Ecologistas en Acción de la Serranía de Ronda felicita a los jueces, fiscales y a las unidades especiales del Cuerpo Nacional de Policía que han permitido la detención del exalcalde de Ronda, Antonio María Marín Lara y de seis personas más, entre ellas, varios ex responsables municipales.

En este sentido, Ecologistas en Acción recuerda que ha sido parte denunciante de los desmanes urbanísticos que se estaban cometiendo en el municipio, e incluso propició la imputación de Marín Lara por supuesta prevaricación al dar licencia al macroproyecto turístico-urbanístico de Los Merinos Norte, que incluye 800 viviendas y dos campos de golf.

En estos últimos años han sido múltiples las actuaciones inmobiliarias y urbanísticas cuya tramitación han estado plagadas de supuestas irregularidades: desde la elaboración del futuro Plan General de Ordenación Urbana de Ronda hasta la proliferación de casas de nueva planta en el entorno de La Hoya del Tajo, el principal atractivo paisajístico y turístico de la ciudad, clasificado Suelo No Urbanizable de Especial Protección.

Otros ejemplos ilustrativos pueden ser la construcción de un circuito de fórmula uno en el paraje Merinos Sur con una simple licencia de carril interno de finca, en una zona reconocida por la UNESCO como Reserva de la Biosfera; las extensiones de la urbanización Arenal 2000 o la oscura tramitación de venta de terrenos del antiguo campo de fútbol para la construcción de un gran centro comercial. La situación llegó a ser tan dramática que, en 2002, este colectivo llegó a pedir a la Junta de Andalucía la retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Ronda. Una petición que no se llegó a estimar por parte de las autoridades.

Asimismo, Ecologistas en Acción de la Serranía de Ronda recuerda que varios de sus integrantes fueron perseguidos por oponerse a los proyectos urbanísticos en marcha en la zona de Ronda. Las denuncias, habitualmente falsas, fueron desestimadas por los juzgados.

Para Ecologistas en Acción, el caso de Ronda, una vez más ha demostrado la permisividad política y social que ha existido con la especulación y corrupción urbanística. Hay que introducir cambios en la política y en la legislación urbanística para que no se vuelva a producir casos como este que nos ocupa.

De esta situación que ha ocurrido en la Serranía de Ronda son tan responsables los propios detenidos, sus compañeros en el anterior Equipo de Gobierno municipal como la propia Junta de Andalucía: unos por promover y fomentar la corrupción, y otros por permitirlo y no hacer nada ante unos planes urbanísticos faraónicos que están destruyendo de forma irreversible los recursos naturales.