El ATC: un conflicto nuclear

Si se prolonga la vida de las nucleares, sus residuos no cabrán en esta instalación.

Francisco Castejón, Área de Energía de Ecologistas en Acción [1]. Revista El Ecologista nº 68

El Gobierno sigue sin decidir la ubicación del cementerio nuclear que almacenará los residuos de alta actividad de las nucleares españolas, el conocido como ATC. La fuerte oposición social en todos los lugares candidatos ha complicado mucho la decisión. Por su parte, los grupos ecologistas no están dispuestos a admitir ninguna forma de gestión de los residuos, ni tampoco esta instalación, mientras no haya un calendario de cierre de las centrales, algo que parece cada día más lejano a medida que se confirma el giro pronuclear del Gobierno.

Hace ya casi cinco años que el Gobierno quería tener resuelto el problema de la ubicación del almacén transitorio centralizado (ATC), donde se guardarán durante al menos sesenta años los residuos de alta actividad procedentes de todas las centrales nucleares españolas. En verano de 2006 se pone en marcha un proceso de búsqueda de emplazamientos. Se coloca un anuncio en la prensa, con girasol de colores incluido, que anima a solicitar información a los municipios interesados en albergar el ATC.

Este anuncio, aparentemente abierto a todo el mundo, tenía ya claros destinatarios, dados los contactos que se estaban produciendo entre los dos actores más importantes de este proceso: Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) y la AMAC (Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares). De hecho, esta asociación había celebrado una asamblea en 2005 en Zaragoza en la que Mariano Vila, su gerente, había conseguido llegar a unos acuerdos muy importantes que tenían dos patas: el compromiso de la AMAC para ayudar a buscar un emplazamiento para el ATC y el que todos sus miembros aceptarán la designación de una única zona nuclear para albergarlo. Conseguir este acuerdo era difícil porque suponía que los fondos de Enresa, que hoy se distribuyen entre todas las zonas nucleares enjugando los descontentos que podría suponer tener una central nuclear cerca de casa, acabarían en una única de las zonas nucleares.

No es fácil comprender porqué los miembros de la AMAC aceptan este acuerdo, cuando para ellos la opción por los ATI (almacenes transitorios individuales) sería en principio más ventajosa, puesto que mantendría el actual statu quo de reparto de los pingües dineros de Enresa. Sin embargo, el Gobierno y la propia Enresa manifestaron claramente y desde el primer momento tanto su opción por el ATC como que esta instalación no tenía por qué ir necesariamente a una zona nuclear. En plata: si la AMAC se lo ponía muy difícil, el Gobierno podría buscar un emplazamiento fuera de ese ámbito y todos los miembros de la AMAC acabarían por perderlo todo. Así que el acuerdo de la AMAC de Zaragoza les permitía optar por el mal menor y que al menos una de las zonas nucleares recibiera las compensaciones, cifradas en unos 6 millones de euros anuales.

Dos zonas candidatas aparecían como favoritas en la AMAC: el centro de la Península, es decir los pueblos cercanos a Trillo y Zorita (ambas centrales en Guadalajara) o los pueblos cercanos a Ascó y Vandellós (Tarragona). La observación cercana de los movimientos de la AMAC muestra que dos de estos municipios son más proclives a recibir el ATC: Yebra en Guadalajara y Ascó en Tarragona. Sus regidores niegan una y otra vez las afirmaciones de Ecologistas en Acción en este sentido aduciendo que no existía ningún proceso en marcha y que, por tanto, no podían ser candidatos. Pero el tiempo nos ha dado la razón y estos municipios no sólo se ofrecieron para acoger el ATC, sino que fueron las zonas favoritas para Enresa y, hoy en día, Ascó aparece ya como un firme candidato.

Un nuevo intento

Sin embargo, aquel proceso de 2006 naufragó porque tanto Enresa como la AMAC olvidaron tener en cuenta al actor fundamental: la sociedad. Las poblaciones de los pueblos afectados tenían algo que decir. Fue clave para esto que el alcalde de Peque, un pequeño pueblo de Zamora, saltara a la palestra mostrándose favorable a la instalación del ATC en su pueblo. Las fuertes movilizaciones de Peque contagiaron a las zonas de la AMAC y, en parte convocados por grupos ecologistas, en parte organizándose por sí mismos, los habitantes de las zonas señaladas se movilizaron mostrando su oposición a la instalación del ATC.

Las sucesivas citas electorales desde 2006 (elecciones locales en 2007, generales en 2008 y europeas en 2009) paralizan la parte pública del proceso de búsqueda del lugar para instalar el ATC. Hasta que, finalmente, el 29 de diciembre de 2009, en plenas navidades, se publica en el BOE el decreto que relanza la búsqueda de candidatos. Se ponía en marcha un proceso con vicios similares a los de 2006: se daba un mes de plazo a los municipios para presentar sus candidaturas. Y el único requisito que se pedía era haberlo aprobado en un pleno municipal. Miguel Sebastián, Ministro de Industria, se jactaba de que iban a aparecer un gran número de candidatos, puesto que el ATC supondría hipotéticamente un gran beneficio para el municipio que lo albergara (hay más de 8.000 ayuntamientos en el Estado español). Pero sólo se presentaron catorce pueblos, que quedaron reducidos a ocho. Llama la atención también que no hubiera ningún candidato que superara los 500 habitantes.

