Viviendas ilegales ante los tribunales

Si Ybarra y Moresco paralizan los expedientes a las viviendas ilegales, los denunciaremos ante los tribunales.

Las multas deben destinarse a construir viviendas protegidas para jóvenes y personas con pocos recursos.

Ecologistas en Acción quiere mostrar su perplejidad e indignación ante el anuncio que ha realizado el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de que se está ultimando la suspensión de sanciones a las viviendas ilegales. Indignación que aumenta por el hecho de anunciarse en plena campaña electoral; es decir, se intenta de nuevo atraerse el voto de las personas que han construido de forma ilegal en El Puerto prometiendo que no se les sancionará.

Es lamentable que se tenga que recordar a los políticos que las leyes están para cumplirse y que no se puede prometer a los infractores a las leyes que no se les sancionará, cuando además se trata de conductas gravísimas, que en ocasiones pueden incurrir en delitos tipificados en el Código Penal.

Si primero se prometió por parte del PSOE e IP legalizaciones a mansalva, ahora el PP, con el aplauso vergonzoso del Pleno, promete que paralizará las sanciones a los que han construido de forma ilegal en suelo no urbanizable ¡y todo unos días antes de las elecciones! Vergonzoso y lamentable. Todo menos cumplir la Ley, que obliga de forma taxativa a derribar las construcciones ilegales, y si no la derriba el propietario, a imponer multas coercitivas hasta que lo haga, y si no lo hace, demoler por la administración repercutiendo el coste en el propietario. En El Puerto no se derriba nada, y este convencimiento de impunidad es el que ha provocado la proliferación de este cáncer que ha destruido parte de nuestro territorio e hipotecado de forma irreversible el ordenamiento de nuestro municipio.

Llamamos la atención de la irresponsabilidad que supone este anuncio electoralista que va a provocar una nueva avalancha de construcciones ilegales al saberse inmunes a los expedientes ya que medio plazo se paralizarán o en todo caso las multas se descontarán de sus gastos de urbanización. La única arma eficaz contra esta lacra de la construcción ilegal es la aplicación estricta de la ley con la demolición de lo construido e imposición de multas. Estas medidas sancionadoras y el envío a Fiscalía de varios casos de construcciones ilegales es lo que ha paralizado en parte en estos tres últimos años este fenómeno en el Puerto

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) deja claro (Art. 185.2.A) que las parcelaciones ilegales no prescriben, por lo que el Ayuntamiento debe proceder a desmontar las infraestructuras de estas urbanizaciones ilegales (viales, redes de agua y electricidad, accesos…) independientemente del tiempo que haya pasado desde su construcción. Pero no hay ni un solo expediente contra estas parcelaciones, solo contra las viviendas a nivel individual, lo que ha permitido la total impunidad de los propietarios que han parcelado y urbanizado de forma ilegal fincas en suelo no urbanizable.

Es intolerable que se proponga que las multas ya pagadas se destinen a “compensar” los gastos de urbanización que obligatoriamente deberán sufragar los propietarios de estas construcciones ilegales. La Ley deja claro que las multas coercitivas se deben destinar a ampliar y mejora el Patrimonio Municipal de Suelo (PMS), esto es, adquirir terrenos públicos para construir viviendas protegidas y equipamientos públicos. Quien tiene que compensarnos a la mayoría de ciudadanos que no hemos infringido la legalidad es la minoría que sí lo han hecho, y una buena forma sería que se destinaran las multas que deben pagar a ampliar los suelos públicos y sufragar los gastos de construcción de viviendas protegidas para jóvenes y personas con menos recursos.

La situación es tan esperpéntica que se podría llegar a suspender las sanciones por construcciones ilegales en suelo no urbanizable y mantener las sanciones por infracciones menores en suelo urbano o urbanizable. Los ecologistas nos preguntamos ¿por que no se dicta también una amnistía para multas de tráfico o pago de impuestos? Más aún, ¿por qué no se permite que las multas que hemos pagado por infracciones de tráfico se destinen a las mejoras de nuestro propio vehículo infractor?

El Ayuntamiento, en vez de dedicarse a prometer a los constructores ilegales beneficios de todo tipo para ganarse su voto envenenado, debe hacer cumplir la ley, procediendo a cobrar las multas coercitivas, y destinando el dinero de estas multas a construir viviendas para los más necesitados, y derribar todo lo que no se vaya a legalizar.

Caso contrario, Ecologistas en Acción estudiaría acciones legales contra los responsables municipales que, por acción u omisión, se nieguen a aplicar la ley para que no se sancionen conductas estipuladas como infracción o delito por las leyes en vigor. Cabe recordar a la actual concejala de urbanismo casos muy recientes, como son la urbanización ilegal en el Penal o las obras de urbanización en San Antonio, con diligencias penales abiertas por inactividad o complicidad municipal.