Salamanca: Movilización antinuclear y en solidaridad con el pueblo de Japón
Movilización antinuclear y en solidaridad con el pueblo de Japón. Jueves 17 de marzo de 2011 a las 20:00h en la Pza San Boal (Centro Hispano Japonés)
La magnitud de la catástrofe ocurrida en Japón y la situación en que están las centrales nucleares de aquel país nos ha llevado a convocar de forma urgente un día de acción estatal contra la energía nuclear, en recuerdo de las víctimas y en solidaridad con la población japonesa.
El pueblo japonés se enfrenta a su peor crisis desde la II Guerra Mundial, el terremoto y tsunami posterior, provocó la pérdida de miles de vidas. Ecologistas en Acción de Salamanca quiere sumarse al dolor e impulsar la reconstrucción de este país.
Ecologistas en Acción sigue con especial preocupación la evolución de los acontecimientos en la central nuclear japonesa de Fukushima, como consecuencia del terremoto y el tsunami del pasado viernes y el fallo generalizado de los sistemas de seguridad de varios de sus reactores.
En nuestra provincia el referente nuclear es la Fábrica de combustible nuclear de Juzbado. Los incidentes, las sanciones que se le han impuesto en los últimos años, el extravío de material nuclear, todavía no esclarecido, o al menos no difundido a la opinión pública. La cantidad de volumen de uranio que entra y sale de Juzbado, y que circula constantemente por nuestras carreteras, las emisiones radiactivas al río Tormes, y el cementerio nuclear encubierto que significan las toneladas de residuos radiactivos que allí se almacenan, son hechos que los salmantinos tienen que conocer.
Como han publicado los medios de comunicación, el reactor 1 de la central de Fukushima, fuera de control desde el viernes a causa de los fallos en sus sistemas de refrigeración, es muy similar al de la central nuclear de Santa María de Garoña (tecnología de agua en ebullición BWR de General Electric, potencia de 460 MW, inicio de explotación en 1971), por lo que los fallos de sus sistemas de seguridad son un serio aviso sobre el peligro que supone la central burgalesa para la población y el medio ambiente en caso de accidente grave.
En ambos casos, se trata de centrales de primera generación, con tecnología de los años 60 del siglo pasado, que van a cumplir 40 años de funcionamiento y presentan serios síntomas de envejecimiento, no obstante lo cual han sido objeto de una ampliación de sus permisos de explotación más allá de la edad para la que fueron diseñadas, en el caso de Garoña hasta 2013, sacrificando la seguridad al interés de las empresas explotadoras por prorrogar los cuantiosos beneficios que proporcionan unas centrales con su inversión ya amortizada.
A pesar de resultar improbable en Garoña un episodio sísmico como el registrado en Japón, lo cierto es que se ha prorrogado el funcionamiento de una central obsoleta que ante un accidente grave o una situación no previsible (como un atentado terrorista) podría reproducir el comportamiento del reactor de Fukushima, en el que se ha liberado un volumen no precisado de gases radiactivos al exterior, se presume la posible fusión del núcleo y se ha evacuado a cientos de miles de personas en un radio de 20 kilómetros en torno a la central.
Este desastre debería ser suficiente para adelantar todo lo posible el cierre de la central, evitando exponer a la población del norte de Burgos y el sur del País Vasco a un riesgo innecesario. Hay que recordar que la central de Garoña es la única que queda de su generación, tras los cierres por accidente de Vandellos I (1989) y por vencimiento de su vida útil de Zorita (2006), en éste último caso por decisión de un Gobierno popular.
Los ecologistas consideran una irresponsabilidad el mantenimiento por razones comerciales o de oportunismo político de la central nuclear de Garoña, modificando el criterio adoptado en su día con Zorita, y recuerdan que su aporte al sistema eléctrico nacional es mínimo, y que sólo las energías renovables de Castilla y León suministraron durante 2010 cinco veces más electricidad que esta nuclear.
Según el Plan de Emergencia Nuclear de Garoña, en caso de accidente grave, se verían afectados de manera inmediata y severa 57.000 habitantes de 56 municipios burgaleses situados en un radio de 30 kilómetros en torno a la central, incluida la ciudad de Miranda de Ebro, más otros 10.000 del País Vasco y La Rioja.
Ecologistas en Acción deplora en particular la defensa a ultranza que la Junta de Castilla y León ha decidido asumir de la prórroga del actual permiso de explotación de la central nuclear de Garoña, con la excusa de defender el empleo, aumentando el riesgo de accidente y abandonando el sector de las energías renovables, que deberían ser la apuesta industrial estratégica de la Comunidad. Resultan patéticas las declaraciones de este sábado de Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, reivindicando la prolongación de la vida del reactor de Garoña en plena crisis por el accidente de su gemelo de Fukushima en Japón.
