiU y el PP cerró el paso a la discusión parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Som lo que sembrem, que propugnaba una Cataluña libre de transgénicos y contaba con más de cien mil firmas de apoyo. No era la primera vez que esta vergonzante sociovergencia-pepera daba la espalda en el Parlament a las propuestas de innovación ambiental surgidas de la sociedad civil popular. En 1999 ya se había producido la misma coincidencia de votos para reconvertir la ILP contra la incineración de residuos en una mera ley reguladora bastante permisiva. Hay ciertos elementos de continuidad entre los veintitrés años del pujolismo de CiU y las dos legislaturas del tripartito (PSC, ERC-ICV, EUiA), entre los que hay que incluir el rechazo frontal del Consejero de Economía, Antoni Castells del PSC, a introducir ninguno de los impuestos verdes que ya se aplican en otras comunidades autónomas españolas o muchos países europeos; y la del consejero de comercio y turismo, Josep Huguet de ERC, a introducir una taxe de séjour como la que se paga con toda normalidad para pernoctar en cualquier hotel francés, o en los de Nueva York, o en muchos otros lugares del mundo (aunque recientemente el desprestigiado alcalde de Barcelona haya propuesto tarde y a destiempo su implantación).

Empuje de la movilización ciudadana

Es cierto que hay algunas excepciones a este panorama que sitúa a Cataluña entre los últimos de la fila en innovación ambiental. Pero si las analizamos una a una veremos que casi siempre han sido las conquistas de importantes oleadas de movilización ciudadana. El temprano inicio de la conciencia ambiental a principios de los años setenta y durante la transición, junto a la persistente lucha por la conservación de la naturaleza mantenida desde entonces, consiguió en 1983 la emblemática protección de los Aiguamolls de l’Empordà, y en 1985 la aprobación de la Ley de Espacios Naturales que actualmente da cobijo a unas 960.000 hectáreas y cerca del 30% del territorio catalán. Sin negar este avance, no podemos olvidar que detrás de muchos de esos espacios protegidos hay muy poco presupuesto y una manifiesta falta de gestión efectiva. Los expertos ambientales señalan que esta suma inconexa de unidades legalmente protegidas no es aún suficiente para garantizar una preservación efectiva de la biodiversidad. La asignatura pendiente son los conectores y corredores ecológicos que deben enlazarlos y convertirlos en un sistema viable. Para llevar a cabo esa tarea resulta mucho más eficaz el mantenimiento en buen estado del mosaico agrícola y forestal tradicional –especialmente si se reconvierte hacia la agricultura o la ganadería ecológica y una explotación sostenible del bosque–, que la mera ampliación de espacios protegidos.

Un indicador del escaso interés ambiental de los partidos políticos mayoritarios que gobiernan las instituciones catalanas es darse cuenta de cómo han tendido a considerar que una vez habían protegido ciertos parajes singulares ya habían hecho lo suficiente por la naturaleza, dando por sentado que más allá de su perímetro no eran necesarios mayores miramientos. En materia de agua, residuos, energía y ordenación territorial no ha habido discrepancias apreciables entre CiU y el PSC durante muchos años. Sin embargo, los residuos y el agua desencadenaron los conflictos más graves de las seis legislaturas de Jordi Pujol, y los que podían haber sido más peligrosos para el dominio electoral de CiU. Sólo así podemos entender que los gobiernos pujolistas pudieran mantener la mayoría parlamentaria a lo largo de veintitrés tres años sin disfrutar nunca de una verdadera mayoría social. Eso también explica el retraso en las normativas ambientales, y que Cataluña sólo haya conocido hasta el momento dos consejeros verdaderamente capaces de romper con el desinterés y la cultura de la trampeta que, en materia de medio ambiente como en tantos otros ámbitos de los bienes públicos, ha caracterizado a la mayoría de políticos desde la transición. Estos dos consejeros excepcionales han sido Albert Vilalta (1991-1996) con CiU, y Salvador Milà (2003-2006) de ICV. El resto ha pasado por el Departament de Medi Ambient (DMA) limitándose a limar las aristas más conflictivas de las políticas iniciadas por sus predecesores con los intereses creados del poder económico establecido.

Dos conflictos: agua y residuos

No es casualidad que esos dos únicos consejeros ambientalmente innovadores hayan sido precedidos de importantes movimientos de ecologismo popular en Cataluña. El primer gran conflicto por los residuos industriales fue capaz de originar en 1991 la propia creación del DMA, pero al permanecer limitado a algunas comarcas rurales no pudo propiciar aún un vuelco político de mayor alcance. La Ley de Residuos aprobada por Vilalta en 1993 supuso una puesta al día muy considerable, pese a mantener la opción por la incineración. El conflicto de los residuos se ha desplazado desde entonces hacia las reticencias de ciertos poderes fácticos y municipales a la recogida selectiva. Mientras el lobby incinerador ha tratado de poner palos en las ruedas del reciclaje o desvirtuar la ley de residuos, los grupos ecologistas han seguido promoviendo la reducción y recuperación de residuos mientras denunciaban incansablemente a las incineradoras como una fuente de peligrosos contaminantes.

