El Proyecto de Constitución: intentado vestir de verde una Unión Europea insostenible

Luis González Reyes [1]

El Proyecto de Constitución Europea elaborado por la Convención presenta una clara línea de continuidad con los tratados anteriores que han marcado el proceso de integración europea. Desde la perspectiva ecologista, ello supone el mantenimiento de un modelo socioeconómico productivista y biocida que hace sentir sus efectos tanto dentro de las fronteras de la Unión como en el resto del planeta.

El «desarrollo sostenible» en la Unión Europea.

Es verdad que la Unión Europea en el ámbito medioambiental ha ido desarrollando una legislación en muchas ocasiones más garantista que la de los propios estados. Pero esta incorporación de la preocupación medioambiental no responde a un verdadero intento por acercarse a la sostenibilidad, simplemente responde a que los impactos ambientales, que la Unión Europea está contribu-yendo a producir, son ya innegables, y a que existe una creciente sensibilidad ambiental en la po-blación. Así, el concepto de desarrollo sostenible que asume la Unión consiste en tomar los valores consumistas, someterlos al lenguaje ecológico y convertirlos al credo capitalista. Pero la Unión Europea no sólo ha domesticado el concepto de desarrollo sostenible, sino que han pervertido su valor, afirmando que ahora el medio ambiente es un motor del capitalismo [2].
Y la realidad de la Unión Europea es que su teórico respeto por el medio ambiente choca con la preeminencia de unos objetivos económicos neoliberales, claramente incompatibles con el avance hacia un modelo social ecológicamente sostenible.

El intento por parte de la Unión Europea de concebir el desarrollo sostenible como un elemento del desarrollismo económico se aprecia en el artículo 3.3 del actual Proyecto presentado por la Con-vención: «La Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente (…)». Bajo el título «objetivos de la Unión», este precepto persigue un imposible: conjugar competitividad y crecimiento con protección ambiental. Pero, como ello no es posible, la apuesta por una «alta competitividad» [3], como se mostrará más adelante, acaba primando claramente en las políticas europeas mientras el objetivo de alcanzar «un nivel alto de protección y mejora de calidad del medio ambiente» se percibe más retórico que real. Como retórico resulta también el otro precepto «estrella» del Proyecto en materia ecológica: el artículo II-37, según el cual «Las políticas de la Unión integrarán y garantizarán con arreglo al principio de desarrollo sostenible un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad». Llama la atención, en efecto, que este artículo no prevea el derecho subjetivo de las personas a un medio am-biente sano (como reconoce el Convenio de Aarhus firmado por la Unión Europea y por todos los Estados miembros) sino un simple principio rector, es decir, un deber de los poderes públicos no susceptible de ser exigido por los particulares. Estas referencias ambientalistas en el Proyecto constitucional encajan perfectamente con la Estrategia de Desarrollo Sostenible de 2001 elaborada por la Unión Europea, que intenta disfrazar de verde al capitalismo productivista.

La Unión se basa en la asignación de derechos de propiedad sobre los recursos naturales para la protección del medio ambiente. Las herramientas de las que se sirve para hacer frente a los gra-ves desafíos medioambientales son principalmente los denominados impuestos y tasas «ecológi-cos» [4]. Estos instrumentos pueden contribuir sin duda a mejorar la protección del entorno, pero su insuficiencia es manifiesta si no se acompañan de otras medidas: quienes tienen dinero suficiente, pagando, pueden seguir contaminando. El principio de «quien contamina paga», que recoge el artículo III-129.2 del actual Proyecto se vería así satisfecho sin que por ello nuestra relación con el entorno saliera necesariamente beneficiada. Además, es evidente que es imposible cuantificar con valores monetarios todas y cada una de las variables ambientales: ¿cuánto debe pagarse a quien contrae cáncer a causa de emisiones electromagnéticas?, ¿cuánto pagarían las generaciones futu-ras por un clima inalterado?.

Clama al cielo asimismo la confianza de la Unión Europea en la tecnología para abordar con éxito los problemas ambientales. No hay duda de que la mejora de la eficiencia es importante, pero en sí misma y sin afrontar los otros elementos del problema ecológico, resulta totalmente insuficiente. Un botón de muestra es la introducción de los catalizadores en los automóviles. El efecto beneficioso inicial, la reducción de contaminantes, pronto se vio truncado por el aumento del parque automovilístico.

