Justicia y defensa del medio ambiente

El valor de las sentencias ganadas en la lucha por el Derecho.

Laura Díaz Román, Comisión Jurídica de Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 78.

El recurso a los tribunales es uno de los mecanismos que tienen las organizaciones ecologistas para llevar a cabo su labor de defensa del medio ambiente. Pero este derecho se ve limitado de forma drástica por las claras deficiencias del sistema judicial, los cambios legislativos que cada vez imponen más trabas, y la interesada y parcial utilización de los mecanismos del Estado a favor de los más poderosos y en contra del interés común.

En este decisivo asalto de la ofensiva neoliberal contra el Estado de Derecho que nos ha tocado vivir, pocos frentes están sufriendo un ataque más devastador como el que la oligarquía está librando por hacerse con el control del poder judicial.

Si los propios politólogos liberales han asumido el para ellos “hecho intelectualmente incómodo” de que democracia y liberalismo no se llevan bien y que incluso “pueden chocar entre sí de manera irreconciliable” [1], la separación de poderes en que aquélla se sustenta, no puede más que representar un grave obstáculo para alcanzar los objetivos del neoliberalismo. Una vez convertido el poder legislativo en un triste guiñol en que costosas marionetas se limitan a escenificar meras farsas en las que –como exige este género teatral– sus actores siempre acaban apretando el botón que en cada momento sus dirigentes les han ordenado pulsar, a quienes controlan el poder ejecutivo les quedaba ya, tan solo, por hacerse con el control del poder judicial.

Lejos de lo que podría parecer, las enormes ventajas de detentar el poder legislativo no impiden que en el proceso de integrar sus creaciones legislativas en el Sistema Derecho, una y otra vez los tribunales interpreten las normas en contra de los intereses espurios que las alumbraron. Las sutilezas filosóficas de la lucha por el Derecho de la que nos hablaba Ihering [2], han terminado en un puro y duro asalto al poder judicial.

Solo en este contexto global se puede comprender el verdadero valor y significado de las numerosas sentencias que en los últimos años vienen declarando la ilegalidad de muchas de las actuaciones y proyectos de graves impactos sociales y ambientales promovidos por la llamada cleptocracia en connivencia con el ejecutivo.

Algunos ejemplos en la Comunidad de Madrid

Tan solo citar algunos de los procedimientos del orden contencioso administrativo en los que ha sido demandante Ecologistas en Acción, circunscritos al ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, nos darán una imagen bien precisa de la magnitud de las ilegalidades cometidas por esta administración.

Así, las obras de ampliación de la M-30, que han hipotecado durante décadas la capacidad financiera de la ciudad de Madrid, han sido declaradas ilegales hasta en tres ocasiones, incluyendo entre ellas la sentencia dictada por el mismísimo Tribunal de Justicia de la Unión Europea [3].

Ahora que se acaban de cumplir los cinco años desde que se desdoblara ilegalmente la carretera M-501, la Comunidad de Madrid sigue mostrando a la ciudadanía la opinión que le merecen el Estado de Derecho y las tres sentencias que declararon definitivamente su ilegalidad [4], y así, los ciudadanos asistimos atónitos a cómo, sin ningún pudor, las más altas autoridades autonómicas se permiten festejar el aniversario [5], sin importarles utilizar para ello el sufrimiento de las víctimas de esa carretera, aun cuando los argumentos esgrimidos por los tribunales al declarar la ilegalidad han explicado por activa y por pasiva a la mencionada administración autonómica que existen otros muchos mecanismos para evitar esas víctimas y que los mismos no pasaban necesariamente por la destrucción de uno de los parajes de mayor valor ambiental de la Comunidad de Madrid.

No faltan tampoco sentencias en las que se declara la desviación de poder con la que esa administración ha perpetrado sus ilegalidades. Hasta cuatro sentencias ha necesitado la Comunidad de Madrid para dignarse a publicar en el diario oficial correspondiente las normas de planeamiento de Los Molinos, que fueron aprobadas en el año 1991 y no fueron publicadas en el Boletín Oficial. Se necesitaron esas cuatro sentencias [6] declarando la nulidad del nuevo planeamiento aprobado bajo esa falacia y condenando a la Comunidad de Madrid a que tramitara la publicación en el Boletín Oficial, para que, finalmente, ello se produjera el 10 de abril de 2013, ocho años después de presentada la demanda inicial.

