Solicitan al Juzgado el control independiente de la gestión de aguas en la Mina Las Cruces

Ecologistas en Acción ha solicitado al juzgado nº 19 de Sevilla una "Petición de medida cautelar de Intervención Judicial del sistema de gestión de aguas de las Cruces a través de la figura del Hidrogeólogo residente".

El Sistema de gestión de Aguas de la Mina Cobre Las Cruces, CLC, está formado básicamente por el Sistema de Drenaje Reinyección (SDR) y por otra parte, por todos los sistemas de conducciones, presa de abastecimiento de agua a la Planta Hidrometalúrgica, balsas de aguas de no contacto y de aguas de contacto, sistemas de depuración por ósmosis inversa, tuberías de vertidos autorizados a los arroyos colindantes (Garnacha, Almendralillos y Molinos) y al Guadalquivir, etc.

En el diseño original del proyecto, el SDR era prácticamente independiente del resto de la gestión del agua. Teóricamente, todo el agua que se sacaba del acuífero se reinyectaba directamente y sólo se produciría una pérdida de 180.000 m3/año que se compensaba con la clausura de 3 pozos situados en lo que ahora es el recinto minero. Por tanto el SDR no producía ningún tipo de vertido y muy poca agua en el fondo de la corta minera.

En julio de 2009 se modifica la autorización del SDR a través del llamado Plan Global de Gestión de Aguas que introduce una gestión del agua nueva, con la incorporación de depuradoras de ósmosis inversa, con un incremento brutal de las aguas de contacto en el fondo de la mina y con un desfase entre extracciones y reinyecciones en torno a 1.200.000 m3/año que debían ser compensadas. Se autoriza además la posibilidad de usar las aguas de rechazo de la ósmosis inversa y las de fondo de corta (aguas todas ellas con fuerte contaminación metálica) para consumo de la Planta Hidrometalúrgica. Esta Planta finalmente vierte al río Guadalquivir, a través de una tubería de 12 kilómetros y un vertido regulado por la Autorización Ambiental Integrada, que ha conllevado la apertura de expedientes sancionadores por parte de la Agencia Andaluza del Agua a la Mina.

Es decir, el SDR ya no funciona de manera independiente al resto de sistemas de gestión de aguas, sino que todo queda interconectado entre sí. Y ya se ha comprobado como el SDR sigue fallando en sus objetivos fundamentales; no es capaz de mantener la cantidad de agua del acuífero, y está provocando vertidos incontrolados a los arroyos colindantes y superaciones de los parámetros de control de vertido. Igualmente la Agencia Andaluza del Agua, AAA, ha hecho público recientemente que ha remitido al Juzgado un nuevo expediente sancionador por superación de los valores de arsénico en el sector 5 del SDR. Es decir, se vuelven a reproducir los hechos que provocaron la denuncia por delito ecológico que motivaron las medidas cautelares por parte del Juzgado en otoño de 2008.

En la Autorización del año 2003 se establece la figura del Hidrogeólogo Residente que debía ser “el garante del cumplimiento de las condiciones del SDR”. Pero esto falló desde el principio, porque el Hidrogeólogo nombrado por Las Cruces era el mismo que había diseñado el sistema, la empresa FRASA, y nunca informó de manera certera a la Confederacion Hidrográfica del Guadalquivir, CHG, del mal funcionamiento del sistema. Luego, tras los requerimientos de los técnicos de la CHG, se nombró a una persona física.

Este Hidrogeólogo Residente es Dª Maria José de los Reyes García, licenciada en Geología desde 2006, que siempre ha estado vinculada profesionalmente a CLC y FRASA y que en la fecha en que fue nombrada tan sólo contaba con un año de licenciatura.