El hecho de que el bienestar se siga midiendo a través del PIB (Producto Interior Bruto) -magnitud diseñada básicamente para medir los flujos monetarios, la actividad de los mercados- constituye también una buena prueba del estrecho cauce por el que se desarrolla la tan cacareada sensibili-dad medioambiental de la Unión Europea. Muchas hechos que atentan contra la calidad del medio ambiente hallan reflejo positivo en la contabilidad del PIB. Por ejemplo, si el agua del grifo deja de ser potable y hemos de comprar agua mineral embotellada, si se fabrican más automóviles, o si se talan más bosques. Para el capitalismo es más rentable destruir y luego reconstruir.

La preponderancia del capital financiero en este modelo económico que el actual proyecto consoli-da es otro rasgo que pone de manifiesto la primacía de los intereses económicos sobre los am-bientales. El impulso a la creación de un mercado financiero único que propugna la Unión Europea refuerza el capital especulativo, el cual tiene funestas repercusiones en el plano ambiental. No en vano, las continuas crisis que causa la especulación financiera, se hallan en el origen del desmantelamiento del tejido productivo (especialmente el de pequeña escala local, mucho más integrado en el medio) y del incremento de la presión para que los países periféricos exploten al máximo sus recursos naturales con el fin de obtener divisas. Además, no hay que olvidar que el capital finan-ciero es el que permite que un pequeño porcentaje de la población mantenga unas altísimas e insostenibles cotas de consumo.

Pero, como se ha anunciado, es un análisis sectorial lo que más claramente nos puede mostrar el posicionamiento real de la Unión Europea, que el actual proyecto de Constitución mantiene y re-fuerza, en lo relativo a los problemas ambientales. En primer lugar, se aborda el tema del trans-porte y el urbanismo; posteriormente, el campo de la energía; en tercer lugar, la alimentación y la bioteconología, seguidamente, biodiversidad y recursos, y, por último, residuos y salud pública.

Transporte y urbanismo.

La Unión está concebida para deslocalizar y disgregar en el continente la producción y establecer una distribución y un comercio a largas distancias que incrementa el consumo de energía y la emisión de contaminantes, y donde los costes ambientales no aparecen en la cuenta de gastos. Esta deslocalización es mayoritariamente interna, pero también se está haciendo de cara al exterior, como lo atestigua el fuerte impulso de la Unión Europea a la apertura de una nueva ronda de negociaciones en el seno de la OMC, la creación de un Área de Libre Comercio en el Mediterráneo, o a los tratados de libre comercio con Mercosur. Esto está suponiendo que, en la actualidad, el transporte esté creciendo por encima del PIB en el seno de la Unión [5] (llegando al caso extremo del transporte aéreo que está aumentando el 7,4% anualmente). Además está la futura ampliación de la Unión, que va a aumentar el mercado interno, lo que va a incrementar el transporte [6]. Un dato significativo es que el gasto total del transporte supone más del 10% del PIB de la Unión Europea [7].

Así, la Unión apuesta, presionada por la ERT [8], por las grandes infraestructuras de transporte (autopistas [9], trenes de alta velocidad, superpuertos y aeropuertos, centros logísticos, etc), como se puede ver en las figuras 1 y 2. Actualmente el objetivo prioritario de las redes de comunicación que conectan la Unión es eliminar los «cuellos de botella» existentes (Alpes, Pirineos, etc.) y conectar el Este de Europa para la próxima ampliación. Todo ello apostando por la carretera y el tren de alta velocidad, que es mucho más impactante que el tren convencional (el AVE consume casi lo mismo que un avión y tiene una importante incidencia en el territorio), como se recoge en el plan aprobado por la Comisión en diciembre de 2003.

Figura 1: Evolución de los medios usados para transportar pasajer@s y mercancías en la UE entre 1970 y 1999.
Figura 2: Red de carreteras de la UE y últimos proyectos aprobados por la Comisión Europea (líneas gruesas). Fuente: Comisión Europea y Agencia Europea de Medio Ambiente (2003).

