La cumbre del G20 se realiza en la ciudad de Cannes (Francia), en una Europa que es actualmente el epicentro de la crisis que asola el mundo.

Nosotros, los movimientos sociales que acompañamos los debates y las definiciones que se toman en el ámbito del G20 desde noviembre de 2008, continuamos afirmando que este espacio no tiene la legitimidad y la representatividad necesaria para tomar tales decisiones que afectan al conjunto de países y ciudadanos y ciudadanas del mundo. El cambio en la correlación de fuerzas geopolíticas internacionales producido con la llegada de los países emergentes al G20 no se reflejó en un avance o cambio en la agenda de gobernanza global, en el modelo de desarrollo o en la división internacional del trabajo. Sin embargo, afirmamos que el G20 tiene responsabilidades sobre la crisis que fue creada en el corazón del sistema bajo su gestión, y por eso demandamos de los países que componen el grupo que avancen respuestas reales a la crisis económica global y del sistema financiero internacional.

En este sentido, demandamos: transparencia y efectiva regulación del sistema financiero internacional; fortalecimiento de la capacidad soberana de los países de utilizar controles para los flujos de capitales financieros; combate a los paraísos fiscales y control de la especulación; fomento de políticas fiscales de distribución de la riqueza; tasación a los movimientos financieros; entre otras medidas de control del mercado desgobernado que creó la actual crisis global.

Hemos observado después de cuatro años de reuniones de los Jefes de Estado de los países del G20 que: las medidas tomadas no fueron capaces de revertir la situación, a pesar de las eufóricas declaraciones hechas sobre el fin de la crisis. Al contrario, la crisis continúa y recrudeció, ahora con foco en Europa, comprometiendo países enteros como Grecia, Portugal, Irlanda y otros, obligados a retomar viejas medidas de ajuste fiscal que los pueblos de América Latina tanto conocemos de la década de 1990. Los Estados nacionales que a la hora de la crisis fueron llamados a salvar los bancos y rehabilitar el moribundo FMI, son ahora criticados por supuestamente no haber hecho las tareas correspondientes para sanear los presupuestos nacionales y, nuevamente, se transforman en villanos de una disputa ideológica que pretende exaltar el valor del sector privado y su eficiencia, olvidando la propia crisis creada por los bancos y corporaciones financieras.

Observamos, también, con creciente preocupación las discusiones que desvirtúan la propuesta de la creación de una Tasa sobre las Transacciones Financieras Internacionales – TTF y defendemos su implementación de forma de garantizar que países de renta media y baja puedan beneficiarse con los recursos recaudados para el desarrollo y que los países ejerzan su soberanía en la utilización de los recursos, definiendo áreas sociales prioritarias. Demandamos además que la gobernanza de la TTF no se concentre en los países específicos y que haya participación de la sociedad civil en sus espacios de decisión y gestión.

Además, desde Seul, el G20 ha asumido el tema del desarrollo a través de su Plan de Acción sobre Desarrollo. Este está lejos de representar el interés del conjunto de los países y mucho menos de los menos desarrollados. El enfoque utilizado está centrado en el aumento del volumen del comercio, lo que de hecho ha significado fundamentalmente para los países del Sur la extracción de recursos naturales, profundizando el modelo de desarrollo exportador de estos recursos y una división internacional del trabajo que viene reprimarizando las economías de los países en desarrollo e impidiendo la implementación efectiva de políticas industriales aumentando, así, la distancia entre países y las desigualdades entre los pueblos.

Así, propuestas de desarrollo de cuyo diseño no participen los propios países en desarrollo no tendrán bases sólidas. Por otra parte, los acuerdos de comercio e inversiones no deben implicar restricciones a la capacidad de los gobiernos de utilizar herramientas de política macroeconómica y regulación adecuada para frenar los flujos especulativos o diseñar sus estrategias productivas. Por esos motivos, volvemos a rechazar la agenda de Doha de la OMC, siempre reiterada por el G20, y que ya mostró su incapacidad para dar cuenta de un comercio justo y equitativo entre los pueblos.

Conjuntamente con esto, la manera como en el G20 está siendo tratada la creación de infraestructura como política contra-cíclica de crecimiento y creación de empleos, consolida un modelo de desarrollo que tiene graves impactos sociales y ambientales y que profundiza las asimetrías regionales. Las políticas preconizadas por el G20 de fomento de la infraestructura como funcional al comercio han traído graves impactos en los territorios con la implementación de megaproyectos, que solo han servido para el lucro de las corporaciones y han dejado, además de conflictos socio-ambientales, el no cumplimiento de los derechos de las poblaciones involucradas. Así, la llamada “agenda de desarrollo” del G20 es, de hecho, una agenda de negocios, involucrando comercio y obras de infraestructura para refrendar un modelo que está en crisis, sin que el propio modelo sea discutido.

Del mismo modo, rechazamos la discusión sobre clima dentro del G20, que ha incluido el tema para reforzar las falsas soluciones de mercado. Creemos que este debate debe ser enfrentado con urgencia dentro de las COPs en el ámbito de la ONU.

Al mismo tiempo, el G20 ha incluido en su agenda el tema de la agricultura. Este debate ya se viene realizando en el ámbito de la FAO, mientras el G20 continua aplicando remedios sin transparencia y control de la especulación y sin cambios efectivos en una agricultura financierizada y al servicio del lucro de empresas que controlan la producción agrícola, y que, por esto no resolverán el hambre de más de 1.000.000 de personas en el mundo. Algunas propuestas que forman parte de la solución de la crisis alimentaría en la perspectiva de la soberanía alimentaria son: las inversiones públicas – abandonadas por décadas de neoliberalismo; las políticas y programas públicos de desarrollo agrícola y de compras públicas de alimentos basadas en el estímulo y fortalecimiento de la agricultura familiar, campesina e indígena; una producción agro-ecológica y sustentable; el fomentos de estoques nacionales y regionales de alimentos próximos a los lugares de producción y consumo; medidas que regulen la especulación en el mercado de commodities y limiten la concentración de la propiedad en los mercados internacionales de tierras. Sin embargo, estas no forman parte del conjunto de propuestas que el G20 viene impulsando.

Además, diversos países del G-20 se habían inicialmente posicionado sobre la urgencia de la recuperación económica y de generación de empleos. Sin embargo, el G20 tampoco ha avanzado en ese punto: medidas para revertir los efectos de la crisis sobre los trabajadores y trabajadoras han sido secundarizadas frente a la preocupación por la reducción de los déficit públicos en general, lo que en varios países y en particular en Europa, significan un ataque a los salarios de los trabajadores del Estado, recortes generales de gastos sociales, reducción y flexibilización de los derechos de los trabajadores, recortes de personal en el sector público y propuestas de reforma de la jubilación. La agenda de creación de empleo decente y del piso global para la protección social debe volverse prioritaria para los países, en particular para los miembros del G20, con mayor capacidad para impulsar esa agenda.

Alrededor del mundo, millares de personas se reúnen en plazas públicas y calles para demandar soluciones efectivas y democráticas, unidos por un cambio global.

Basta de acuerdos que benefician a las grandes corporaciones, incluidas las financieras. Las soluciones no pueden venir del mercado, estas ya demostraron sus límites y su incompetencia. Exigimos al G20 que se coloque al servicio de una verdadera y democrática gobernanza global a la altura de los desafíos del planeta y sus habitantes.

- Véase lista de firmantes en el archivo adjunto