Precisiones sobre Playa de Palma

En pro de la corrección sostenibilista.

Macià Blázquez Salom, miembro del GOB, Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa. Revista El Ecologista nº 70.

Fernando Prats introduce los proyectos de “revalorización” del Consorcio de la Playa de Palma en el número 68 de Ecologista, como ejemplos de un “nuevo paradigma urbano” que remedie el “desbordamiento sistémico de los límites biofísicos del planeta”. Su aportación es útil en tanto que condensa los objetivos propuestos en el informe Cambio global en España 2020/50. Programa ciudades; pero su ejemplo del caso de la Playa de Palma presenta solo una parte de la realidad, los buenos propósitos del Plan de Acción Integral (PAI) aprobado en agosto de 2010.

La práctica urbanística real del Consorcio [1] ha incumplido ya los objetivos centrales de su PAI; empezando por el primero de no “recurrir a nuevos crecimientos urbanísticos”. El Consorcio excluyó de su suspensión de licencias una parcelación fracasada de 35 hectáreas de extensión que data de 1923, Bellavista. El Ayuntamiento de Palma promueve esta urbanización mediante modificaciones puntuales del PGOU de Palma, a costa de hacer recaer los costes de su consolidación y del mantenimiento de su extensa zona verde sobre las arcas públicas del Consorcio.

En esa misma línea, las inversiones públicas ya realizadas en la Playa de Palma han tendido a consolidar la urbanización con dotación de infraestructuras: redes de abastecimiento, evacuación de pluviales y asfaltado de calles. Las previsiones futuras de inversión pública ascienden a 1.360 millones de euros, que no deberían contribuir a un modelo territorial favorecedor de la acumulación de capital y creador de nuevos espacios urbanos excluyentes y elitistas, mediante estrategias de regeneración urbana de corte neoliberal.

Más grave aún ha sido la propuesta de Plan de Reconversión Integral (PRI), aprobado inicialmente con un mes de antelación al PAI. El PRI propone clasificar directamente como nuevo suelo urbano 27,6 hectáreas que no reúnen condiciones legales de integración, disponer de servicios urbanísticos básicos o estar consolidadas por la edificación. Uno de estos ámbitos acogería un nuevo gran centro comercial de 39.696 m2 de alcance supralocal. El PRI también pretende reactivar sectores de suelo urbanizable “latentes” del planeamiento vigente, hasta completar un total de 105,9 hectáreas de nueva artificialización urbano-industrial. El ejemplo más extenso es la propuesta de desarrollo de “Catedrales turísticas” con el criterio de “Ordenar los terrenos para posibilitar la ubicación de hoteles de 5 estrellas y equipamientos singulares de elite: un Centro de alto Rendimiento, el hotel ‘más Bio del mundo’, un centro de Wellness, etc.” [2].

Otros megaproyectos urbanos, como un “Centro del Mediterráneo” o un edificio para albergar un museo “que sobrevuele” el Torrent dels Jueus, se permitirían mediante volumetrías específicas, sin coherencia con el entorno. En definitiva, el PRI propone relanzar y expandir con dinero público una zona que ha sido depredada social y ambientalmente por décadas de enriquecimiento de las grandes empresas (por ejemplo las cadenas hoteleras Barceló y Riu nacieron allí), para que estos mismos actores privados reproduzcan su acumulación mediante más crecimiento azuzándonos con la competitividad urbano-turística, tan dependiente de la aviación y por consiguiente del petróleo.

Aunque no todo son malas noticias. El PRI posibilitaría la protección del humedal de Ses Fontanelles (32 hectáreas) y el mantenimiento y creación de zonas verdes urbanas, a modo de “esponjamientos”. Pero el escándalo público que provocó el PRI hizo retroceder en sus propósitos al Consorcio, que lo suspendió el pasado 15 de noviembre de 2010. El Consorcio tiene la potestad especial (por la Ley 8/2010 de medidas para la revalorización integral de la Playa de Palma) de no tener que atenerse a buena parte del planeamiento urbanístico; ello en un marco legal de desregulación como receta para superar la crisis, por ejemplo mediante la Ley 4/2009 de medidas urgentes para el impulso de la inversión, que permite la legalización mediante amnistía de infracciones urbanísticas y turísticas.

Cuando la actual comisaria del Consorcio de la Playa de Palma fue alcaldesa del municipio mallorquín de Calvià, empezaron proponiendo un PGOU caracterizado por megaproyectos “estrella”: una ciudad del golf en Santa Ponça, una marina asociando amarres tierra adentro a una urbanización de lujo en Magalluf, la ampliación del puerto deportivo de El Toro, etc. Solo unos años más tarde, en 1999, un nuevo PGOU suspendería 1.748 hectáreas de suelo urbanizable. Esperemos que la historia de la Playa de Palma emule ahora el cambio de tercio del consistorio de Calvià, que rectifiquen y acaben haciendo congruentes su discurso y su práctica, en pro de la corrección sostenibilista.