El proyecto de Cielo Único Europeo para 2004 es una armonización de la normativa sobre transporte aéreo que permite continuar su aumento. Además se plantea que «no se podrá eludir la construcción de nuevas infraestructuras aeroportuarias», y que el margen de maniobra para redu-cir la contaminación atmosférica y sonora provocada por el tráfico aéreo es escaso, ya que se persigue el aumento de competitividad de las compañías europeas frente a las estadounidenses.

Todo ello aumenta las emisiones de CO2, con los consiguientes efectos sobre el cambio climático [10]. Este modelo implica también la desarticulación del territorio (ya que se concibe para favorecer la comunicación sólo entre los grandes polos económicos), y la dispersión urbana. Así se empuja a la población hacia espacios altamente urbanizados (la Unión es la región más urbanizada del globo [11]), aumentando su impacto en el medio. Además, cada día se asfaltan 10 hectáreas para construir autopistas, troceándose más el territorio, con la amenaza que esto significa para la biodiversidad. Otra consecuencia importante del actual modelo de transporte es la siniestralidad, que supone que las muertes en accidente de tráfico sean la tercera causa de defunción entre la población.

El problema que tiene actualmente la Unión es que el transporte está alcanzando el punto de saturación [12]. En un informe de 1990 encargado por la Comisión Europea se alertaba de que «desde hace algunos años, Europa parece haber sobrepasado el punto más allá del cual cualquier incremento del tráfico es contraproducente. La suma de efectos negativos parece cancelar los incrementos de riqueza, eficiencia, confort y facilidad de transportarse que deberían resultar del creci-miento del volumen de tráfico». Así, la Unión plantea un menor aumento del transporte por carre-tera (el que «menos» posibilidades de incremento presenta) del previsto inicialmente; se pretende que sea de «sólo» un 38% (frente al 50% planeado) para mercancías y un 24% (frente al 43%) para viajer@s para 2010. El ferrocarril empieza a ser barajado, no como una alternativa al trans-porte por carretera, pero sí como una forma de continuar el aumento de la movilidad [13]. Eso sí, en líneas de alta velocidad y para transporte a largas distancias tanto de personas como de mercan-cías.

Energía.

El Protocolo de Kioto controla las emisiones en los países del Centro de los gases causantes del aumento del efecto invernadero, entre los que destaca el CO2 (supone el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea). La Unión es responsable del 24% de las emi-siones mundiales de estos gases. La producción energética es la mayor emisora a la atmósfera del CO2, como se aprecia en la figura 3.

Figura 3: Emisiones de gases de efecto invernadero por sectores en 1990 y previsión para 2010. Fuente: Dirección General de Medio Ambiente de la UE (2001).

La Unión Europea es uno de los organismos líderes mundiales de la lucha contra el cambio climático. Pero esto es el resultado de omisiones ajenas y no de méritos propios. Si se analiza la posición de la Unión desde el punto de vista de lo necesario, desaparece la imagen de líder contra el cambio climático. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático señaló la conveniencia de limi-tar las emisiones mundiales de gases de invernadero, para 2005, en un 20% con respecto a los valores de 1990. Partiendo del criterio de que las emisiones per cápita deben tender a igualarse entre los distintos países y, teniendo en cuenta que lo emitido por la Unión superaba ampliamente los valores medios, parecía razonable esperar unas reducciones en 2005 superiores a ese 20%. Pero, previamente a la cumbre de Kioto, la Unión ofreció reducir sus emisiones en un 15% para 2010. Además, no adoptó un compromiso unilateral de cumplir sus objetivos. Por el contrario, aprovechó la cerrazón de Estados Unidos y Japón para, en la firma del Protocolo de Kioto, recortar sus recortes de emisiones hasta el 8%. También transigió con los «mecanismos de flexibilidad» (comercio de emisiones, contabilización de sumideros, mecanismos de desarrollo limpio, etc.). Además, en los compromisos finales tras la cumbre de Kioto, la Unión volvió a ceder a las presio-nes de Japón, Canadá o Rusia descafeinando aun más el acuerdo (así, la reducción real de emisión de gases de efecto invernadero, de cumplirse el acuerdo, queda alrededor del 1,8% entre 1990 y 2010) [14].

