Exigen que se aborden con determinación el asunto del amianto en España

Ecologistas en Acción exige, tras observar con preocupación cómo las noticias siniestras sobre los afectados por el amianto en nuestro país se multiplican, que se aborden con determinación todos los temas pendientes en torno a esta tragedia mundial.

Cabe recordar que a pesar de que fue prohibido su importación y uso hace 10 años, día tras día aparecen noticias relacionadas con este asunto. Hace unos días era un fallecimiento de un trabajador de la fábrica de Uralita de Getafe y en agosto nos aparecía en prensa que, en el caso de 30 trabajadores del Ferrol, se había confirmado científicamente que su muerte se debió a la exposición de este mineral.

Para Ecologistas en Acción es necesario que se tomen medidas determinantes como la de un castigo penal y la responsabilidad indemnizatoria de los responsables; la desamiantización controlada del amianto instalado, que es una bomba de relojería bien diseminada por todas partes, empezando por colegios, hospitales y edificios públicos o la protección de las víctimas que no son bien tratadas en los organismos de la seguridad social y en los juzgados.

Por otro lado, reclama el establecimiento de unas indemnizaciones más justas para los familiares de las víctimas fallecidas; para ello, sería necesario destinar un fondo nacional de compensación para auxilio mínimo de urgencia a las víctimas.

Otra medida sería destinar más recursos a la investigación médica para la mejora y curación de los afectados.

En cuanto a las actuaciones de nuestro país en el ámbito internacional sería necesario la prohibición y control de enviar nuestros barcos para el desguace a los países empobrecidos e iniciar una lucha por la prohibición mundial de la extracción y uso de este mineral.

A nivel mundial, la OMS advirtió el pasado 3 de octubre, que en los países pobres en los que no ha sido prohibido, en las próximas décadas veremos aumentar notablemente las muertes por la exposición a este mineral

Es ejemplar el caso de Casale Monferrato, en Turín, que ha sido calificado como “un Chernobil a la italiana”, porque aunque la fábrica de amianto había cerrado en 1986 aún muere cada semana una persona de esa localidad de menos de 30.000 habitantes, y esta cifra irá en aumento en los próximos diez años. Allí se juzga ahora a uno de los magnates del amianto, el suizo Stephan Schmidheiny, al que el fiscal pide 20 años de cárcel. Este capitalista trata de salvar su imagen por medio de una fundación denominada AVINA, que está muy presente en organizaciones alternativas españolas, presentándose como un filántropo.

La razón de estos desfases se debe en que la enfermedad tiene un periodo de latencia de entre 20 y 40 años, por lo que los próximos 20 años en España y en Europa nos queda que presenciar la muerte de cientos de miles de personas que trabajaron o vivían en ambientes en los que había amianto. Más de 50.000 en España y más de 500.000 en seis países europeos.

La ignorancia de la población sobre la peligrosidad de este mineral se debe a una conspiración de silencio, bien orquestada por los cuatro grandes grupos que han dominado el mineral en el mundo, con la complicidad necesaria de las autoridades políticas.

La prohibición y este silencio cómplice hacen que parezca que el tema amianto sea ya agua pasada. No es así, no solo por las consecuencias desfasadas señaladas sino porque en España, por ejemplo, quedan más de dos millones y medio de toneladas amianto instalado (las famosas uralitas) que siguen siendo agentes patógenos muy peligrosos: están en los tejados, en el interior de los edificios y en las conducciones de agua, entre otros lugares y son objeto de un deterioro constante por el que liberan las famosas partículas micrométricas, acumulativas en los organismos e inmarchitables, que al cabo de las décadas aparecen en forma de cánceres y asbestosis en las personas y el resto de seres vivos. El amianto es uno de los cancerígenos más potentes que existen.