Campos de golf –ya en funcionamiento– como el de El Encín en Alcalá de Henares [7], macro complejos de ocio como el de La Isla del Colegio en el mismo término municipal [8], plazas de toros sobre suelos públicos como la que se proyectó hacer también en Los Molinos [9], las vegas más fértiles de nuestro territorio que pretendían ser urbanizadas como la de Perales de Tajuña [10], centrales térmicas indebidamente declaradas como de utilidad pública o ubicadas en lugares inapropiados como la de Morata de Tajuña [11], normativa de planeamiento dictada con flagrante vulneración legal [12], macrodesarrollos urbanísticos con profusión de campos de golf como el proyectado en la finca de El Espartal de Valdemoro [13], o la pretensión de meter otros 100.000 habitantes en el Distrito Norte de Alcorcón [14] –los mismos suelos que ahora el investigado por la justicia de varios países, y buen amigo de sus amigos, el Sr. Adelson, pretende emplear para instalar Eurovegas en España–, son solo unas cuantas de las actuaciones declaradas ilegales por los Tribunales en el limitado ámbito señalado de la jurisdicción contenciosa en la Comunidad de Madrid y en actuaciones en las que fue parte Ecologistas en Acción.

Si estas cifras se extrapolan al resto del Estado, a todas las jurisdicciones y a los numerosos grupos y ciudadanos que día tras día deciden plantarle cara a las actuaciones de dudosa legalidad con las que se enfrentan, nos podremos hacer una idea de la verdadera dimensión que esta lucha por el Derecho en la que se encuentran inmersos muchos ciudadanos. Y de la presión que se ejerce sobre un sistema que pretende justificarse, precisamente, en la legitimidad del Estado de Derecho.

Guerra desigual

Como bien sabe la clase neoliberal, se trata de una guerra [15] y las armas con las que contraatacan son de destrucción masiva. Así se regulan complejos procedimientos de ejecución de las sentencias que obligan a ciudadanos y jueces a pasar años solventando los intentos de la administración por obviar el cumplimiento final de las sentencias. Una regulación legal de la suspensión cautelar que ha sido hábilmente diseñada por el poder legislativo/ejecutivo para impedir o hacer inasumible el coste que tendría detener las actuaciones administrativas antes de que las mismas se ejecuten.

El 24 de julio de 2011, anunció Rodríguez Zapatero el adelanto electoral que culminó con las elecciones del 20-N. Pues bien, solo unos días antes de que se celebraran los comicios, el 10 de octubre de 2011, se aprobó la Ley de Medidas de Agilización Procesal, que entre sus disposiciones preveía el actual sistema de condena en costas en la jurisdicción contenciosa, en virtud del cual la parte que vea desestimadas sus pretensiones deberá afrontar los costosos gastos de la defensa de las partes contrarias, torpedo en la misma línea de flotación de la lucha contra la corrupción que ni el mismísimo dictador se había atrevido a lanzar. La no imposición de costas en esta jurisdicción, establecida en la Ley de 1956, era uno de los mecanismos más potentes para destapar ilegalidades y casos de corrupción al permitir actuar a los ciudadanos sin tener que afrontar estas costosas condenas.

Otro 20 N, pero esta vez el de 2012, fue elegido para aprobar la vigente Ley de Tasas, que a los seis meses de su entrada en vigor está demostrando que los devastadores efectos que muchos le auguraban cuando se aprobó, se quedaban cortos ante el desamparo real que la norma está provocando a miles de ciudadanos que no pueden acceder a la jurisdicción por falta de medios para hacer frente a la tasa judicial.