Pero no sólo eso, ya que mientras que la Unión Europea ratificó el Protocolo de Kioto en 2002, la Agencia Europea de Medio Ambiente afirma que va por el camino de no cumplirlo (ver figura 4), sobre todo teniendo en cuenta que las emisiones de CO2 aumentaron entre 1999 y 2001. Además el recorte asumido por la Unión es para el conjunto de sus Estados miembros, lo cual supone que hay algunos que deberán reducir sus emisiones por encima del 8%, mientras que otros, como el español, pueden aumentarlas. Esto demuestra una tremenda hipocresía, ya que el Estado español es uno de los principales productores de CO2 del planeta y en ningún caso debería aumentar más sus emisiones. A pesar de ello, ha incrementado ya la producción de CO2 en un 38% entre 1990 y 2002, frente al 15% permitido por la Unión Europea hasta 2010.

Figura 4: Emisiones de gases de efecto invernadero y objetivos acordados en el Protocolo de Kioto. A: evolución de las emisiones de la UE hasta 1998. B: emisión por estados hasta 2001. Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente (2003).

Pero el tema es aún más grave, ya que la Unión está poniendo en marcha un mercado de comercio de emisiones para 2005. La filosofía economicista que subyace es dar viabilidad a los procesos más contaminantes a costa de los menos emisores, favoreciendo sólo la disminución de gases de efecto invernadero que resulten más baratas. Además, los Estados serán los que asignen el grueso de las emisiones que podrán realizar las distintas industrias, lo que beneficiará a los sectores más contaminantes; frente a un sistema de subasta de emisiones que haría lo contrario. Así el comercio de emisiones va a retrasar el abordaje de reducciones más ambiciosas [15].

Y todo esto suponiendo que las presiones, que cada vez son mayores en el seno de la Comisión Europea (con Loyola de Palacio a la cabeza), no terminen por hacer que la Unión renuncie definiti-vamente al cumplimiento del Protocolo de Kioto.

Respecto a la política energética la «seguridad de suministro» y la disponibilidad de energía a bajo precio (que se pretende conseguir, a nivel interno, fomentando la competitividad) son los objetivos esenciales [16]. Para aumentar la competitividad, una de las medidas está siendo la creación de un mercado único de la energía [17]. Esto va a tener como consecuencia probable un aumento del consumo, y una tendencia a que la producción se realice con menos criterios ambientales (ya que se tendrán que bajar los costes para aumentar la competitividad). Además habrá que construir más redes de distribución, y las líneas de alta tensión (así como los gaseoductos [18]) producen impactos sobre la salud y el medio natural [19].

Por último hay que destacar que continúa la apuesta por los combustibles fósiles (especialmente el petróleo y el gas natural), quedando en un lugar residual las energías renovables (el objetivo de la UE es alcanzar el 12% de energías renovables para 2010). Para colmo, no se termina de abandonar la apuesta por el carbón, aunque los informes de la Unión Europea reconocen su fuerte contri-bución al cambio climático, la lluvia ácida o la emisión de metales pesados. No en vano, junto a la energía hidráulica, el carbón es casi la única fuente energética propia que tiene la Unión. Y eso por no hablar de las nuevas presiones que parten desde el seno de la Comisión (nuevamente expresa-das por Loyola de Palacio) a favor de la energía nuclear, que ahora resulta ser superecológica al no emitir gases de efecto invernadero.

