El Gobierno de Canarias niega información al Defensor del Pueblo sobre El Rincón

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Domingo Berriel, “persiste en su actitud de no enviar la información pedida” por el Defensor del Pueblo, según ha comunicado el Adjunto Segundo de esta institución, Manuel Ángel Aguilar Belda, a la Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción tras la queja que esta organización presentó hace siete meses en relación al abandono en que el Gobierno de Canarias mantiene al litoral de La Orotava.

Los ecologistas solicitaron el pasado 10 de agosto la intervención del Defensor del Pueblo “para hacer cumplir el precepto constitucional y disfrute al medio ambiente, así como su conservación, que en el caso de esta singular área del litoral del norte de Tenerife, de gran valor paisajístico y agrícola, está amenazada por la desidia de las instituciones”, las cuales ignoran la Ley 5/1992 del Parlamento de Canarias, para la ordenación de la zona de El Rincón, y el Plan Especial de la zona de El Rincón, publicado en el BOC el 19 de diciembre de 1997. En su queja, la Coordinadora detallaba sus periódicas cartas dirigidas al Gobierno de Canarias, instando al cumplimiento del Plan Especial, sin que haya respondido en estos diez años.

En su respuesta a la Coordinadora, Aguilar Belda señala que la Institución del Defensor del Pueblo “se ha visto obligada a recordar una vez más a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente su deber de colaborar para el rápido esclarecimiento de la situación planteada en la queja”. La Ley Orgánica del Defensor del Pueblo establece en su artículo 19 la obligación de colaboración de los organismos requeridos “con carácter preferente y urgente al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones”.

La Coordinadora Ecologista se ha dirigido de nuevo al Adjunto Segundo, Aguilar Belda, del Defensor del Pueblo solicitándole, como contempla la ley, que, “ante la persistencia de esta actitud hostil y entorpecedora de la labor de investigación del Defensor del Pueblo por parte de la consejería de Agricultura y Medio Ambiente, sea ésta objeto de un informe especial, además de destacarlo en la sección correspondiente de su informe anual a las Cortes Generales”, y que el Defensor “se persone en las oficinas de la Consejería para comprobar cuantos datos fueren menester, hacer las entrevistas personales pertinentes o proceder al estudio de los expedientes y documentación necesaria”.

Los ecologistas recuerdan al Defensor los graves perjuicios que para los ciudadanos en general y los propietarios de fincas, agricultores y vecinos, en particular, viene suponiendo el incumplimiento de los preceptos contemplados tanto en la Ley para la ordenación de El Rincón como en el Plan Especial, que incluye un Plan Operativo de Desarrollo Agrario, a lo largo de esta década.




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