Si el impacto directo de esta normativa supone ya un decisivo ataque al derecho de los ciudadanos a acceder a la justicia, no deberían tampoco desdeñarse los efectos colaterales que instauran este tipo de medidas. Reservar el poder judicial a la resolución de los conflictos que puedan surgir entre la casta supondrá ya un sutil cambio que alejará aún más a ciudadanos y jueces; si, además, se les hace catar a estos últimos el adictivo sabor del poder –al saber que sus sentencias o no podrán ser recurridas o los costes de los recursos serán tan elevados que determinado perfil de la población enjuiciada no podrá acceder a ellos– se nos hace evidente a qué litigios dedicarán su saber y su tiempo los jueces. Si la neolengua les habla de racionalizar o agilizar y efectivamente, sus señorías comprueban que su carga de trabajo ha disminuido y que su trabajo resulta ahora mucho más cómodo, no será difícil imaginar un colectivo satisfecho con un sistema tan comprensivo.

El penúltimo tiro –por si todavía quedaba algún juez díscolo– vendrá dado por ese linchamiento mediático/jurídico al que se somete a todos aquellos que osen inmiscuirse en los asuntos de la casta cuando nadie les ha llamado. Véase el calvario de los Garzón, Gómez de Liaño o ahora el del Juez Silva, en los que más allá de cuales hayan podido ser las razones jurídicas de sus expulsiones presentes o futuras de la carrera judicial, cualquier ciudadano avispado debería preguntarse cómo es que todos ellos sucumbieron cuando intentaron enfrentarse a algún poderoso, ¿será que los ciudadanos de a pie no sufren nunca este tipo de actuaciones? o ¿será quizá que el sistema las tolera hasta que algún juez osa enfrentarse al poder?

Aunque, no nos engañemos, los procesos abiertos contra estos jueces en los últimos años, no representan un cambio de estrategia respecto a la empleada desde antiguo por el poder, todavía quedamos quienes recordamos el vía crucis al que fue sometido el gran maestro del derecho penal Marino Barbero Santos, cuando cambió la cátedra por el birrete, y en la instrucción del caso Filesa intentó sentar en el banquillo a los principales banqueros implicados en la trama de financiación ilegal del partido entonces en el poder. Como afirma el imprescindible administrativista Alejandro Nieto, el ordenamiento jurídico es tan amplio que siempre dispone de una ley para castigar a los ciudadanos, si bien el sistema deja deliberadamente a buena parte de ellas en reserva con el único propósito de tener a todos los ciudadanos en sus manos y poderlos aplastar legalmente según interese en cada momento [16].

Pero es verdad, estos métodos de control psicológico a veces fallan. Por ello el poder se reserva dos armas definitivas: la nulidad de actuaciones que, hábilmente empleada, puede poner en la calle a quien tenga el suficiente poder como para negociar una salida de sus problemas judiciales –las recientes declaraciones del juez Miguel Carmona a propósito del caso Bárcenas parecen anunciar esta posibilidad–. Y ya como solución final, cuando a pesar de todo alguno de ellos ha sido al final condenado, siempre les quedará el definitivo recurso al indulto, del que, curiosamente, son los delitos contra el medio ambiente, los de prevaricación de funcionarios públicos y los de malversación los que suman los porcentajes más altos de medidas de gracia por condenas [17]. La patética imagen del Gobierno socialista indultando unos días antes de acabar su mandato al banquero Sáenz –incluso en cuestiones que no podían ser objeto de indulto, tal y como después se encargó de aclarar el Tribunal Supremo– es bien ilustrativa.

Resistir a la injusticia

Ante este panorama y la desigualdad de medios que se adivina tras él, cada sentencia declarando una ilegalidad cometida desde el poder y al amparo del Estado, se nos presenta como una crucial batalla ganada por ese ejército de nuevos resistentes del siglo XXI dispuestos a luchar contra la injusticia y que saben que, como decía Ihering: “resistir a la injusticia es un deber del individuo para consigo mismo, porque es un precepto de la existencia moral, es un deber para con la sociedad” [18].

No sabemos lo que este jurista habría escrito de haber llegado a conocer las depuradas técnicas de manipulación que el pensamiento liberal está tratando de imponer en nuestros días –demonizando toda lucha, reservando al Estado el monopolio de la violencia y haciendo suya la estrategia bélica de Sun Tzu, cuando afirmaba que los verdaderos maestros del arte de la guerra eran aquellos que conseguían que se rindieran impotentes los ejércitos ajenos sin luchar–. En todo caso, algunos, a día de hoy, tenemos muy claro que el gran maestro alemán tenía razón cuando nos decía que “la lucha es el trabajo eterno del derecho” [19].