Alimentación y biotecnología

Contaminación de los suelos. Contaminación de las aguas. Pérdida de biodiversidad. Biopiratería. Deforestación. Desertificación. Alteración del ciclo del nitrógeno. Despilfarro de agua. Eutrofización de lagos y mares. Pérdida del derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria. Vacas locas. Pollos con dioxinas. Campos despoblados. Desaparición del campesinado. Grandes multinacionales agro-químico-farmacéuticas controlando toda la cadena de producción agraria. Éste es hoy el sis-tema agroalimentario que la política de la Unión Europea ha colaborado a crear en todo el mundo. La política agrícola, a través de la Política Agrícola Común (PAC), se realiza a medida de las grandes multinacionales. La PAC favorece la concentración y las grandes explotaciones [20] intensivas de monocultivos, apuesta por un modelo que abusa de los fertilizantes químicos [21] y los pesticidas [22], supone un gasto insostenible de los recursos hídricos (en el Sur [23]) y de plástico (en invernaderos y en el envasado), y potencia el uso de pocas razas «hiperproductivas» alimentadas con piensos compuestos y atiborradas a fármacos. Y como lo que importa es el mercado, la producción agrícola europea se dedica al comercio y a la exportación (a precios de «dumping» que arruinan la producción de la periferia), de tal forma que el gasto energético del actual modelo agrícola también aumenta [24]. Un estudio del Wuppertal Institut de Alemania ha calculado las millas de trans-porte de los ingredientes de un yogur. Aunque todos estos componentes podrían haberse producido en un entorno de 50 millas, fueron transportados más de 7.000.

En esta apuesta por la productividad se vuelcan las subvenciones en l@s grandes propietari@s y en ciertas regiones [25]. Y las zonas que no reciben ningún tipo de protección, son muchas veces las de mayor valor ecológico y en las que la disminución de la actividad agraria supone un fuerte deterioro del paisaje.

La única novedad ambiental que se está introduciendo desde los noventa en la PAC es el impulso de dos vías paralelas que convivan en la producción agrícola: la intensiva «tradicional» de la que nos alimentaremos la gran mayoría de ciudadan@s, y la ecológica de mayor calidad.

Respecto a los alimentos transgénicos todavía está vigente la moratoria sobre nuevas autorizaciones desde 1998 [26]. Esta moratoria ha supuesto un relativo respiro a la introducción masiva de transgénicos. Pero el proceso de reforma legislativa que motivó la moratoria está a punto de concluir (sólo falta aprobar la normativa sobre semillas, que previsiblemente será lo suficientemente laxa como para permitir la contaminación de campos no transgénicos y la imposibilidad de diferenciar unos de otros), y hay un lista muy larga de transgénicos pendientes de aprobación, a los que la Comisión intentará dar luz verde cuanto antes, cediendo a las presiones de Estados Unidos y de la industria biotecnológica. Así, la normativa aprobada abre la puerta a la entrada masiva de transgéncios.

De todos modos, aunque insuficiente, la normativa es más estricta que la anterior en lo que se refiere a requisitos para las autorizaciones de liberación de nuevos transgénicos en la UE, así como de etiquetado. Aunque tiene generosos coladeros (uno de los más graves es la ausencia de nor-mativa que establezca la responsabilidad civil de la industria biotecnológica en caso de daños o de contaminación por transgénicos).

Por último, la Directiva Europea de Patentes permite, a través de argucias legales, patentar genes, líneas celulares, animales y plantas. No se necesita el consentimiento del donante y no es preciso que el país de origen del material biológico figure siquiera en la patente. Todo esto favorece el robo por parte de las multinacionales de la biodiversidad genética y el conocimiento milenario de las culturas que la utilizan [27].

Biodiversidad y recursos naturales

La Comisión Europea reconoce que «la pérdida de biodiversidad en Europa se ha acelerado de forma drástica en las últimas décadas» [28]. Sin embargo, no señala la gran responsabilidad que en la aceleración del proceso de extinción de especies, en la reducción de la diversidad genética y en la alteración de los hábitats naturales han tenido las políticas de la Unión Europea.

Ante este panorama, los esfuerzos realizados resultan ridículos. Para empezar, no existe una sola meta cuantificable ni plazo concreto para cumplir los objetivos que la Unión se ha planteado. Ni siquiera están teniendo éxito los esfuerzos realizados en los últimos años para lograr la implantación de la Red Natura 2000 [29] en la Unión, como demuestran los más de cinco años de retraso acumulados en la designación de los Lugares de Interés Comunitario (LICs). O, lo que es más grave, la destrucción de muchos de estos lugares en el tiempo que transcurre entre su elección y su protección eficaz.

