El vertido del Golfo de México

Una lección de los riesgos de intentar incrementar la oferta de petróleo a toda costa.

Manuel Ruiz Pérez, Emilio Menéndez Pérez, Luis Rico García-Amado, Departamento de Ecología, Universidad Autónoma de Madrid. Revista El Ecologista nº 66

Este artículo aborda cuatro aspectos esenciales de lo ocurrido en el Golfo de México, tras el enorme vertido de crudo provocado por la plataforma petrolífera: la estimación del vertido y la magnitud catástrofe ambiental; los riesgos derivados de los sistemas tecnológicos complejos; la estrecha y frecuentemente opaca relación entre economía, política y petróleo; y la necesidad de enmarcar este gravísimo accidente en el modelo energético global.

En la plataforma de perforación Deepwater Horizon la jornada del martes 20 de abril de 2010 no podía ser más prometedora: cuatro directivos de BP desplazados en helicóptero felicitaban por la mañana a los trabajadores por los logros conseguidos y por las buenas medidas de seguridad empleadas, llegando a prometer una bonificación por adelanto sobre los planes previstos [1]. Al caer la noche, una plataforma en llamas y herida de muerte anunciaba una de las peores catástrofes de la historia de EE UU y de la propia industria petrolera, el inicio del descrédito (y posiblemente la ruina) de uno de los gigantes del petróleo, la pesadilla para cientos de miles de trabajadores de la zona litoral estadounidense del Golfo de México, y la peor crisis sufrida hasta la fecha por el gobierno de Obama. Dejaba además un rastro de 11 muertos, a los que se han sumado otros fallecidos en tareas de limpieza y control en los tres meses transcurridos [2].

Algunos hechos clave asociados a este dramático cambio de fortuna –que hacen honor al nombre de Macondo Prospect del campo petrolífero donde acontecieron– son conocidos: perforación iniciada en febrero sobre una columna de 1.500 m de agua de un pozo que estaba previsto alcanzase más de 5 km de profundidad antes de ser sellado y dejado listo para su posterior explotación. Irrupción repentina de una burbuja de barro y metano que explosiona probablemente al entrar en contacto con algún foco de calor en la propia plataforma, seguido por otra serie de explosiones. Incendio de la misma, que hace que se rompa el sistema de perforación con fallo simultáneo de las diversas medidas de seguridad previstas para cortar el flujo de hidrocarburos en este tipo de accidentes, incluida la famosa válvula de prevención de explosiones. Hundimiento de la plataforma día y medio después. Emisión masiva de petróleo y gas. Diferentes intentos frustrados de controlar el vertido, hasta finalmente conseguir que una parte de flujo sea reconducido a contenedores gigantes o quemado. Diversas medidas de contención del daño ambiental, desde el polémico uso de dispersantes (que pueden generar problemas aún mayores) [3] hasta la recogida y quema en superficie, establecimiento de boyas flotantes y otras barreras para limitar la expansión en marismas, playas y otras zonas costeras de alto valor ambiental. Demanda a BP para hacer frente a la responsabilidad civil y corrección del daño, obligando a esta empresa a depositar 20.000 millones de dólares. Caída en picado de sus cotizaciones en bolsa y de su imagen corporativa…

En este artículo queremos centrar la atención sobre cuatro aspectos esenciales de lo ocurrido: la estimación del vertido y la magnitud catástrofe ambiental; los riesgos derivados de los sistemas tecnológicos complejos; la estrecha y frecuentemente opaca relación entre economía, política y petróleo; y la necesidad de enmarcar este gravísimo accidente en el modelo energético global. No obstante, antes de entrar a ello queremos recordar que existen problemas crónicos con magnitudes acumuladas de vertidos equivalentes, que afectan a millones de personas y a ecosistemas de alto valor como ocurre en el Delta del Níger [4] y que suelen pasar desapercibidos para los medios de comunicación.

¿Cuánto se ha vertido y qué efectos puede tener?

