Cancún: puntos suspendidos

Otra cumbre que no sirve para garantizar la seguridad de la sociedad mundial ante el cambio climático.

Pablo Cotarelo, responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 68

Los resultados de la Cumbre de Cancún ponen de manifiesto que las maniobras, que surgen en Copenhague (2009) para controlar el proceso internacional de Naciones Unidas sobre cambio climático por parte de los actores hegemónicos, resultan nefastamente exitosas. También que la batalla para desmontar los fundamentos de la responsabilidad sobre el cambio climático sigue su curso.
La sociedad mundial necesita la garantía de que el cambio climático no suponga una amenaza mayor de lo que hoy día ya no se pueda evitar, pero ni un paso más allá. En otras palabras, la humanidad exige seguridad en, y para, sus vidas.

La citada seguridad podría asentarse en el establecimiento de un aumento máximo de la temperatura media global de 1,5 ºC, tal y como aseguran los más avanzados estudios científicos [1]. Y en consecuencia unos niveles de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, que garanticen razonablemente que dicho objetivo se cumple. Para ello los países con mayor cantidad de emisiones, y con más capacidad para afrontar cambios en sus estructuras, deberían asumir una rebaja en sus emisiones del 45% en el año 2020 (respecto a sus niveles en 1990) [2]. Además, para evitar que las emisiones aumentasen de manera significativa en otros lugares del mundo, se deberían aportar recursos para reconducir los modelos de desarrollo de la mayor parte de la población mundial hacia estructuras independientes de las emisiones causantes del cambio climático.

Repasemos a continuación los resultados de la negociación de Cancún, comparemos con las condiciones anteriores y analicemos si cubren las necesidades de seguridad que requiere la población.

Resultados de Cancún

En la única referencia que se hace al aumento de temperatura se establece que a más tardar en 2015 se revisará, si es necesario, a partir del 5º Informe del IPCC (siglas en inglés de Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático) [3]. En cuanto al nivel de reducciones de GEI por parte de los países industrializados, tanto el espíritu como algunos contenidos del Acuerdo de Copenhague [4] pasaron a formar parte de los resultados del Grupo del Protocolo de Kioto [5], lo que traducido a cifras supone un 18% de reducción en el mejor de los casos. Es decir, nos encontraríamos con una probabilidad del 90% de superar 1,5 ºC de aumento de temperatura.

También se reconoce que una de las actuaciones de los países del Anexo I [6] debe ser la movilización conjunta de 100.000 millones de dólares anuales antes de 2020 para afrontar las necesidades del resto de países [7]. Se mantienen, asimismo, abiertas todas las opciones sobre la procedencia de los fondos que aparecían en el Acuerdo de Copenhague, donde no se fijaban límites cuantitativos a los procedentes de sectores privados [8]. Lo cual significa, entre otras cosas, que no se impide que los mecanismos de financiación generen nueva deuda externa a través del pago de los intereses, por ejemplo.

Finalmente, el hecho de aprobar un documento que incluye apartados que están por definir en un futuro, supone un cheque en blanco de alto riesgo y de muy difícil justificación ante la urgencia y la importancia de las medidas que hay que acometer.

En definitiva, tras analizar los documentos del acuerdo en sus dos vías principales, la Acción Cooperativa a Largo Plazo y la del Protocolo de Kioto, el resultado de Cancún no es eficaz para garantizar la seguridad de la sociedad mundial.

Un puzzle de difícil encaje

Cabría preguntarse en este punto por los motivos de esta agresión a la seguridad de las generaciones actuales y las venideras, que ya vivió su momento de máxima intensidad en Copenhague (2009), marcando un claro punto de inflexión, y que según los últimos acontecimientos en tierras mexicanas parece que podría perpetuarse.

Atendiendo a las cuatro variables de las que depende todo el entramado de la política internacional de cambio climático, encontraremos algunas pistas. Las cuatro variables son: reducciones de los países del Anexo I, cuantía y características de la transferencia de recursos de éstos al resto de países, créditos de carbono, y atenuación de la tendencia creciente de emisiones de los países llamados emergentes [9]. Las cuatro además están interrelacionadas entre sí, unas dependen de las demás para completar el cuadro general, al igual que las piezas de un puzzle.

Para un cuadro con un espacio determinado, fijar una o varias de las piezas obliga al resto a acoplarse, no sin ciertas tensiones. Así, un nivel alto de reducciones suele conllevar una exigencia por parte de los países enriquecidos hacia los emergentes para que atenúen mucho también su línea creciente de emisiones; utilizando como moneda de cambio la transferencia de recursos; y guardándose los enriquecidos el comodín de los créditos de carbono para compensar las emisiones que no reduzcan.

