Escombros en el punto negro de la carretera de Trebujena

Publicaciones del Sur-Sanlúcar.- El Ayuntamiento se escuda en que "acordamos velar por que no sea utilizado sólo tras su sellado", y tira la pelota al tejado de la Junta, que se comprometió a cerrarlo hace ya varios meses

Las repetidas protestas de los ecologistas contra el mayor vertedero ilegal de la provincia, el de escombros que existe junto a la planta de transferencias de residuos sólidos urbanos de Sanlúcar, parecían haber dado sus frutos tras el acuerdo al que llegaron la Administración municipal y la Delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta por el cual, ésta última se comprometió a sellar el punto negro, gratuitamente, si el Ayuntamiento a través de un acuerdo de Pleno se comprometía a velar por el cese de los vertidos ilegales.

Aunque la Junta dio su brazo a torcer el pasado mes de noviembre y se comprometió a proceder de manera subsidiaria a su sellado pese a que este vertedero lleva desde 1999 en el ojo del huracán y soporta cuatro expedientes sancionadores de la Junta, con multas de más de 6.000 euros cada uno de ellos, así como la obligatoriedad de que cese la actividad del vertedero y se proceda al adecentamiento de los terrenos.

Sin embargo, acuerdo por medio, nada se ha hecho aún para impedir que los camiones alimenten a diario el punto de vertido clandestino más grande de Cádiz. Esta circunstancia ha sido denunciada por los ecologistas que -anunciaron que continúan con la causa penal contra el alcalde y los distintos concejales que han desfilado en los últimos años por el área municipal de Medio Ambiente-, quienes amenazan con retomar las protestas si no se ponen fin a esta actividad ilegal.

Por su parte, el Ayuntamiento se lava las manos y se escuda en que "la Junta cuenta con toda la documentación que nos requirió para sellarlo, así que si el vertido continúa es un problema que se nos escapa de las manos". Sin embargo, parece olvidar que sobre las espaldas de la Administración local recaen aún tres expedientes sancionadores. El último de ellos data de septiembre de 2002. Cada uno de estos concluyó con la imposición al Ayuntamiento de la ciudad de una multa de 6.000 euros y la obligación de restaurar los terrenos afectados a sus condiciones originales.

El Ayuntamiento ha ido haciendo caso omiso a las sucesivos requerimientos de la Consejería de Medio Ambiente y ha persistido en la realización de vertidos que carecen de cualquier autorización legal y, según los ecologistas, "tras el último expediente sancionador ha permitido la incineración de residuos". Según calculan los ecologistas en el vertedero sanluqueño se acumulan a diario más de mil toneladas de residuos varios procedentes de toda la comarca, lo que, según los ecologistas, "además de ser perjudicial para la salud, la fauna y flora, supone una competencia desleal para las plantas de reciclaje de Jerez y El Puerto de Santa María puesto que éstas cobran por sus servicios mientras en Sanlúcar es gratis".