Corrupción urbanística en Lanzarote

¿Por qué unas jornadas de legalidad territorial en esta Reserva de la Biosfera?

Saúl García Crespo, periodista. Revista El Ecologista nº 68

El caso de Lanzarote es peculiar. Ha pasado en dos décadas de tener un plan de ordenación insular modélico que intentaba controlar la presión urbanística especulativa, además de ser declarada en su conjunto Reserva de la Biosfera, a tener en la actualidad más de 11 alcaldes y exalcaldes imputados por corrupción, lo que no es poco si recordamos que la isla sólo tiene 7 municipios.

“Me siento satisfecho de que en buena parte de la Isla haya calado esa conciencia de respeto, desarrollo armónico, integración y sensibilidad ecológica, culminada en un Plan Insular de Ordenación del Territorio que nos sirve de legítimo marco de referencia al que debemos nuestra total fidelidad, respeto y salvaguarda activa”. César Manrique nunca pudo pronunciar estas palabras en público porque murió en septiembre de 1992, pocos días después de escribirlas para la celebración del Día Mundial del Turismo en Lanzarote. Sólo dos años antes no se atisbaba ese optimismo en el artista que cambió una Isla: “Es aún más grave si cabe que después de aprobado el Plan todavía nuestros alcaldes quieren poner condiciones para ellos recibir más millones para hacer más bungalós, hoteles…”, decía.

Las dos opiniones se escribieron hace dos décadas pero su puesta en común tendría la misma validez hace diez años o ayer mismo. La isla ha vivido su historia reciente inmersa en la confrontación de dos modelos para el mismo territorio: el de la planificación, la conservación y la participación frente al de la desregulación, el crecimiento y la imposición. Lanzarote se propuso llevar a la práctica el desarrollo sostenible cuando en España aún no se había acuñado el término y también tuvo el privilegio de constatar empíricamente que entre la literatura y la tierra hay un abismo de intereses por el que despeñan los sueños.

Un plan de ordenación pionero

César Manrique volvió de Nueva York a Lanzarote en 1968 con la intención de plantar la semilla del desarrollo en una isla pobre, agrícola y pesquera, en la que sólo unos años antes se había puesto en marcha la tercera desaladora de agua marina del mundo. El año de su vuelta se construyó el primer hotel (hoy hay sesenta y siete) y se inauguraron la Cueva de los Verdes y los Jameos del Agua, dos de las obras pioneras del concepto Arte-Naturaleza y que forman parte de la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. Comenzaron a llegar los turistas y sólo unos años después la Isla ya había cambiado demasiado, así que en los años ochenta comienza a plantearse la necesidad de controlar el crecimiento.

En 1991 se aprueba el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Lanzarote bajo el paraguas de la Ley canaria de planes insulares de 1987. Lanzarote fue la primera de las islas en aprobar ese plan y también en dar un giro al espíritu de los que se habían hecho hasta entonces. Si el Plan de 1973 se diseñó para crecer, el de 1991 se hizo para todo lo contrario. Anuló veinte planes urbanísticos que no se habían desarrollado, desclasificó 250.000 plazas turísticas, fijó el techo de plazas totales, limitó la construcción turística a sólo tres zonas para evitar mayor ocupación de suelo y se arrogó, en esas zonas, la capacidad de programar el crecimiento urbanístico por encima de los ayuntamientos. El texto fue aprobado por unanimidad y tuvo una gran influencia en los planes del resto de las islas y en otros planes de toda España.

Dos años después, y con el impulso determinante de la aprobación de ese Plan, Lanzarote fue galardonada con el título de Reserva de la Biosfera, lo que supuso también el inicio de un cambio de criterio en la elección de estos lugares, que dejaron de ser sólo santuarios de naturaleza para experimentar cómo se puede combinar el desarrollo económico de sus habitantes con la conservación de su paisaje y biodiversidad. De forma paralela se inicia la Estrategia Lanzarote en la Biosfera, unos estudios con ocho líneas de acción y veintisiete programas de actuación que intentaron prevenir riesgos futuros que hoy ya son presentes y que promovieron mejores prácticas en energía, agua, residuos o transporte. La Reserva de la Biosfera se dotó de un Consejo en el que participaron diversos agentes sociales y que fue el germen de estos estudios.

La moratoria que no fue tal

La población de la Isla crece desaforadamente, de los 65.000 habitantes en 1991 a los 96.000 en el año 2000, al ritmo que marca la construcción y la llamada del empleo. En 1998 se plantea hacer una revisión al PIO, que culmina en 2000 con la aprobación de la llamada Moratoria, también pionera e imitada posteriormente por el Gobierno canario. Esta revisión quiere evitar la masificación y conversión de la Isla en un destino vulgar. Para ello fija ritmos de crecimiento y estándares de calidad, un nuevo techo alojativo y permite construir en diez años 10.700 plazas. Prohíbe construir apartamentos y sólo se contemplan hoteles de cuatro y cinco estrellas. También se aprueba por unanimidad porque el discurso ha calado en la población, que se beneficia de la riqueza y el empleo aunque sufre el cambio radical de una Isla que ya no reconoce.