En lo que respecta a los recursos pesqueros basta decir que los caladeros que se encuentran claramente en mejor estado son los del Atlántico Nororiental, donde el ritmo de pesca comporta que un 62% de la población esté en peligro de extinción.

Residuos y salud pública

La producción de residuos en la Unión Europea, hay que decir continúa incrementándose año tras año [30], a pesar de la incorporación a la normativa comunitaria desde 1991 del principio de preven-ción en su generación. La Comisión sigue sin definir políticas económicas fiscales que promuevan la reducción de la cantidad y toxicidad de los residuos, limitándose a regular los sistemas de vertido y a plantear objetivos mínimos de reciclado [31].

Se llega al absurdo total cuando los documentos de la Unión afirman que es posible una «desma-terialización de la economía». ¿En qué consistirá dicha desmaterialización cuando el consumo de productos materiales y la producción de residuos, también muy materiales, no paran de crecer?

La legislación europea de protección de la salud pública relacionada con los residuos, con todo, ha ido en aumento [32]. Y en algunos aspectos se ha reducido la contaminación (emisión de precursores de ozono troposférico y dióxido de azufre, o presencia de fosfatos en ríos). Pero la legislación es insuficiente [33], ya que los riesgos que suponen los residuos siguen presentes [34] y aumentando en muchos casos (partículas en suspensión o nitratos en ríos). Por ejemplo, la UE ha aprobado recientemente la Directiva sobre Responsabilidad Ambiental que afectará únicamente a determinados sectores industriales (entre los que no están el nuclear ni el petrolero). Además, la Directiva no incluye la obligatoriedad de que las industrias de alto riesgo estén cubiertas por un seguro que garantice que los gastos de limpieza medioambientales no son pagados por l@s contribuyentes en caso de insolvencia [35]. Otro ejemplo es que la Unión alude al principio de precaución (en el actual proyecto explícitamente en el artículo III-129.2 dice «la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente (…) se basará en los principios de cautela y acción preventiva»), pero éste se obvia para la energía nuclear, los transgénicos, muchos aditivos químicos, o las emisiones de antenas de telefonía [36]

Para concluir: algunas líneas de acción

En un mundo sostenible se precisará de economías que satisfagan equitativamente las necesidades humanas sin extraer recursos o desperdiciar desechos que excedan la capacidad de regeneración del medio. La tarea principal de la economía debe ser establecer un flujo sostenible de recursos, para lo cual habrá que reducir (la extracción y el consumo), como primera medida, antes de maximizar la reutilización y el reciclaje. Esta nueva economía debe basarse en parámetros como la energía, la entropía (el desorden), el tiempo, y la cantidad y calidad física de diversos recursos. Esto será únicamente factible en un modelo local o regional, así, la autogestión y el autoabastecimiento serán básicos.

La tecnología tendrá que aplicarse industrialmente para poner en marcha modelos de producción limpia, que no produzcan sustancias tóxicas, que eviten en origen la generación de residuos y vertidos contaminantes, y conviertan los subproductos de unas industrias en recursos para otras. El nuevo modelo de ecología industrial debe cerrar los ciclos. La reducción de residuos en origen y la reutilización de objetos deben preceder al reciclaje.

Además necesitamos una nueva ordenación del territorio que garantice la conservación de los espacios naturales, racionalice el uso y disfrute de los mismos, evite el deterioro de los suelos y la deserti-ficación, recomponga las relaciones campo-ciudad, y optimice para todo el territorio las necesidades que la sociedad demanda, sin menoscabo de la calidad de vida y sin pérdida de identidad de las personas con su entorno.

Modos de producir, consumir y relacionarse en este sentido se van abriendo camino. Un ejemplo son las cooperativas de trueque. Éstas, al haber eliminado el dinero, presentan una serie de ventajas muy interesantes: la producción es necesariamente local, no existe posibilidad de especula-ción financiera, todas las personas pueden aportar algo a la comunidad, o se puede conseguir una valoración de los servicios y las cosas más ajustada a su coste real y no al que nos viene impuesto por el mercado. En la Unión Europea existen poderosas redes de trueque, como la que existe en Amsterdam [37]. Pero en el Estado español también hay numerosas redes que vienen funcionando desde hace años.

