La Junta de Andalucía pretende aprobar los Planes de Ordenación del Territorio de La Janda y el Campo de Gibraltar gestados en plena burbuja inmobiliaria.

La COTUA analiza mañana unos planes que prevén urbanizar millones de metros incluyendo terrenos protegidos del litoral.

La Consejera de Obras Publicas y Vivienda (COPV) ha convocado para mañana miércoles 6 de julio la COTUA (Comisión de Ordenación del territorio y Urbanismo de Andalucía) para informar los Planes de Ordenación del Territorio (POT) de La Janda y del Campo de Gibraltar, planes gestados en plena burbuja inmobiliaria y que la Junta pretende aprobar como si nada hubiera pasado. Estos POTs fomentan un modelo de crecimiento económico fracasado en base a crecimientos urbanísticos insostenibles. La Junta de Andalucía y los Ayuntamientos no se han enterado de esta crisis, y multiplican los ya de por si desmesuradas previsiones crecimientos urbanísticos que prevén los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUs), con proyectos disparatados que salpican toda la geografía de la Janda y del Campo de GIbraltar. Más de lo mismo promovido por los mismos que nos han abocado a esta grave crisis económica y social.

POT de La Janda

El POT incluye 18 áreas de oportunidad por toda la comarca. De especial gravedad e irresponsabilidad es la inclusión de macrourbanizaciones clónicas con campos de golf en espacios protegidos (La Sacristana en Alcalá de los Gazules, dentro de un Lugar de Interés Comunitaria-LIC), junto a poblaciones de alto valor histórico (Pocasangre en Medina), cercando un parque natural (Trafalgar-San Ambrosio en Barbate), o premiando a empresas que han vulnerado de forma sistemática la legalidad urbanística y medioambiental (Montenmedio en Vejer-Barbate).

La COPV ha eliminado tres áreas de oportunidad -El Bujar y El Següesal (Barbate) y Mangueta (Vejer)-, forzada por informes jurídicos que advertían de que se trataba de modificaciones sustanciales que obligaban a un nuevo periodo de información pública. Pero, sorpresivamente, incluye en la normativa nuevas determinaciones que posibilitarán el desarrollo de estos suelos residenciales y/o turísticos ¡¡en suelo no urbanizable!!, o la recalificación de los mismos.

- En El Bujar (Barbate), con 240 hectáreas, se contempla “Instalaciones recreativo-turística de interés territorial”, con campos de golf, hoteles…

- En El Següesal (Barbate) el Ayuntamiento de Barbate esté tramitando la modificación del PGOU para permitir un proyecto de mayor envergadura que el previsto en el área de oportunidad, pasando de 300 hectáreas a ¡¡4.672.000 m2!! en suelos clasificados actualmente como No Urbanizable de Especial Protección.

- En Mangueta (Vejer) se concentran todos los desvaríos posibles. Pasó de “Zona litoral de interés territorial”, a área de oportunidad turística, para pasar de nuevo a “Zona litoral de interés territorial”, pero en la normativa se admiten ¡construcción de hoteles! Esta inclusión es una imposición de la Caixa Cataluña y del candidato a alcalde del PSOE en las pasadas elecciones.

Si se tiene en cuenta estos desarrollos urbanístico encubiertos, las previsiones de crecimientos urbanístico del POT en la Janda puede ascender a unas 2.200 hectáreas (¡¡22,2 millones de m2!!), la construcción de 7.692 nuevas vividas de “interés territorial” y decenas de hoteles, algunos en suelo protegido, ¡Y sin que computen como nuevos suelos urbanizables ni nuevas viviendas a efectos del POTA!.

A esto hay que añadir cinco áreas de oportunidad residenciales con miles de vividas y nuevos habitantes (¿) y nuevos campos de golf, sin que el POT aclare de donde saldrá el agua ni la demanda existente para este tipo de turismo minoritario.

El POT mantiene como urbanizable a Malcucaña (El Palmar) a pesar de ser suelo inundable, contradiciendo así su propia normativa.

El POT ni siquiera plantea la regeneración de laguna de La Janda -la que fue mayor laguna de España- y que da nombre a la comarca.

