¡Habemus planem...!

El Boletín Oficial de la Provincia de Málaga nos trae en su número del día 29 de marzo de 2005, el texto de la normativa urbanística del PGOU de Ronda.

Este hecho, por sí solo, nada tiene de extraordinario, salvo que se repare en que si se tiene en cuenta que la aprobación definitiva del texto refundido de dicho documento ocurrió el 20 de mayo de 1994, el Ayuntamiento de Ronda solo ha tardado casi once años en efectuar una publicación, de realización inexcusable, para que el instrumento de ordenación urbanística más importante del municipio entrara en vigor.

Y atendida esta cuestión, cabe preguntarse: ¿por qué se han dado tanta prisa -sólo once años- los servicios municipales en publicar esta normativa? Y sobre todo, ¿por qué han propiciado los servicios municipales su publicación cuando, según ellos mismos, no hacía falta?

Los archivos del Ayuntamiento dan fe de numerosas resoluciones, algunas de ellas plenarias, por las cuales la Corporación, siguiendo el criterio mucho más autorizado que el nuestro, de dichos servicios municipales, rechazaba alegaciones basadas en la ausencia de la publicación preceptiva de la normativa del PGOU, porque según los expertos municipales, como ya se ha dicho, la publicación no hacía falta.

¿Por qué se publica ahora la normativa del PGOU? Pues porque el Ayuntamiento ha sufrido dos importantes varapalos a manos de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el último de ellos, el auto dictado en el recurso que interpuso Ecologistas en Acción contra la aprobación del estudio de detalle de la UE-2 “La Curva”, que fue publicado de forma íntegra en “El Candil”.

Esto ha determinado un enorme nerviosismo en los responsables, políticos y técnicos, del urbanismo municipal, que han empezado a pensar que a lo mejor, como consecuencia de cualquiera de sus acciones pasadas o futuras, basadas en un PGOU sin normativa publicada, podrían derivárseles perjuicios personales. Y sobre todo, esto ha puesto muy nerviosos al pequeño grupo de constructores que comandan los intereses urbanísticos de la ciudad, y dependen de actuaciones y resoluciones de políticos y funcionarios, los cuales exigen la seguridad de que las inversiones que tan desinteresadamente hacen en beneficio de los ciudadanos, no van a tener problemas en el futuro, derivados de actuaciones de indocumentados y otras gentes que no respetan que la maquinaria de la Administración actúe en favor de quienes tienen intereses consagrados por el derecho natural que les proporciona el dinero.

He venido manifestando a todo el que me ha pedido opinión, que para ser eficaz, la normativa del PGOU debe ser publicada, opinión que ha sido contestada siempre, por personas más capaces que yo, con insultos. Nadie me ha preguntado nunca cuál era la solución, ni cuáles podrían ser las consecuencias de la publicación tardía. Lo que opino a este respecto no lo voy a revelar ahora, entre otras cosas, para que no se beneficien de mi opinión los corruptos a quienes les afecta, y mucho menos sin pagar el consejo. Me imagino que mis admirados servicios municipales habrán previsto la situación en que queda el urbanismo municipal tras la publicación, y cuales son las consecuencias que de ella se derivan, que no me parecen sencillas.

Lo que no puede pasar desapercibido para nadie es que, cuando se ha sostenido hasta la extenuación que la normativa de un PGOU no necesita publicarse para poder ser aplicada con garantías, hasta el punto de provocar decisiones municipales que afectan al patrimonio municipal del Ayuntamiento (que somos todos) y de terceros, y ahora se cambia el criterio, “sostenido y no enmendado”, para hacer todo lo contrario, existe necesidad de exigir explicaciones y responsabilidades. La más visible, la de la urbanización de la Virgen de la Cabeza, que por no estar publicada la normativa del PGOU que la declaraba de especial protección, puede ahora, legítimamente, ocuparse con edificaciones, y eso nos afecta a todos, y alguien será responsable de ello. Como asimismo alguien es responsable de la mala gestión de los sistemas generales, que en Ronda el Ayuntamiento los adquiere, pagándolos, cuando por aplicación de la Ley son de cesión obligatoria y gratuita. Como también ocurre con los llamados “aprovechamientos bajo cubierta”, inexistentes en el PGOU y que consisten únicamente, se expliquen como se quieran explicar, en construir una planta de más por encima del límite permitido, y darle al promotor licencia de primera ocupación cuando lo que se tiene que hacer es tramitar un expediente que desemboque en la demolición de lo indebidamente construido (y no hacerlo es constitutivo del delito de prevaricación).

Y en todo esto, el que esté libre de pecado (promotor, técnico o político) que tire la primera piedra. Mi experiencia personal: que las Administraciones públicas tienen en demasiadas ocasiones intereses propios, en simbiosis con las de determinados políticos (o sus estructuras), que mantienen en pie una situación que ya es escandalosa, pero que como se ha dicho, beneficia a ambos. Sólo ello explica el mantenimiento de determinados “áticos”, la protección de las varices, el consejo a los amigos para que no se separen de los cauces políticos porque “entre políticos nos entendemos”, o la llamada al orden efectuada en sesión plenaria “porque se están haciendo cosas que otros estando en la oposición no han hecho en tiempos pasados”; es decir: el cumplimiento íntegro del “Pacto del Dentista”.

Cualquiera que tenga la paciencia de leer esto que escribo, se estará preguntando a qué me estoy refiriendo, y lo voy a explicar. El ingenio popular ha cuajado un chiste muy gracioso, en el que se relata que el paciente de un dentista, sentado en el sillón de éste y antes de abrir la boca para que le introduzca el instrumento, agarra al facultativo de los huevos, y le dice: doctor, ¿no nos haremos daño, verdad? Pues eso es lo que está pasando. En general, y de manera muy significativa, en materia urbanística. Pacto que aplican los políticos entre sí, y que también se aplica entre políticos y técnicos, lo que explica las actuaciones, a veces inexplicables, de Alcaldes que han sido verdaderos rehenes de las maquinarias administrativas.

Pues que tengan presente los firmantes del Pacto del Dentista que, muchos, no hemos firmado ese contrato y vamos a acabar con vosotros. Y ahora, insultadnos llamándonos indocumentados y catetos, que ya encontraréis la respuesta.

Miguel Ángel Carrillo Sedeño, Abogado. Este artículo ha sido publicado en la revista "El Candil de Diógenes", abril de 2005.