Destrucción de bosque mediterráneo de Tarifa

Una macrourbanización promovida por el Ayuntamiento de Tarifa destruye bosques y matorrales mediterráneos con autorización de Medio Ambiente

De nuevo la política del “ladrillo” se impone en nuestras costas. En Tarifa, en uno de los litorales más privilegiados de Andalucía, se han iniciado las obras para construir otra gran urbanización que está destruyendo valiosos bosques, matorrales y pasajes en la ladera de Sierra Plata, tras la urbanización de Atlanterra.

En pleno verano, con alto riesgo de incendio, las máquinas no han parado de desmontar terrenos forestales que han sido reclasificados recientemente por el Ayuntamiento de Tarifa, con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Lo que se está desmontando con maquinaria pesada son terrenos forestales de alto valor ecológico, donde viven o campean especies protegidas como el Búho real, Halcón peregrino, Águila culebrera y diferentes especies de murciélagos.

La urbanización se pretende construir según el Plan Parcial de “Cabo de Plata”, que contempla unas desmesuradas previsiones de crecimientos urbanísticos. Al desastre urbanístico y medioambiental que ha supuesto la urbanización de Atlanterra, se suma ahora esta nueva macrourbanización -promovida por Atalaya desarrollos Inmobiliarios, Atlanterra A.G. y Cortijo del Moro S.A.-, con una superficie de 1.279.780 m2, un campo de golf, 1.035 viviendas y 1.372 plazas hoteleras. Esta superficie es equivalente al propio núcleo urbano de Tarifa.

Este Plan Parcial responde a una política urbanística y turística obsoleta, que no es más que el desarrollo en el siglo XXI de la política turística del franquismo, ya que este terreno se incluyó como Suelo Urbanizable en el PGOU porque fue declarado Centro de Interés Turístico Nacional por el régimen franquista. Dicha declaración nunca fue anulada por ninguno de los gobiernos democráticos, y ahora la ponen en práctica para hormigonar más nuestro preciado litoral.

Este tipo de proyectos están en absoluta contraposición con los planes y leyes urbanísticas que ha venido aprobando la Junta de Andalucía y el Parlamento andaluz estos últimos años, como la Agenda 21 de Andalucía y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). El Ayuntamiento de Tarifa en vez de adaptar este PGOU obsoleto, que data de 1990, a los nuevos criterios de ordenación del territorio, de conservación del litoral y de la política turística, sigue promoviendo un crecimiento insostenible y la colmatación del litoral en uno de los litorales más privilegiados de Europa. Planes especulativos como este de Cabo Plata se basan en la “burbuja inmobiliaria”, que ya se ha desinflado, y sólo han favorecido la economía del “ladrillo” y el empleo temporal y de baja cualificación. Suponen una política irresponsable que basa el “desarrollo” en la mera construcción de viviendas y que ha sido la principal causa de la crisis económica que padece nuestro país. Pero el Ayuntamiento de Tarifa y la Junta de Andalucía parecen no querer enterarse.

Especialmente grave es que se pretenda aprobar esta nueva urbanización sin tener garantizado el abastecimiento de agua. A pesar de que Tarifa es un municipio que ha tenido problemas serios de suministro de agua, el Ayuntamiento, o mejor dicho la empresa privada Aqualia, certifica que hay suficientes recursos para abastecer a la urbanización Cabo Plata. Dichos informes son manifiestamente fraudulentos, ya que quien debe certificar legalmente la existencia de recursos hídricos no es un Ayuntamiento ni una empresa privada, sino la administración hidráulica –esto es, la Junta de Andalucía. Además se han falseado las demandas que se requieren, pues aseguran que serán 250.000 m3/año cuando sólo el campo de golf necesitará el doble.

Ecologistas en Acción presentó numerosas alegaciones a este proyecto de Cabo Plata, alegaciones que no ha contestado ni el Ayuntamiento de Tarifa ni la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Ecologistas en Acción entiende que estas obras deben paralizarse por:

- no respetar la actual normativa urbanística y medioambiental,

- no garantiza los recursos hídricos necesarios,

- carecer de las infraestructuras viarias imprescindibles,

- consagrar un modelo de desarrollo insostenible,

- ser atentatorio al interés general, y estar ya generando graves impactos al valioso patrimonio natural y paisajístico de Tarifa.

Si el presidente de la Junta de Andalucía asegura que defiende un nuevo modelo de desarrollo al margen de sector del ladrillo, ahora tiene la oportunidad de demostrarlo, puede iniciar el proceso de desclasificación de los terrenos incluidos en este Plan Parcial declarándolos Suelo No Urbanizable de Especial Protección, como inicio de una nueva política urbanística y medioambiental en base a criterios de sostenibilidad.




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