POT del Campo de Gibraltar

Ecologistas en Acción plantea su oposición a la ampliación o nueva construcción industrial pesada, que suponga un aumento de emisiones o cualquier tipo de vertido contaminante en la comarca. El POT no desarrolla la ordenación industrial y la usurpación que durante décadas han venido realizando sobre el litoral, sobre las vegas fluviales y las zonas habitadas del Campo de Gibraltar.

También solicitamos un replanteamiento de los crecimientos urbanísticos desmesurados en un litoral ya muy urbanizado y tensionado por importante núcleos urbanos, complejos industriales y múltiples infraestructuras. El POT no concreta la localización de las áreas de oportunidad de tipo residencial o turística, pero las permite al arbitrio de los Ayuntamientos, lo que puede ser incluso peor. En una zona donde se han sobredimensionado los suelos residenciales y turísticos, se permitirán nuevos crecimientos con miles de viviendas –y más campos de golf- que superen incluso los amplios límites del POTA.

En concreto, vamos a solicitar:

- La protección integral de Borondo y Guadalquitón, que incluyen la zona mejor conservada del litoral mediterráneo de esta comarca, con playas vírgenes, complejos dunares, el único bosque litoral de alcornoques y acebuches que se conserva en la zona y una enorme biodiversidad. El Ayuntamiento de San Roque y los propietarios han intentado todo tipo de maniobras para urbanizarlas, pero cuentan con una Declaración de Impacto Ambiental negativa de la Consejería de Medio Ambiente (CMA). El POT las declara Zona de Interés Territorial, pero se dejan excluidos dos zonas tras las dunas donde se permiten ¡¡aparcamientos e instalaciones hoteleras!!.

- Crear un corredor verde que conecte el litoral con el Parque Natural Los Alcornocales, incluyendo, además de estas fincas, La Sierra del Arca y Carbonera, La Alcaidesa, Pinar del Rey, Mojones Blancos, Sierra Almenara, Los ríos Hozgarganta y Guadiaro y la finca El Chapatal en Castellar. Instamos a la Junta para que estas fincas se protejan y entren a formar parte de la red de Espacios Protegidos de Andalucía como “Corredor Verde y Los Alcornocales”.

- Que se declare el Área Estratégica de Santa Rosa (San Roque) como Suelo No Urbanizable y se pase a Área de Interés Paisajístico, habida cuenta de las pretensiones del Ayuntamiento de declararla urbanizable.

- Eliminar y desmontar los rellenos de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del “Fresno Sur”, que se está construyendo en suelos inundables de la desembocadura del río Palmones, en Los Barrios. Esta actuación se está ejecutando sin evaluación del impacto ambiental y sin estudio hidrológico.

- Eliminación de los suelos urbanizables de “La Menacha II” (Algeciras), compuestos en su mayor parte por bosques formados por Alcornoques, Acebuches, Fresnos y Alisos. Esta recalificación se tramitó, con fines residenciales, a través de un convenio urbanístico. Dicho proyecto cuenta con informe negativo de la CMA.

- Nos oponemos a las actuaciones de “mejora” de cauces que pretenden desviar ríos –como el Palmones- o rellenar suelos inundables para permitir complejos industriales, desarrollos urbanísticos o grandes infraestructuras.

- Eliminación del proyecto de ampliación del puerto de Tarifa, ya desestimado por el Ministerio de Medio Ambiente por su alto impacto ambiental.

- La eliminación de todos los subterfugios que permiten desarrollos urbanísticos –sobre todo hoteles e instalaciones deportivas (¿)- en suelos no urbanizable, incluso en parques naturales, como son las “Instalaciones recreativo-turísticas”.

Ecologistas en Acción solicitará a la consejera de OPV en la reunión de la COTUA la retirada de estos Planes de Ordenación del Territorio, y exigirá que se revisen en profundidad los criterios que lo han inspirado para impedir que se reproduzca el nefasto y fracasado modelo de las recalificaciones masivas de suelos, de la expansión injustificada de los núcleos urbanos, de la creación de nuevos núcleos turísticos y de población en los que los Ayuntamiento terminan por no poder asumir los servicios públicos mínimos, o la construcción de viviendas sin demanda real para potencias el sector del ladrillo. Este intento de revitalizar la política del “ladrillo”, además de irresponsable, está avocada de nuevo al fracaso y contradice los compromisos de la Junta de Andalucía y el Gobierno Central de promover un nuevo modelo de desarrollo basado en el conocimiento, la innovación y la educación.