Gallardón y la M-30: ¿el tribunal le da la razón?

Estupefacta. Así se declara la organización Ecologistas en Acción al oír las palabras del Alcalde afirmando que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid “le da la razón al Ayuntamiento” y que “ya ha cumplido el mandato que emana de la sentencia del TSJM”. Nada más falso. En lugar de asumir responsabilidades políticas y pedir disculpas, el Alcalde intenta confundir a la opinión pública.

Como es sabido, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha refrendado y confirmado la sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 22, de 16 de octubre de 2008, en la que el juez acogía “en su integridad los motivos de impugnación contenidos en la demanda” de Ecologistas en Acción y declara nulos los actos recurridos, esto es, todos los proyectos de soterramiento de la M-30 junto al cauce del Manzanares [1].

Pues bien, repasando esta sentencia que refrenda ahora el TSJM, Ecologistas en Acción le quiere preguntar al Alcalde de Madrid: ¿en qué medida le da la razón?

Efectivamente, si nos fijamos en la sentencia [2], en su página 33 se afirma que (los destacados en cursiva son nuestros): “La conducta de la administración que ahora se pretende hacer valer, extemporánea e improcedentemente, para que se desestime el recurso; esa conducta consistente en atender una carta de emplazamiento de la Comisión Europea y elaborar un “planning” de actuación para elaborar los preceptivos informes de impacto ambiental que había omitido durante la tramitación administrativa del expediente, no puede llevar a la conclusión de que la administración ha cumplido con sus obligaciones […] Tal conducta no supone otra cosa que el palmario reconocimiento de lo que los demandantes [Ecologistas en Acción] vienen sosteniendo en este proceso”.

O más adelante, en la misma página, en el inicio del punto séptimo, cuando la sentencia afirma que “la elaboración posterior de estudios de impacto ambiental no puede amparar la ilegalidad inicial de los actos, ni puede servir para subsanar las consecuencias de la omisión de este vicio trascendente”.

Así que Ecologistas en Acción se pregunta ¿en qué le da, pues, la razón esta sentencia al Ayuntamiento? ¿Dónde está la decencia política de Gallardón, al presentar un varapalo jurídico como un éxito de su gestión? ¿Toma a los ciudadanos por estúpidos? ¿Dónde están las explicaciones y disculpas que le debe a la ciudadanía, y más después de que la obra haya arruinado durante décadas a las arcas municipales? ¿O es que lo que piensa es que la política de los hechos consumados junto con la lentitud de la justicia puede hacer mutar una actuación ilegal en un éxito político?