La estimación del vertido es relevante tanto para evaluar el posible daño como para establecer el importe de las compensaciones. Las primeras estimaciones ofrecidas por BP situaban el vertido en unos 1.000 barriles diarios (1 barril = 155 litros) aunque el Gobierno de EE UU hablaba de la posibilidad de hasta 5.000 barriles. Los científicos y grupos ecologistas solicitaron insistentemente la colocación de cámaras y aparatos de medida del flujo del vertido, lo que BP rechazó durante semanas alegando que eso no era prioritario y que obstaculizaría las labores de control del pozo. El tamaño del vertido que afloraba a superficie hacía pensar en volúmenes significativamente mayores. La presión de la opinión pública y del Gobierno forzó la instalación de cámaras y medidores que facilitaron las primeras estimaciones fiables, subiendo éstas a 15.000 barriles-día, luego a 20.000, y tras el seccionado de la tubería de perforación para facilitar la colocación de la campana extractora, a más de 30.000 barriles-día. Las últimas estimaciones sitúan el vertido en un rango entre los 40.000 y 60.000 barriles-día, lo que supone a fecha actual (15 julio 2010) al menos 2 millones de barriles de crudo y una cantidad desconocida pero muy importante de gas. Esto supera con creces el vertido del Exxon Valdez, y se aproxima al mayor vertido de petróleo de EE UU (el Lakeview Gusher, que fluyó durante 18 meses entre 1910 y 1911), y al vertido del pozo Ixtoc I en la Bahía de Campeche (México) en 1979 que estuvo activo durante 9 meses [5].

A finales de junio la mancha de petróleo había afectado al menos a 75.000 km2 (una superficie próxima a la de toda Andalucía), habiendo alcanzado las costas de Louisiana, Mississippi, Alabama y Florida. Numerosos ecosistemas litorales (playas, marismas del delta del Mississippi, ensenadas) han sido afectados con diversa intensidad. Aunque la prensa ha centrado su atención en el efecto sobre especies emblemáticas y en riesgo de extinción como el tiburón ballena, pelícanos y tortugas marinas, en realidad todas las especies han sido afectadas en mayor o menor medida, lo que ha contribuido al cierre de actividades económicas como pesca, turismo y marisqueo.

Dos efectos menos visibles pero no por ello menos peligrosos son la presencia de enormes plumas de petróleo pesado que se mantienen en profundidad y la emisión de importantes cantidades de metano (estimadas en unos 80 m3 de gas por cada barril de petróleo) que amenazan con producir condiciones de anoxia y derrumbe de los ecosistemas afectados [6].

Además, la exposición por largos períodos a los hidrocarburos puede generar genotoxicidad y diversas enfermedades en animales y personas como se ha demostrado con el seguimiento de los efectos del Prestige en las costas gallegas [7], habiendo hecho saltar la alarma sobre posibles incidencias toxicológicas entre los miles de personas que trabajan en labores de limpieza y contención [8]. La dimensión final del desastre ecológico es aún desconocida, pero ya se ha anunciado que se han rebasado barreras anteriores y que el vertido marcará nuevos estándares para hacer frente a este tipo de catástrofes [9].

Riesgos de los sistemas tecnológicos complejos

Tras varias semanas de silencio que rayaba en la complicidad, los directivos de las grandes empresas petroleras aprovecharon su declaración ante el Congreso de EE UU para acusar a BP de prácticas deficientes, insistiendo que una situación de ese tipo no se habría producido en sus instalaciones [10]. A continuación, Anadarko Petroleum, socio de BP en la exploración y explotación del yacimiento, acusó a ésta de malas prácticas y graves defectos en el modo como se había hecho la perforación [11]. ¿Estamos ante un accidente fortuito resultado de la mala planificación del trabajo (y por tanto evitable) como sugieren las empresas del sector?; ¿Quieren aprovecharse estas compañías de la situación de BP para eludir sus propias responsabilidades (Anadarko) o para capturar cuotas de mercado (otras grandes petroleras)? Probablemente se trate de una combinación de ambos factores. Las malas prácticas y el relajo de las medidas de prevención de riesgos las discutiremos en el siguiente apartado. Aquí queremos centrarnos en la supuesta capacidad de evitar estas situaciones si se hubiesen tomado las medidas adecuadas.

En un trabajo publicado en 1996 con motivo del décimo aniversario del accidente del trasbordador espacial Challenger, Malcom Gladwell sintetizaba diversos estudios indicando la inevitabilidad de este tipo de accidentes en condiciones en que concurren una alta complejidad tecnológica y una cultura de evaluación de accidentes normales (entendidos como accidentes que pueden ocurrir y cuyas consecuencias son manejables). Los llamados errores humanos ocurren en condiciones normales de operación y deben formar parte del análisis de riesgos y las medidas para evitarlos [12]. En este sentido, la teoría de la homeostasis del riesgo planteada por el psicólogo canadiense Gerald Wilde mantiene que las ganancias experimentadas por los avances tecnológicos para reducir posibles problemas y accidentes son consumidos por la capacidad humana de aceptar riesgos mayores. Sería algo así como la paradoja de Jevons aplicada al análisis de riesgos. En otras palabras, nos sentimos más seguros, nos atrevemos a ir más allá, y la combinación de ambos mantiene un perfil de riesgo parecido, aunque con accidentes de incidencia mucho mayor.

