Los especuladores están escribiendo los Planes de Ordenación del litoral onubense

La Plataforma Ciudadana por la sostenibilidad del litoral Occidental de Huelva ha valorado en su última asamblea los acontecimientos desencadenados por la actitud negativa contra la ordenación del territorio de los alcaldes de la costa, y su recurso a argucias legales para evitar un freno mínimo a la especulación en la zona.

La plataforma ha decidido poner en común las reflexiones y alegaciones que sus componentes están realizando ante las propuestas de PGOU presentadas a información pública en Cartaya, Ayamonte e Isla Cristina, y ha sacado algunas conclusiones iniciales:

Son algunos empresarios de la construcción quienes imponen mediante convenios los criterios de donde y cómo se urbaniza el territorio. Así se puede observar como han aflorado, sin ninguna relación siquiera con avances del planeamiento presentados hace pocos meses, proyectos como el la urbanización de la finca El Marquesado en los términos de Isla Cristina y Ayamonte. Esta finca está destinada en la actualidad a usos forestales y agrícolas, situada a mucha distancia de las zonas urbanizadas de los dos municipios, y la recalificación de su suelo planteada simultáneamente en los PGOUS de los dos municipios, a petición de la conocida constructora onubense Rafael Morales SA, no resulta entendible bajo ningún prisma que no sea el de la especulación y el del sistema de favores que sustenta la financiación de los ayuntamientos costeros.

Algo similar se podría decir de la pretensión de destinar suelos situados en el Campo Común de Arriba de Cartaya a usos turísticos, o a la intención de descatalogar buena parte de los pinares costeros de los montes públicos de este mismo municipio.

La presencia e influencia en la comarca de poderosos grupos inmobiliarios como FADESA, ACS, PRYCONSA, y otros más cercanos como BEKINSA, algunos de ellos conocidos por su relación con famosos clubs de fútbol es la que explica que algunos suelos pasen a recalificarse como urbanizables con todos los parabienes de alcaldes y conocidos técnicos redactores como Jaime Montaner, mientras a numerosos vecinos sin influencias ni grandes propiedades se les limita cualquier mínimo cambio.

La acción de estos grupos constructores al dibujar los usos del territorio a su conveniencia se lleva por delante otras actividades productivas como la pesca y los aprovechamientos forestales, agrícolas y ganaderos. Instalaciones de acuicultura como la planta de Acuinova en Ayamonte, huertas tradicionales de gran futuro, puertos para la flota pesquera, vías pecuarias, bosques y ríos desaparecen en los planes especulativos puestos a información pública. Y con ellos todos los empleos y la riqueza que proporcionan en la actualidad, y la que podrían generar en el futuro.

La plataforma ciudadana por la sostenibilidad del litoral occidental de Huelva cree necesaria una ordenación racional de los usos del territorio que garantice la calidad de vida de los habitantes de la comarca, así como el acceso a la vivienda y a trabajos dignos, y exige a la Junta de Andalucía que utilice con rigor los instrumentos de planificación de que dispone, poniéndolos al servicio del interés público. Denuncia también la actitud bochornosa del partido que gobierna la Junta, al que pertenecen buena parte de los alcaldes que se han lanzado a la carrera de la insumisión por el negocio privado de unos pocos, sin que nadie parezca estar interesado en poner orden en esa casa.