Sin embargo, la sociedad, o el discurso público, van por un lado y las necesidades del mercado, la debilidad política y la corrupción, por otro. La Moratoria supone un freno a la construcción, que se había convertido en un negocio más rentable que el turismo. En el Archipiélago existe una herramienta fiscal llamada Reserva de Inversiones de Canarias por la que se deja de pagar impuestos si se reinvierten los beneficios. Casi todo el dinero, cientos de millones, se invierte en construir nueva planta hotelera, lo más sencillo y lo más rentable, ya que se hace sobre suelos que se habían adquirido hace años a un precio muy barato. A esto hay que sumar que una docena de proyectos hoteleros consiguen más de treinta y siete millones de euros en subvenciones de la Unión Europea para zonas en desarrollo, precisamente en un momento en que la propia Isla legisla para no desarrollarse tanto. El Gobierno de Canarias, el encargado de aprobar de forma definitiva la Moratoria, da el visto bueno a todas esas subvenciones, en un ejercicio de bipolaridad sorprendente. El resultado es que se ponen en marcha en un lustro cerca de treinta complejos turísticos que suponen unas 13.000 plazas.

Las licencias para construir esas plazas las otorgan dos alcaldes, los de Yaiza y Teguise, donde se encuentran dos de las tres zonas turísticas de la Isla. Ambos tenían la obligación de comunicar esas licencias al Cabildo para que informara sobre ellas sobre la base del PIO y la Moratoria y determinara si cumplían los requisitos exigidos. Acogiéndose a la autonomía municipal, los dos alcaldes, de partidos distintos, siguen una misma estrategia. Conceden las licencias apenas sin informes jurídicos o técnicos o incluso con informes contrarios. No debe extrañar que en una mesa redonda sobre legalidad territorial y ambiental que se celebró en la isla en octubre de 2006, coincidiendo con el primer Congreso de Reservas de la Biosfera de España, el magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, dijera que “el urbanismo es algo muy importante como para dejarlo en manos de los ayuntamientos”. La estrategia de los ayuntamientos no se queda ahí. Ocultando las licencias ganan tiempo y los hoteles comienzan a construirse. Junto a los promotores a los que han dado esas licencias, recurren la Moratoria ante los tribunales, defendidos todos por el mismo abogado, y actúan en realidad como si ya les hubieran dado la razón. En 2010 el Tribunal Supremo anula la Moratoria, que ya había expirado, porque no contemplaba previsiones económicas para compensar las plazas desclasificadas, pero no discute la validez de su programación.

Comienza entonces una guerra en los tribunales que aún no ha terminado y que puede ser la respuesta más concreta a la pregunta del título del artículo. El Cabildo opta por impugnar cerca de treinta licencias y por solicitar medidas cautelares como la paralización de las obras, algo a lo que los jueces acceden en pocos casos, permitiendo que se construya el resto. El proceso ocupa gran parte de la atención política y mediática de los últimos años en la Isla, pero el resumen es sencillo: todas las sentencias, ya firmes, son favorables al Cabildo. Se anulan todas las licencias y muchos hoteles, ya abiertos, se exponen al derribo.

Con las sentencias en la mano, el Cabildo no pide su ejecución sino que inicia un proyecto legislativo que contempla un proceso de legalización (distinto para cada caso y que tenía que ser validado por los tribunales) que, en líneas generales, contempla un mecanismo de compensaciones a base de desclasificar suelo turístico y ponerlo a disposición del Cabildo. En ese contexto se organizan las II Jornadas de legalidad territorial y ambiental en marzo de 2009, que ponen sobre la mesa, ente otras muchas cosas, la lentitud de la Justicia para responder a estos procesos y la dificultad para ejecutar las sentencias en todo el territorio nacional. La propuesta no se culmina ya que cambia el grupo de gobierno en el Cabildo, algo ya habitual cada vez que se intenta elevar una iniciativa contra los intereses de los empresarios locales más influyentes. Por otra parte, la Fundación César Manrique se había sumado a todos los recursos ejerciendo la acción pública y comienza a solicitar la ejecución de las sentencias, lo que constituye una nueva fase del proceso, que acaba de comenzar. De forma paralela, se incrementa la campaña de desprestigio contra la Fundación, que se suma a las presiones que han sufrido y sufren algunos funcionarios y personas vinculadas al movimiento ciudadano y ecologista.