Sin embargo, hay que reconocer que el plantel de candidatos era suficiente para establecer una negociación efectiva para Industria: los había de dentro y de fuera de la AMAC, y de varias Comunidades Autónomas. Los candidatos fueron Yebra y Villar de Cañas en Castilla-La Mancha; Santervás, Melgar y Congosto en Castilla y León; Albalá en Extremadura; Zarra en el País Valenciano y Ascó en Cataluña.

Este proceso, todavía hoy en marcha, adolece de varios vicios que violan el Convenio de Aarhus, al que está adherido España desde 2005. En primer lugar, no basta con convocar a los ayuntamientos, sino que hay que tener en cuenta a las poblaciones de las zonas afectadas. Es necesario arbitrar mecanismos de debate y decisión que tengan en cuenta a quienes van a sufrir la instalación. Además, en este debate, han de ponerse sobre la mesa todas las opciones técnicas y no dar ya una por sentada. En nuestro caso, se trataría de discutir si la mejor opción es el ATC o varios ATI, si ha de ser en superficie o enterrado, si en seco o en una piscina…

Aducir que la población no está preparada para esta discusión técnica no es suficiente, porque se puede hacer un esfuerzo divulgativo para dar los elementos de juicio necesarios y, por otro lado, las sociedades afectadas pueden designar expertos de su confianza que participen en el debate. Además, el Gobierno no marca límite de tiempo alguno, lo que dificulta los procesos democráticos dado que es muy difícil mantener el interés de los grupos sociales durante un tiempo dilatado.

La información sobre las características técnicas del ATC y de las compensaciones económicas que se ofrecían a los municipios candidatos eran también insuficientes, como reconoció la Audiencia Nacional en una sentencia en 2010. Y por si todo esto fuera poco, se detectaron abundantes reuniones de responsables de Enresa con los alcaldes de los municipios candidatos antes de que éstos se ofrecieran públicamente. El ocultismo y la falta de democracia volvían a estar presentes en los procesos que involucran a la industria nuclear.

Y se pasaba por alto otro elemento muy importante. En todos los procesos que afectan tan fuertemente al territorio hay que tener en cuenta la organización del Estado en Autonomías. No basta con conseguir el consenso y la unanimidad en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, es imprescindible tener en cuenta el poder autonómico. Éste tiene la característica de estar más cerca de los ciudadanos y de ser más sensible a sus reivindicaciones, para bien y para mal.

De nuevo se paraliza el proceso

Con asombrosa rapidez y dinamismo se pusieron en marcha plataformas anti-ATC en las zonas candidatas en que aún no existían. Mucha imaginación, mucho debate, mucho amor al territorio se ponen en juego y consiguen, primero, levantar una fuerte oposición social en todos los lugares candidatos y, en segundo lugar, motivar a políticos influyentes. El debate que no propiciaron ni Enresa ni Industria fue llevado a los territorios por las sociedades afectadas.

La reacción de los políticos y la organización autonómica de nuestro Estado han sido claves en el rumbo del proceso. Barreda, el presidente de Castilla-La Mancha fue pionero en la oposición a instalar el ATC en su comunidad, restando así muchos enteros a la candidatura de Yebra. La fuerte oposición alcarreña, con numerosas manifestaciones y actos imaginativos, incluyendo una manifestación de unas 15.000 personas en la ciudad de Guadalajara, probablemente la más grande en la historia de esta ciudad, mostraron a las claras que la ubicación del ATC en esa comunidad sería conflictiva. Y que era lógico que el Presidente se pusiera del lado del clamor de sus ciudadanos.

Con menos tiempo de preparación –puesto que los alcarreños tenían ya muchos años de experiencia movilizadora en contra de intentos de instalar cementerios nucleares en su territorio– e intentando sacudirse el susto de verse amenazados por el ATC, las otras plataformas también se pusieron en marcha y fueron capaces de movilizar las sociedades de los municipios cercanos. Poco a poco otros presidentes autonómicos se posicionaron en contra de la instalación: Fernández Vara en Extremadura y Montilla en Cataluña se opusieron públicamente. El presidente de Castilla y León condiciona la instalación del ATC en su comunidad a la continuidad de la central de Garoña, introduciendo sin quererlo un elemento clave en el debate: no se puede hablar de gestión de residuos radiactivos sin hablar del futuro de las nucleares. Para terminar, Camps, el presidente de la Comunidad Valenciana, mantiene un ominoso silencio.

Uno de los efectos positivos de este proceso de oposición ha sido la puesta en marcha de dinámicas de movilización y de articulación del territorio. El amor a la tierra es un motor de desarrollo y de vitalidad local. Los miembros de las plataformas tienen la oportunidad de transformar el tejido social creado en un elemento clave para el desarrollo local. Los activistas pueden convertirse en agentes de desarrollo local, con la característica positiva de tener en cuenta los problemas ambientales en sus propuestas.

Y ahora ¿qué?

