Responsabilidades sobre la anulación del PGMO

Ya es hora de asumir responsabilidades sobre la anulación del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Chiclana.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo anulando definitivamente el PGMO de Chiclana no ha sorprendido a nadie. Lo sorprendente es que, a raíz de ella, nadie haya asumido su responsabilidad: ni técnicos, ni concejales, ni representantes de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Lo sorprendente es que desde que se dictó la primera sentencia del TSJA anulatoria del PGMO, aún sigan sin subsanarse las numerosísimas deficiencias que determinó el Tribunal.

Al cabo de casi quince años desde que el pleno municipal acordó redactar un PGMO, el 25 de septiembre de 1996, Chiclana sigue sin un planeamiento actualizado y acorde a la realidad presente. La desastrosa planificación urbanística, sin parangón en Andalucía, viene de lejos. Hasta el 31 del octubre de 1995 no entraron en vigor las Normas Subsidiarias de Planeamiento (aprobadas en 1987), ya de por sí desfasadas, que sustituían al PGMO de 1964. Y ahora, como entonces, tuvieron que ser los tribunales los que pusieran las cosas en su sitio ante la dejadez e inoperancia municipal.

Ecologistas en Acción, que presentó numerosas alegaciones, propuestas y recursos ante los órganos administrativos municipales y autonómicos y ante los tribunales espera que se redacte un nuevo Plan General pensando en el interés general, con amplia participación ciudadana, con transparencia y ajustado a la ley. Sería un error mayúsculo defender, como hasta ahora han venido haciendo tanto la Junta de Andalucía como el anterior equipo de gobierno del PSOE, que la anulación del PGMO era sólo una mera cuestión formal. No son pocas las modificaciones que hay que introducir pero entre ellas destacan algunos pelotazos urbanísticos puramente especulativos que deben desaparecer del nuevo plan que se redacte: la Ronda Oeste, los planes parciales a ella ligados (Carboneros, Majada de los Potros y San Jaime), la Espartosa,… Si el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y los especuladores deciden seguir adelante con ellos, serán los responsables de las futuras consecuencias que de ello pudieran derivarse. Ecologistas en Acción está decidida a llevar a los tribunales estas operaciones especulativas sin sentido que tan sólo benefician a unos cuantos promotores. Cabe recordar que estas operaciones inmobiliarias son fruto de la mayor y más perversa reclasificación de suelos protegidos jamás conocida. Estos especuladores, que sabían que el Plan General sería anulado por los tribunales, consiguieron su objetivo modificando arteramente las Normas Subsidiarias (modificación nº 8 que Ecologistas en Acción recurrió en su día), cuando estaba a punto de aprobarse provisionalmente el Plan General en el año 2002. Nunca se había visto nada parecido en el urbanismo andaluz.

Nada despreciables son las consecuencias económicas de este varapalo judicial. No sólo los cuatro millones de euros invertidos en la redacción del Plan, a ello hay que añadirle los miles y miles de euros que nos va a costar a los ciudadanos las condenas en costas de los numerosos pleitos mantenidos en el TSJA y el TS, por no hablar de la reducción del IBI que tendrá que hacer el Ayuntamiento a los miles de ciudadanos que han visto como sus suelos de ser urbanos o urbanizables han pasado a ser no urbanizables.

Ecologistas en Acción cree que es hora de exigir responsabilidades a todos los que han tenido alguna participación en la lamentable planificación urbanística de Chiclana: principalmente los políticos tanto los autonómicos, que aprobaron definitivamente el plan en diciembre de 2003, con un informe técnico en contra, como los locales, que llegaron a convenios anteponiendo intereses particulares, y con total oscurantismo, pero también los técnicos que han respaldado estas actuaciones y los que han participado en su elaboración, que es el mismo equipo que ahora elabora el nuevo plan. Todos los que de una u otra forma han formado parte del entramado y han corrompido el sistema legal, con falta de transparencia y estratagemas para dilatar la inevitable caída de un plan viciado desde los orígenes. Algunas tan estrambóticas como el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 27 de febrero de 2007 en el que se solicitó de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz un nuevo pronunciamiento "a los efectos de dotar de máxima seguridad jurídica al citado documento", así como en su caso convalidar lo actuado, lo que la Comisión llevó a efecto. Al recurrirse las numerosas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anulaban el PGOU han alargado la agonía, originando incertidumbres y desembocando en el peor de los escenarios: cuando más necesidad hay de creación de empleo en las infraestructuras de las áreas ya consolidadas, éstas quedan como no urbanizables.