Aunque se discute sobre lo generalizable de esta teoría, lo cierto es que las modernas tecnologías dan una sensación de inmunidad que hace que forcemos con frecuencia las condiciones hasta límites para los que no tenemos capacidad de respuesta. El título Cracking Environmental Codes (Rompiendo los códigos ambientales) de un numero reciente de la revista Norwegian Continental Shelf, exponente del sector petrolero noruego líder en explotaciones marinas, es un buen ejemplo de esta carrera entre avance tecnológico y forzado de los límites. Eso es precisamente lo que ha pasado en este caso: plataformas perforadoras más potentes y perfeccionadas que permiten taladrar fondos marinos a más de 2.000 metros de profundidad para hacer perforaciones de la corteza terrestre de varios kilómetros. Los avances tecnológicos (trépanos de gran potencia perforadora engrasados con arcillas naturales o sintéticas, guiado de gran precisión, detector temprano de fugas, válvula para prevenir explosiones…) nos hacen creer capaces de eliminar los problemas para, una vez que estos llegan, darnos cuenta que no tenemos capacidad de respuesta ante ellos. Complejidad e incertidumbre van frecuentemente asociadas. Como recordaba Gladwell: “Hemos construido un mundo en el que el potencial de catástrofes de alta tecnología forma parte de nuestro día a día” [12].

Michael Klare [13] ha advertido de los riesgos tecnológicos y geopolíticos de la búsqueda insaciable de nuevas fronteras para la explotación de recursos energéticos, con escenarios tan o más virulentos e incontrolables como el del vertido del Golfo de México. Y el problema es que las expectativas para poder mantener y ampliar la oferta actual de crudo descansan en los hidrocarburos convencionales (por lo general con elevados costes ambientales) o en explotaciones de aguas superprofundas o de condiciones ambientales extremas, con los consiguientes riesgos de repetir accidentes como el de la Deepwater Horizon.

Colusión de intereses económicos y políticos

Además de ingentes cantidades de petróleo y gas, el accidente ha hecho aflorar dos de las grandes tendencias de esta oleada de neoliberalismo: la desregulación y búsqueda de soluciones imaginativas para facilitar la acumulación de beneficios, y la colusión entre intereses políticos y económicos. BP, como concesionaria de la explotación del yacimiento petrolífero, ha sufrido fuertes pérdidas económicas y de imagen, así como la presión mediática y judicial (con la consiguiente irritación de los británicos, donde tiene la sede la antigua British Petroleum). Sin embargo, otras tres grandes empresas están implicadas en el accidente. Transocean, la propietaria de la plataforma hundida, es la mayor compañía de perforación marina. Su expansión fulgurante en los últimos 15 años se inicia con la adquisición en 1996 por parte de la tejana Sonat de Transocean ASA, la empresa noruega líder del sector. La nueva Transocean ha utilizado las clásicas prácticas de registro de sus barcos (las plataformas de perforación son consideradas como tales) en pabellones de conveniencia, habiendo pasado por los paraísos fiscales de las Islas Marshall, las Islas Caimán, para recalar desde 2009 en Suiza, aunque su principal sede de operaciones y la mayor base de empleados está en Texas [14].

Halliburton, una de las grandes empresas de servicios al sector de hidrocarburos de la que fuera directivo el anterior vicepresidente de EE UU, Cheney, era la responsable del proceso de cimentación y cierre de la perforación. De hecho, diversas evidencias apuntan a que un fallo en este proceso pudo haber sido el desencadenante de la fuga y posterior explosión. Por último, Cameron International, otra compañía estadounidense, era la suministradora de la válvula de prevención de explosiones, supuesta última medida para evitar la fuga y cuyo fallo (aún inexplicado) abrió la puerta al vertido.