Tras el boom, un 30% de paro

La visión empresarial sobre la construcción de estos hoteles es que los tribunales los anulan por meros defectos formales, que se construyeron sobre suelo turístico y que si se tiraran se podrían volver a construir en el mismo sitio y que se ha edificado la mejor y más moderna planta hotelera de Canarias que ha mejorado la calidad del destino Lanzarote. Es una manera de verlo. Otra visión es que esos hoteles se saltaron la ley y en muchos casos, ante la falta de control, lo que se construyó no sólo no coincide con lo que se permitía sino tampoco con el proyecto que se presentó. Por otra parte, la construcción de esos hoteles produjo una sobreoferta alojativa. El mercado no ha podido absorber tantas plazas en tan poco tiempo y, debido al exceso de camas, los precios se han desplomado y los touroperadores han conseguido una posición de fuerza frente al empresariado local. El boom de la construcción atrajo mano de obra de fuera y la población de la Isla no paró de crecer, hasta los 141.000 habitantes actuales, provocando desajustes en la convivencia y en los servicios públicos. Una década después y con la llegada de la crisis, Lanzarote paga sus rigores de forma especial: se ha pasado de contar con un paro testimonial a una tasa de más del 30%. Arrecife es la ciudad de España de más de 50.000 habitantes con mayor índice de paro. Yaiza, que se tenía que haber beneficiado de los ingresos de la construcción y el turismo porque fue el municipio canario que más creció, sin embargo es uno de los más endeudados y actualmente tiene problemas para pagar las nóminas a sus trabajadores.

Finalmente, el caso ha traspasado la vía administrativa y se ha instalado en la penal. El abogado que ha llevado la defensa del Cabildo elaboró un informe en el que se concluía que las licencias a los hoteles respondían a una estrategia organizada. El entonces consejero de política territorial lo llevó a la Udyco, el departamento de la Policía Nacional encargado del crimen organizado, y eso desembocó en una investigación y unas diligencias judiciales abiertas en 2007 y que ya han dado como resultado la imputación de cerca de treinta personas entre empresarios que consiguieron licencias, técnicos municipales de Yaiza, el ex alcalde y toda su familia, a quienes la Policía les ha encontrado un patrimonio de más de 700.000 euros sin justificar. El ex alcalde, además, confesó que algunos empresarios le habían dado dinero por conceder licencias, algo que ha corroborado un testigo respecto de otros empresarios.

Lanzarote es una isla acostumbrada a vivir con la corrupción. Sobre la Isla está en marcha otra operación policial y judicial que ya suma cincuenta y seis detenidos y cerca de cien imputados, entre ellos los empresarios más relevantes (algunos, imputados también en el caso de los hoteles), funcionarios públicos y políticos de distintas formaciones. La participación en las elecciones es baja y el miedo a hablar del ciudadano medio es habitual. Sin embargo siempre ha habido una respuesta crítica de la sociedad civil, por parte de grupos ecologistas o ciudadanos. Foro Lanzarote agrupó a muchos de ellos y logró sacar a la calle a diez mil personas el 27 de septiembre de 2002 para protestar por el crecimiento abusivo y las malas prácticas políticas bajo el lema ‘Ni una cama más’. Las luchas internas, el cansancio y el hartazgo o simplemente la crisis económica han acabado por hacer su trabajo. Hoy la respuesta social es un páramo y las personas más preparadas huyen de la política.

En todos estos años no se han solucionado los graves problemas de energía, agua y residuos, que hacen a la Isla cada vez más insostenible. Actualmente se redacta el nuevo Plan insular y ya no se habla de la contención del crecimiento como un objetivo prioritario sino de la necesidad de diversificar la economía. Se dice que “la crisis lo cambia todo” y que hay que poner las bases para solucionar una situación de emergencia como es el paro. El sector turístico y las autoridades ponen su empeño de nuevo en captar más turistas a pesar de que reconocen que el futuro es la especialización y la calidad. El Gobierno de Canarias propone a los complejos turísticos obsoletos que puedan construir una plaza más por cada dos que rehabiliten. Se pide la bonificación de las tasas aeroportuarias y la ampliación de la pista del aeropuerto para captar nuevos mercados más lejanos. Nada nuevo. Se ponen las bases, en definitiva, para salir de esta crisis ahora pero fraguar las causas de la próxima.

El resumen lo explica mejor César Manrique: “Muchos han sido los años de lucha para que Lanzarote aprendiese a salvar su identidad […] y cuando ya la batalla parecía ganada porque se había llevado a la conciencia de todos los buenos lanzaroteños que la tarea de salvación es una empresa común […] resulta que todo se está viniendo abajo por la falta de visión de futuro de empresas-industriales-comerciales cuyos únicos fines son ganar dinero sin que les importe el futuro de un territorio natural que había logrado singularizarse, para su bien, y sin la menor clase de respeto para sus habitantes y su economía presente y futura”. Son palabras escritas en 1985.

Enlaces web de interés
- www.legalidaurbanistica.org Ejemplo de defensa institucional de la legalidad territorial: estudio caso a caso de los complejos hoteleros con sentencias en contra.
- www.laopiniondelanzarote.com/cuadernos/secuestro/secuestro.htm Número de la revista ecologista Cuadernos del Guincho, secuestrada judicialmente al tratar la corrupción en la isla.
- www.datosdelanzarote.com
- http://eufunds.ftdata.co.uk/: base de datos para comprobar dónde va el dinero de las subvenciones europeas
- www.fcmanrique.org
- www.laopiniondelanzarote.com/cuadernos/index.htm
- www.centrosturisticos.com/centros/CENTROS/published_es/DEFAULT/index.html
- www.memoriadelanzarote.com/, para consultar los planes insulares