En 1991 el recién creado DMA también tuvo que encarar el estallido de la Guerra del Agua en los barrios obreros del entorno metropolitano, que se prolongó hasta 2002. Las directivas de la UE exigieron instalar muchas depuradoras, y el traslado del coste a los consumidores provocó un encarecimiento repentino del recibo del agua allí donde ya era más cara, y los consumos más bajos, mientras la estructura tarifaria se mantenía muy regresiva. Eso hizo estallar una protesta consistente en pagar sólo la tarifa del agua y el IVA en una cuenta corriente de las asociaciones de vecinos, haciendo insumisión fiscal a los impuestos añadidos. Más de un cuarto de millón de personas se adhirieron a la Guerra del Agua, mientras las administraciones permanecían literalmente paralizadas. Albert Vilalta fue el único cargo público que accedió a escuchar los dirigentes vecinales, consciente que las nuevas directivas de la UE les daban parcialmente la razón cuando exigían crear un ente público que repercutiera todos los costes ambientales del agua en un solo canon, y que éste fuera progresivo, entendido y legitimado. La creación de la Agencia Catalana del Agua en 1998 fue en parte resultado de esta Guerra del Agua en el área metropolitana, a la que se sumaría entonces el segundo gran conflicto socio-ambiental reciente vivido en Cataluña y toda España: el proyecto de trasvase del Ebro.

Tras formar parte de anteriores propuestas del PSOE y CiU, aquella obra faraónica se convirtió en la obra estrella del Plan Hidrológico Nacional (PHN) aprobado en 2001 por el gobierno español de José Mª Aznar, provocando la alarma y la movilización de la gente del Delta de l’Ebre, y buena parte de la comunidad científica. En 1998 se creó la Fundación Nueva Cultura del Agua, que proporcionó los argumentos para recurrir ante la UE que los fondos comunitarios pagaran los trasvases. En el año 2000 se creó la Plataforma en Defensa de l’Ebre, que pronto se convirtió en un movimiento de ecologismo popular fuertemente arraigado en el territorio. Los grupos ecologistas pusieron en contacto la lucha de las Terres de l’Ebre con los valles pirenaicos afectadas por nuevos embalses, y con la oposición al PHN en Barcelona, Zaragoza o Madrid. Esa alianza construyó el movimiento por una Nueva Cultura del Agua, con una capacidad de protesta ciudadana y propuesta ambiental rigurosa sin precedentes. Ese segundo estallido de ecologismo popular en Cataluña fue capaz de construir una alianza mucho más sólida entre el campo y la ciudad, que hizo variar momentáneamente las políticas hídricas del PSC, e influyó notablemente en las adoptadas por ERC e ICV-EUiA, lo que a su vez se convirtió en un factor decisivo para la formación en 2003 del primer gobierno tripartito de izquierdas.

No es extraño, pues, que la gestión de las cuencas internas de Cataluña haya destacado desde 2003 por la coherencia y el rigor con que se está aplicando la Directiva marco de la UE sobre gestión del agua, muy por delante de las otras confederaciones hidrográficas españolas (incluso a pesar de las inconsistentes meteduras de pata del último conseller, Francesc Baltasar, durante la última sequía de 2008). Otra iniciativa catalana muy innovadora la encontramos en la asociación que ya agrupa a más de 80 de municipios catalanes donde la recogida de residuos puerta a puerta ha permitido alcanzar niveles de recuperación superiores al 70%. Ése y otros ejemplos de buenas prácticas en el ámbito de los residuos, el agua o la energía revelan otro rasgo de la innovación ambiental en nuestro país: el papel de las iniciativas locales de carácter comunitario, el único marco donde se ha comenzado a experimentar una sinergia positiva entre las instituciones públicas y una participación ciudadana capaz de asumir responsabilidades colectivas. La Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat, que reúne a más de 220 entes locales que representan el 78% de la población de Cataluña, es una buena concreción institucional de estas sinergias locales.

Bloqueo por empresarios y financieros tradicionales

¿Cuál es, entonces, la barrera que separa a ese hormigueo de iniciativas locales innovadoras de la parálisis política que sigue caracterizando a los ámbitos institucionales superiores? La persistente y exitosa campaña del Círculo de Economía contra Salvador Milà de ICV-EUiA, hasta conseguir su cese como consejero de medio ambiente, habla por sí misma. El origen de la parálisis ambiental catalana es el sometimiento de los gobiernos de la Generalitat a los intereses particulares de aquella otra sociedad civil, la buena sociedad formada por los intereses empresariales y financieros más directamente ligados al viejo modelo económico que las políticas sostenibilistas deberían ayudarnos a superar.

El avance hacia una Cataluña decididamente orientada hacia nuevas formas de desarrollo sostenible necesita el surgimiento de otro tejido empresarial y financiero, capaz de tomar el relevo a los que en otros tiempos fueron capitanes de la industria catalana, pero hace ya mucho que han vendido o deslocalizado sus empresas y han perdido un auténtico temple innovador. Tal vez haya llegado ya la hora de un nuevo florecimiento del cooperativismo, de un desarrollo de la economía social y las finanzas éticas capaz de llevar a cabo las inversiones en energías renovables, agricultura y ganadería ecológicas, la reanudación de una explotación multifuncional del bosque, o una nueva producción industrial limpia capaz de convertir los residuos de nuevo en recursos. De otro modelo de desarrollo, en definitiva, centrado en el cuidado de las personas y el medio ambiente común que demos legar en buen estado a las generaciones futuras.