En relación a la figura del Hidrogeólogo Residente, la nueva autorización de julio de 2009 estableció un criterio mucho más estricto exigiendo 10 años de experiencia, ese incumplimiento podría no ser relevante, pero resulta que en ninguno de los informes remitidos por la AAA o por la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla, ni en ninguno de los nuevos expedientes sancionadores que se han incorporado a las Diligencias Previas, aparece ninguna actuación de la Hidrogeóloga Residente, por lo que más bien parece que, nuevamente, no ha cumplido con su función de “control, vigilancia y seguimiento de las instalaciones y operaciones del SDR” y su función de comunicar a la AAA las desviaciones en relación a las previsiones de la autorización. Siendo ésto especialmente preocupante dada la reiteración de expedientes sancionadores en los que está inmerso la mercantil Cobre Las Cruces.

Con estos antecedentes, estaría más que justificado que desde el Juzgado se adopte alguna medida cautelar tendente a poder ejercer un control más directo del funcionamiento del Sistema de Gestión de Aguas de la mina, hasta que quede garantizado el cumplimiento del condicionado de la autorización, teniendo en cuenta además las afecciones que dichos incumplimientos pueden estar provocando en los abastecimientos de agua potable de poblaciones como Burguillos y comprometiendo el abastecimiento futuro del área metropolitana de Sevilla para épocas de sequía.

Ecologistas en Acción, entiende que en la actualidad existe un gravísimo problema de extracciones ilegales de agua de un acuífero sobreexplotado producidas por el SDR de CLC, que está poniendo en grave riesgo los suministros de agua potable de varias poblaciones del entorno, y que compromete a las reservas hídricas de Sevilla y su área metropolitana para futuras épocas de sequía, y por tanto, en aplicación de los mismos Principios de Prevención, Precaución y Detección de los atentados al medio ambiente preferentemente en la fuente, adoptados para hacer frente a la contaminación del acuífero por arsénico en 2008, el Juzgado puede y debe adoptar medidas cautelares sobre la fuente del problema que sirvan para atajar este nuevo problema de daños a un bien protegido y de utilidad pública como es el agua de bebida, y contra el medio ambiente de un acuífero también protegido.

En base a estos argumentos, Ecologistas en Acción ha solicitado al juzgado nº 19 la adopción de la siguiente Medida cautelar:

Intervención judicial del Sistema de Gestión de Aguas de Las Cruces mediante el nombramiento de un Hidrogeólogo Residente bajo tutela judicial, solicitado al Colegio Oficial de Hidrogeólogos, con la competencia y experiencia profesional establecida por el IGME en la autorización de julio de 2009 para garantizar la inexistencia de afecciones a los suministros de agua potable.

Todos los costes de este Hidrogeólogo Residente serán sufragados por CLC, tal como se establece en la autorización.

Además de las funciones establecidas en esa autorización, durante el periodo que este Hidrogeólogo Residente esté bajo tutela judicial, realizará igualmente labores de control, vigilancia y seguimiento de las instalaciones y operaciones de vertidos a cauces públicos, tanto a Dominio Público Hidráulico (acuífero Gerena-Posadas y arroyos Garnacha, Molinos y Almendralillos) como a Dominio Público Marítimo Terrestre (Lugar de Importancia Comunitaria del Estuario del Guadalquivir) y formará parte de todas aquellas Comisiones de Seguimiento que se establezcan entre las administraciones públicas y la empresa Cobre Las Cruces, incorporándose todos sus informes a las presentes Diligencia Previas.

En el caso en que el Juzgado lo considere conveniente, este Hidrogeólogo Residente podrá ser asistido por personal cualificado contratado al efecto, cuyo coste será sufragado también por CLC.

En definitiva, se solicita un mínimo de garantías sobre el control de las aguas y que se lleve a cabo de forma independiente a la Mina como única fórmula para garantizar que las malas prácticas a las que nos tiene acostumbrados Cobre Las Cruces sean detectadas antes de que provoquen un desastre ambiental de difícil solución.


julio de 2017 :

junio de 2017 | agosto de 2017



Visitantes conectados: 332