Más allá de las pugnas legales para dirimir responsabilidades y repartir las compensaciones y costes de restauración, la tendencia a la especialización y subcontratación es el resultado de la fuerte expansión de las actividades de perforación marina desde inicios de esta década, atraídas por una demanda y precios crecientes de los hidrocarburos. Esto se ha visto impulsado por políticas de apoyo al sector petrolero, como la exención fiscal para las exploraciones de nuevos yacimientos aprobadas por Bush en 2005 (a pesar de los ingentes beneficios que estas compañías estaban obteniendo). En este período han proliferado diversas formas de subcontratación (incluidas aquellas que se dan entre filiales de la misma compañía matriz), habiéndose facilitado la utilización exhaustiva de las cada vez más insuficientes plataformas perforadoras [15] y habiendo traído también como consecuencia una mayor dilución del riesgo entre las numerosas empresas implicadas. La presión por reducir costes terminando incluso antes del plazo previsto para mover la plataforma a su nuevo emplazamiento (y arrendatario) se ha apuntado también como posible contribución al problema. El reparto de costes, beneficios y riesgos se estipula mediante cláusulas específicas cuyos detalles en este caso desconocemos, pero que sin duda darán lugar a una batalla legal para minimizar la contribución al fondo de compensación de decenas de miles de millones de dólares.

Tras un primer período de inacción, el Gobierno de EE UU ha tratado de tomar cuatro tipos de medidas (más allá de las apariciones mediáticas y el lógico establecimiento de comisiones de investigación para esclarecer los hechos) para hacer frente a este problema. Algunas de estas medidas han arrojado luz también sobre la colusión de intereses (que a veces cae directamente en la corrupción) de este poderoso sector industrial. La esperable prioridad a la recuperación, control y eventual sellado del vertido ha sido precedida por una revisión de procedimientos, incluyendo una mirada cercana al Servicio de Gestión de Minerales, cuya doble labor de contraparte de las empresas petroleras y a la vez responsable del control ambiental y de seguridad había despertado sospechas de corrupción y pago de favores [16]. La dirección ha sido destituida y el servicio dividido en dos unidades con separación de responsabilidades de autorización-gestión compartida frente a control de riesgos y procedimientos.

La suspensión cautelar de este tipo de exploraciones por seis meses, a la espera de conocer los resultados de las comisiones de investigación, ha generado la protesta de la industria petrolera (y de un sector del partido republicano) y la presentación de un recurso legal que, tras pasar por un juez de distrito (con inversiones financieras en la industria petrolera), fue finalmente aceptado por un tribunal federal de apelación constituido por tres jueces, dos de los cuales habían servido en épocas anteriores como asesores jurídicos y defensores de la industria petrolera [17]. En el momento de escribir este texto, el Secretario de Interior Ken Salazar ha vuelto a presentar una nueva normativa para intentar conseguir la suspensión cautelar de nuevas exploraciones.

La evidencia de la magnitud del desastre empujó el pasado mes de junio al presidente Obama a exigir a BP la paralización de su prevista distribución de dividendos y la constitución de un depósito cautelar de 20.000 millones de dólares para hacer frente a los daños. Esta medida fue duramente criticada por una parte de los medios y políticos conservadores, uno de los cuales, Joe Barton, republicano del estado petrolero por excelencia (Texas) y vicepresidente de la Comisión de Energía y Comercio, llegó a pedir disculpas a Hayward, director ejecutivo de BP, por lo que él consideraba como una extorsión. Barton fue posteriormente desautorizado por su partido y se disculpó por lo dicho, aunque sus relaciones con el sector petrolero, uno de los principales financiadores de sus campañas electorales [18], han hecho correr ríos de tinta.

Por último, la administración Obama parece haber entendido que el desastre del Golfo de México puede ser una oportunidad para impulsar un nuevo modelo energético menos dependiente de los hidrocarburos y que se apoye más en las energías renovables. Aunque tenemos dudas sobre la capacidad (e incluso de hasta dónde quiere avanzar) para llevar a cabo este cambio, dicha actitud nos permite introducir el último apartado de este artículo.

El futuro energético: ¿huída hacia adelante o cambio de modelo?

Es evidente que la presión por extender la extracción de hidrocarburos a los confines anteriormente no explotados del planeta es una respuesta a un modelo de consumo basado en dos premisas cuestionables: que la demanda va a seguir creciendo ilimitadamente y que la oferta va ser capaz de satisfacerla. La idea de desarrollar fuentes no convencionales de hidrocarburos [19] forma parte de esta estrategia, que va asociada a un encarecimiento, mayor impacto ambiental y crecientes riesgos e incertidumbres.

A su vez, la catástrofe del Golfo de México está sirviendo para cuestionar dicho modelo energético, como reconoció expresamente el presidente Obama: “Creo que este desastre va a cambiar nuestro modo de pensar sobre el medio ambiente y la energía a largo plazo” [20]. A pesar de los esfuerzos por parte del lobby petrolero para contener daños y pérdida de imagen, esta crisis puede de hecho suponer una contribución significativa hacia el necesario cambio de modelo energético.