Un segundo ejemplo serían los grupos autogestinados de consumo. Estos consisten en un grupo de consumidores/as y varios agricultores/as, de manera que l@s primero@s garantizan una com-pra estable y se encargan de la distribución, y l@s segund@s se comprometen a cultivar con crite-rios ecológicos y solidarios. La ausencia de intermediarios permite que los precios de los productos sean del mismo orden que los que los del supermercado. Grupos de este tipo existen en numero-sas partes de nuestra geografía.

Los avances tecnológicos permiten hoy en día una producción de energía a partir de fuentes reno-vables y descentralizadas como la eólica y la solar. Todo ello, combinado con una arquitectura bioclimática, hace mucho menos necesaria la producción masiva y centralizada de energía; pro-ducción en la que podría estudiarse la utilización también de biomasa. Si en Grecia l@s niñ@s pintan las casas con paneles solares es por algo.

También es necesario hablar de las experiencias de recuperación y repoblamiento del espacio rural que se están llevando a cabo por numerosos grupos. En estos espacios se están conjugando nuevas formas de relaciones entre personas y con el medio que apuntan hacia la sostenibilidad.

Desde luego, la filosofía que anima el actual Proyecto de Constitución no contribuirá a impulsar estas transformaciones. Lo que hace falta, más allá de las necesarias mediaciones institucionales y jurídicas, es un cambio de valores a nivel personal que se exprese socialmente y que tenga la austeridad como uno de sus pilares básicos. Un proceso de este tipo, en definitiva, sólo puede suponer la superación del sistema capitalista y su sustitución por otro que comporte una relación armónica con el medio mediante, que introduzca ciclos de producción cerrados y que tenga como cimientos la solidaridad, la libertad, la igualdad y la justicia social.

Notas

[1] El presente texto aparecerá en breve publicado en la editorial del Viejo Topo como un captítulo de un libro colectivo sobre la Constitución Euopea. Este escrito es una síntesis de trabajos previos de Ecologistas en Acción en los que han participado principalmente Chusa Lamarca, Cristina Rois, Elena Díaz, Isabel Bermejo, Goyo Álvarez, Theo Oberhuber, Juan Bárcena, Paco Segura y Ramón Fernández Durán.

[2] Vid. Chusa Lamarca Lapuente: La Unión Europea: retórica sostenible y políticas insostenibles, 2001.

[3] Desde la Cumbre de Lisboa de 2000 el objetivo de la UE es convertirse en la economía más competitiva del mundo.

[4] El número de impuestos más o menos ecológicos se ha multiplicado por 4 en los últimos 20 años.

[5] La movilidad personal se ha incrementado de 17 km/persona/día en 1970 a 35 km/persona/día en 1998.

[6] Se prevé que se cuadruplique o quintuplique el transporte en Europa del Este tras su integración en la UE.

[7] Uno de cada tres nuevos empleos que se generen en la UE durante los próximos 10 años estarán vinculados a la logística, según datos de la Dirección General de Transportes de las Comisión Europea.

[8] Mesa Redonda Europea de Industrias, integrada por 45 grandes empresas.

[9] El 79% de l@s pasajer@s y el 44% de las mercancías se traslada por carretera. El número de coches y de kilómetros de autopista en la UE se ha multiplicado por 3 desde 1970 (en la Unión ya hay un coche por cada 2 habitantes). Mientras, desde 1970, se han cerrado al tráfico 600 km de vías férreas convencionales al año (las carreteras han crecido 12000 km/año). La cuota del transporte ferroviario de mercancías ha pasado del 21,1 al 8% y la de pasajer@s del 10 al 6% desde 1970.

[10] Actualmente, el transporte es el responsable del 28% de las emisiones de CO2 (de las cuales el 82% provienen del transporte por carretera), como se puede apreciar en la figura 3. Además, para 2010 está previsto que su contribución a la emisión de CO2 aumente hasta el 40%.

[11] En los últimos 20 años la superficie edificada en la UE ha aumentado un 20%, mientras que la población lo ha hecho un 6%.

[12] El 10% de las carreteras están afectadas diariamente por atascos, el 20% de la red ferroviaria se considera «cuello de botella» y los 16 principales aeropuertos sufren retrasos superiores a los 15 minutos en el 30% de los vuelos.