Tras meses de parálisis, el Gobierno nos sorprende con un Consejo de Ministros, en septiembre de 2010, en el que el Ministerio de Industria propone que el ATC se ubique en Zarra (Valencia). Esta propuesta se basa en un informe realizado por Industria, sin siquiera tener en cuenta los dictámenes de la Comisión Interministerial creada en 2009 para asesorar al Gobierno en su decisión final. Tras Zarra y a muy poca distancia aparece el emplazamiento de Ascó. La elección a favor de Zarra se detiene finalmente por la intervención de la Vicepresidenta Fernández de la Vega.

La decisión de elegir Zarra podría tener que ver en realidad con varios elementos que no aparecen en el informe: en primera instancia, la falta de oposición del Presidente Camps, además del hecho de que la vicepresidenta es valenciana y entonces se especulaba con que pudiera presentarse a las elecciones de la Generalitat Valenciana. Por otra parte, no es desdeñable el hecho de que sería más fácil presionar sobre el Gobierno valenciano dados los escándalos de corrupción que lo salpican. En particular, los terrenos ofrecidos en Zarra para ubicar el ATC pertenecen a una empresa cuyos propietarios son familiares del consejero Cotino. La plataforma anti-ATC de Zarra se movilizó con energía ante esta amenaza convocando numerosos actos de protesta en la comarca y en la ciudad de Valencia, llegando incluso a convocar una nutrida protesta en Madrid, enfrente del Ministerio de Industria.

Las elecciones catalanas de noviembre de 2010, con el triunfo de CiU, suponen un importante cambio en la situación y hacen que la candidatura de Ascó vuelva a ganar puntos. CiU nunca se ha opuesto abiertamente a la instalación del ATC en Cataluña y, más aún, Artur Mas hizo unas atrevidas declaraciones manifestando su disposición a recibir tal instalación. Esto introduce una nueva variable en el panorama, puesto que la elección de Ascó reduciría notablemente el conflicto político para el Gobierno. Sin embargo no puede decirse lo mismo del conflicto social, ya que la fuerte oposición de la población de las Tierras del Ebro no ha bajado un ápice.

Ésta es pues la situación. Las candidaturas de Ascó y Zarra son las favoritas de Industria por razones sobe todo políticas y de rebajar el conflicto en lo posible. Sin embargo, las poblaciones de los pueblos cercanos a ambos emplazamientos han seguido manifestando de forma vigorosa su oposición. Lo mismo cabe decir del resto de las plataformas que se oponen al ATC, algo que es clave para que el panorama no se incline a favor de otro candidato distinto de Zarra y Ascó. Las claves para elegir el emplazamiento son, como se ha visto, más de índole política que técnica y nadie debe bajar la guardia.

También se ha demostrado que todas las presiones que se hacían con el argumento de que los residuos de Vandellós I debían regresar a España antes del 1 de enero de 2011 eran una falacia. En estos momentos Enresa está pagando la friolera de unos 60.000 euros diarios en concepto de depósito que será devuelto cuando aquellos residuos se traigan de vuelta a nuestro país. La fecha que sí suponía una verdadera presión era el llenado de la piscina de combustible gastado de la central nuclear de Ascó I, que ocurrirá en 2014. Pero era obvio que el proceso no iba a acabar a tiempo para evitar la construcción de un ATI en Ascó.

La desesperación del Gobierno por este asunto llega hasta el extremo de que la elección de un emplazamiento para el ATC se incluye, como elemento de presión, en uno de los puntos del pacto social ofrecido a los sindicatos UGT y CC OO. Pero lo peor de todo, es que el reciente y vergonzoso cambio en la posición del Gobierno en cuanto al cierre de las nucleares, que podrían ampliar mucho su funcionamiento, haría que ni siquiera el ATC, tal como está diseñado hoy, tuviese la capacidad suficiente para almacenar todos los residuos.

En definitiva, la visión general de todo el proceso muestra que la solución al problema de los residuos nucleares de alta radiactividad pasa por conseguir un consenso social sobre la forma de gestionarlos. Y este acuerdo no será posible sin el establecimiento de un calendario de cierre de las centrales nucleares, algo que ahora está todavía más lejano.

La prórroga de la vida de las nucleares invalida el diseño del ATC
El Sexto Plan General de Residuos Radiactivos, aprobado en junio de 2006, contempla una estrategia de gestión de los residuos radiactivos generados por las centrales con una vida de 40 años. Esto implica la gestión de 6.674 toneladas de combustible gastado, que encapsuladas ocuparían unos 10.000 metros cúbicos, de las que ya se han producido más de la mitad. Además, hay que sumar los residuos de Vandellós I que se encuentran en La Hague (Francia) y que suponen 13 m3 de residuos de alta actividad y los 666 m3 de media. La ampliación de la vida de las centrales a, pongamos por caso, 60 años implicaría cambiar el proyecto del ATC para aumentar su capacidad en un 50% y, asimismo, aumentarían también los transportes en un 50%. Esto supone una vuelta de tuerca más en el cheque en blanco que se le pide a los municipios candidatos, puesto que se les engañó con el tamaño de la instalación así como con el volumen de los transportes.