Rechazo al acuerdo de Pleno sobre las viviendas ilegales

Ecologistas en Acción quiere mostrar su oposición y rechazo al acuerdo del Pleno del ayuntamiento de El Puerto de Santa María favorable al indulto de cuatro constructores de viviendas ilegales y evitar así su demolición.

Es lamentable que se tenga que recordar a los políticos que las leyes están para cumplirse y más cuando se trata de conductas gravísimas, que en ocasiones pueden incurrir en delitos tipificados en el Código Penal.

Si primero se prometió por parte del PSOE e IP legalizaciones a mansalva, después el PP, con el aplauso vergonzoso del Pleno, prometió que paralizaría las sanciones a los que han construido de forma ilegal en suelo no urbanizable, y ahora, de nuevo con el apoyo lamentable del Pleno (PP, PA e IP), solicita el indulto para evitar la demolición de varias viviendas ilegales. Todo menos cumplir la Ley, que obliga de forma taxativa a derribar las construcciones ilegales, y si no la derriba el propietario, a imponer multas coercitivas hasta que lo haga, y si no lo hace, demoler por la administración repercutiendo el coste en el propietario.

En El Puerto no se derriba nada, el Ayuntamiento no ha demolido ni una sola de las miles de viviendas ilegales, muchas con orden de demolición amparada por los tribunales. Este convencimiento de impunidad es el que ha provocado la proliferación de este cáncer que ha destruido parte de nuestro territorio e hipotecado de forma irreversible el ordenamiento de nuestro municipio.

Llamamos la atención de la irresponsabilidad que supone el anuncio tanto de la suspensión de sanciones como la de apoyo a indultos de demoliciones ya que va a provocar una nueva avalancha de construcciones ilegales al saberse inmunes a los expedientes ya que a medio plazo se paralizarán o en todo caso las multas se descontarán de sus gastos de urbanización o en último término si se dicta sentencia de demolición, ésta no se llevará a cabo por la aplicación de un indulto.

La única arma eficaz contra esta lacra de la construcción ilegal es la aplicación estricta de la ley con la demolición de lo construido e imposición de multas. Estas medidas sancionadoras y el envío a Fiscalía de varios casos de construcciones ilegales es lo que ha paralizado en parte en estos tres últimos años este fenómeno en el Puerto de Santa María.

Argumenta el edil de urbanismo para apoyar este indulto para las viviendas sobre las que recae la sentencia de demolición, que podrían ser regularizada por el nuevo PGOU, pero olvida que las viviendas en cuestión podrán ser regularizadas, pero esa decisión no determinará que sea legal la conducta delictiva que originó la construcción que, a la postre, es lo que se castiga en parte con su demolición. Además es una medida que contraviene la doctrina del Tribunal Supremo en casos como el de Las Beatillas. En el fallo judicial que ordena su derribo, rechazaba que la demolición sea una medida "desproporcionada" y consideraba que evitar el derribo supondría ratificar "una conducta dirigida a conseguir por la vía de los hechos consumados lo que jurídicamente es inviable". También la Fiscalía de Medio Ambiente se ha posicionado en contra de condonar las casas ilegales por fomentar "el efecto llamada" sobre este tipo de delitos.

Por si no estuviera claro cuales son las responsabilidades de las administraciones públicas, el Tribunal Constitucional ha fallado en casos similares que no se puede suspender la ejecución de una sentencia firme de derribo de una edificación ilegal por el mero hecho de que se vayan a acometer cambios en la normativa urbanística del municipio para regularizarlas. Es una importante sentencia que sienta una jurisprudencia, y que afecta de forma sustancial a los miles de expedientes existentes contra viviendas ilegales en municipios de la provincia de Cádiz –sobre todo en El Puerto y en Chiclana-, y que los respectivos Ayuntamientos pretenden paralizar en base a futuras legalizaciones. Ningún Ayuntamiento, ni ningún Tribunal, pueden platear estos “indultos” de viviendas ilegales con la excusa de que están pendientes de regularización por modificaciones en sus planeamientos municipales.

Por último, Ecologistas en Acción ha requerido al Ayuntamiento para que informe sobre los expedientes que se han abierto, multas impuestas así como órdenes de demolición dictadas en los últimos cuatro años bien de oficio o a instancia de las numerosas denuncias que han sido presentadas todo ello en cumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).