[13] Vid. Juan Bárcena y Paco Segura: «El mito de las infraestructuras», El Ecologista, nº 30, 2002.

[14] Vid. Ecologistas en Acción: Crítica a la Estrategia Europea para un desarrollo sostenible (2002-1).

[15] Vid. Cristina Rois: «El comercio de emisiones de la UE», El Ecologista, nº 37, 2003.

[16] La UE es el segundo consumidor de energía mundial y los intercambios energéticos suponen el 25% del PIB de la Unión.

[17] Realmente habría que hablar de mercados, ya que son distintas las situaciones del petróleo, el carbón, el gas natural y la electricidad.

[18] La extensión de la red de gasoductos implicará el aumento de fugas de metano, que es un agente de efecto invernadero veinte veces más poderoso que el CO2.

[19] Vid. Ecologistas en Acción: Foro ecologista con motivo de la cumbre de la UE de Barcelona. Unión Europea: discursos sostenibles, políticas insostenibles (2002-2).

[20] El 80% de la producción agrícola se realiza en el 20% de las tierras.

[21] Desde 1985 hasta 1996 su uso aumentó en un 29,7%, aunque en los últimos años la tendencia haya sido levemente descendente.

[22] Su utilización aumentó en un 82,1% entre 1985 y 1996, aunque en los últimos años la tendencia haya sido levemente descendente.

[23] En el Estado español el 80% del agua dulce se emplea en la agricultura.

[24] En España entre 1985 y 1996 el consumo de energía en la agricultura se incrementó en un 27,7%, al tiempo que la superficie agraria usada disminuía un 5,6%.

[25] El 50% de las explotaciones agrarias son pequeñas y se llevan sólo el 8% del presupuesto, mientras que el 4% mayor acapara el 40% y esto continuará con la reforma de la PAC, a pesar de su retórica de recorte de las ayudas a las grandes extensiones.

[26] Lo que se autoriza a nivel UE no es una variedad, sino el «evento», es decir un «cassette» genético que ha sido incorporado a una línea varietal de un determinado cultivo y que puede introducirse posteriormente en multitud de variedades de ese mismo cultivo. Por eso en el Estado español se han seguido autorizando nuevas variedades transgénicas estos últimos años.

[27] Vid. Ecologistas en Acción, Crítica a la Estrategia Europea para un desarrollo sostenible, ya citado.

[28] La perdida de razas autóctonas y variedades en las ultimas decadas ha sido también devastadora, y supone una gravísima amenaza para el futuro de la agricultura europea.

[29] Su objetivo es proteger las zonas de mayor valor biológico.

[30] En los años noventa la generación de basura en la UE aumentó un 14%, de manera que cada europe@ produjo 545 kilos de residuos al año.

[31] En 1998 sólo se reciclaba un 20% de la basura, mientras un 57% iba a vertederos.

[32] Por ejemplo con el Libro Blanco sobre Sustancias y Preparados Químicos o con la suscripción del Protocolo de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.

[33] Por ejemplo, el nuevo sistema REACH que pretende revisar el riesgo para la salud de 30.000 sustancias químicas dejará fuera 70.000 que se seguirán comercializando casi sin control.

[34] No existe información suficiente sobre la salubridad del 90% de las sustancias presentes en el mercado, y sobre muchas (PTS, PCB o PBDE) hay pruebas de su toxicidad. Ya que, aparte de las reglas que se aplican a los medicamentos, plaguicidas o aditivos alimentarios, la legislación comunitaria no prevé un sistema de autorización previa a la comercialización de productos. En la mayoría de los casos, corresponde a la ciuda-danía demostrar el riesgo que entraña un procedimiento o producto una vez comercializado.

[35] Como ocurrió en el vertido de lodos tóxicos de Boliden Apirsa, la empresa minera de Aznalcollar.

[36] En 2001 el Tribunal de la UE condenó a Francia por anteponer el principio de precaución al Mercado Único y mantener su embargo al vacuno británico.

[37] Basta saber que el ayuntamiento quiere que pague impuestos para hacerse una idea de su arraigo.