Como se puede imaginar, el equilibrio es precario en estas condiciones y un gran problema surge cuando los países enriquecidos pretenden que una de las piezas, los créditos de carbono, pueda ser todo lo grande que los mecanismos de mercado vayan dictando en cada momento. De este modo se rompen las reglas del puzzle: al ser el espacio limitado el tamaño de las piezas no puede desconocerse de inicio, y mucho menos ir aumentando con el tiempo. El equilibrio estalla y la lucha contra el cambio climático se frena.

Una visión panorámica: la batalla por la responsabilidad

Pero esta manera de hacer las cosas nos es familiar. Sucedió en Kioto y ha ido evolucionando hasta Copenhague y Cancún, donde asistimos a una batalla, cada vez más abierta y evidente, por reasignar la responsabilidad sobre el cambio climático.

No en vano en los últimos años en los medios de comunicación occidentales, alentados por sus gobiernos y empresas a través de declaraciones y decisiones políticas, se han multiplicado las noticias e informaciones de todo tipo que hacen referencia al papel de China en relación al cambio climático. Ya sea por sus emisiones de GEI como país, por sus actuaciones o declaraciones en las negociaciones de la Convención Marco, por sus acuerdos bilaterales con EE UU, por las inversiones energéticas o de Mecanismos de Desarrollo Limpio [10] que se producen en su territorio, o bien por cualquier asunto que permita colocarlo en el centro de la atención pública occidental, el efecto conseguido es identificar a China [11] con el cambio climático. Una identificación que se fija, intencionada y fundamentalmente, en la responsabilidad sobre las causas de este fenómeno. Y sabiendo que el cambio climático es algo, como concepto genérico y en muchas de sus múltiples dimensiones, negativo, la consecuencia más inmediata de enfocar la atención de muchas informaciones en China es precisamente su culpabilización.

Situar al gigante asiático al mismo nivel de responsabilidad que los verdaderos responsables: EE UU, Japón, la UE, Australia y Canadá, cuando no a uno superior, conlleva una serie de secuelas nada despreciables. Con esta estrategia se torpedea la responsabilidad histórica sobre el cambio climático y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas; se intenta impedir la utilización de las emisiones de GEI per cápita como método de comparación de la responsabilidad actual como vía para alcanzar la equidad en el acceso al espacio ambiental de todos los habitantes del planeta; se pretende ocultar la deuda ecológica (climática en este caso) que tiene contraída el Norte con el Sur, y por tanto, se imposibilita la introducción de la justicia ambiental como principio rector de las relaciones internacionales en el contexto climático.

Siendo, tanto los países del Anexo I como los emergentes, todos igualmente responsables del cambio climático, los compromisos que adoptasen cada uno para el futuro [12], tendrían el mismo grado de vinculación legal y de ambición. Y en esta situación de evidente tensión, esa equiparación entre unos y otros no sería necesariamente al alza, sino más bien parece más probable lo contrario. Esto es, que en cumplimiento de sus intenciones, los países enriquecidos vean rebajadas considerablemente sus obligaciones tanto de reducción de emisiones como de transferencia de recursos al Sur, y los emergentes aumenten algo sus obligaciones de limitación de emisiones a la vez que dejan de percibir una parte de las inversiones, en forma de proyectos sobre todo, de parte de aquéllos.

Este escenario nos aboca a un futuro cierto de fracaso en la lucha contra el cambio climático, con todas las implicaciones que esto tiene para las vidas de millones de personas. Siguiendo el método de Copenhague y Cancún, y la batalla por la responsabilidad emprendida por los países enriquecidos, se comprueba que no se es eficaz para afrontar globalmente el cambio climático, y mucho menos justo y equitativo en la relación Norte-Sur.

Haríamos mejor…

Se hace necesario salvar el desafiante abismo que existe entre una realidad dominada por dinámicas mercantilizantes y globalizadoras, y unas herramientas socio-políticas obsoletas que no sirven para encontrar solución a esa realidad que se les escapa. Un primer paso sería superar el modelo Estado-nación para resolver el problema que se detecta con los indicadores actuales (basados en las emisiones por país), que no tienen en cuenta las importaciones de GEI en los bienes de consumo y las llamadas fugas de carbono [13]; y con las soluciones que se proponen, basadas en su práctica totalidad en mecanismos de mercado (ineficientes por definición para resolver un problema, como el cambio climático, que han agudizado). Y ese sería solamente el principio.