La movilización social para frenar la privatización del Canal de Isabel II

Una estrategia conjunta entre organizaciones sociales, políticas y sindicales y el 15M.

Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II

En diciembre de 2008, la Asamblea de Madrid, a través de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, aprobó la privatización del Canal de Isabel II (CYII), con los únicos votos a favor del Partido Popular. Tal y como se analizaba en el anterior artículo de la revista, con esta decisión el Gobierno de Madrid pretende convertir en un negocio el servicio del ciclo integral del agua. La privatización supondrá la enajenación económica de los activos que el CYII dispone de las empresas del Grupo Canal que tienen actividad tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en Latinoamérica.

En la Ley 3/2008 se afirma que la privatización es necesaria para afrontar un gran esfuerzo adicional de inversión en nuevas infraestructuras y procesos tecnológicos para asegurar el abastecimiento a Madrid y garantizar la calidad del agua en consonancia con las exigencias de la normativa nacional e internacional; sin embargo, estas necesidades de financiación no se han justificado en momento alguno, a pesar de las reiteradas exigencias de información al respecto realizadas en todos los ámbitos de la sociedad incluyendo la propia ciudadanía, los ayuntamientos, partidos políticos -bien directamente o en la Asamblea de Madrid los que tienen representación parlamentaria-, y en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II. Cabe llamar la atención de que últimamente ya no se alude a tales necesidades financieras, sino que directamente se argumenta sobre la necesidad de disponer de recursos para disminuir la deuda de la Región de Madrid que, con 15.191 millones de euros en 2011, es la tercera mayor de todas las Comunidades Autónomas españolas.

El proceso de privatización ha adolecido de un déficit democrático y de una absoluta falta de transparencia desde su comienzo, ya que los ciudadanos no han podido participar de forma alguna en una decisión tan trascendental para sus intereses. Todo el proceso ha transcurrido con gran opacidad y secretismo, ocultando a la ciudadanía y al propio Parlamento Regional información relevante sobre las condiciones de salida al mercado de la nueva empresa, del modelo de sociedad que se va a constituir, su valor patrimonial y su valor de venta, sus competencias, el porcentaje real del accionariado privado y el sistema de relación con los ayuntamientos. Especial interés tiene la valoración de los activos del Canal, toda vez que la privatización se producirá en un contexto de crisis financiera en la cual hay otros procesos similares que están en marcha en Grecia, Italia y Portugal, y que obligarán a valorar a la baja a la empresa y, por tanto, a malvenderla. Son significativos, a este respecto, la privatización de Caja Madrid por parte del gobierno regional que se vendió a un 70% de su valoración contable, y el fracaso de privatizar la gestión de los Aeropuertos españoles y la Sociedad Estatal de Loterías por parte del gobierno central.

El proceso se caracteriza también por la presión sistemática, cuando no chantaje, que el Gobierno realiza a los ayuntamientos de la Región para que se integren en la empresa privatizada y participen activamente en el nuevo modelo de gestión que se quiere imponer, en claro menoscabo de la autonomía local, configurando así a los ayuntamientos como las instituciones más vulnerables del proceso.

La Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II

Para oponerse a esta iniciativa privatizadora se constituyó la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, en la que participan organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos y personas a título individual con el objetivo de coordinar e impulsar cuantas actuaciones unitarias sean posibles para evitar la privatización del Canal y movilizar e informar a los ciudadanos de las consecuencias de esta iniciativa. La Plataforma es una alternativa plural que organiza, planifica y coordina sus actuaciones en torno a plenos mensuales y se apoya en grupos de trabajo sectoriales para desarrollar las actividades aprobadas en las reuniones plenarias; hasta la fecha, existen grupos de trabajo específicos para la comunicación, incidencia y relaciones institucionales, temas legales y patrimoniales y de seguimiento general.

Organizaciones integrantes de la Plataforma

En la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II participan como miembros de pleno derecho las siguientes entidades: Acción en Red, Asociación de Vecinos la Unión de Vallecas, Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, ATTAC, Campaña por la Gestión 100% pública, Comisiones Obreras de Madrid, Ecologistas en Acción, Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés, Equo, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, Iniciativa Servicios 100% Públicos, Parque SI en Chamberí, Sección sindical de CCOO del CYII. También participan en la Plataforma numerosas personas a nivel individual. Además existen varias decenas de asociaciones y simpatizantes que están adscritos a la lista de correo de la Plataforma y reciben información puntual de los acuerdos y actuaciones de la Plataforma.

También se cuenta con una página web (www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org), que ha demostrado ser una herramienta potente de difusión de sus actividades, posicionamientos y documentos más importantes. Toda la actividad de la Plataforma se articula, básicamente, en torno a los siguientes objetivos:
- Informar a la sociedad de la irracionalidad y los perjuicios de esta privatización, a través de todos los medios posibles, reuniones, foros de debate, medios de comunicación, información electrónica, etc.
- Movilizar a los ciudadanos y a sus organizaciones y movimientos sociales contra el intento de privatización.
- Impulsar cuantas actuaciones sean posibles, desde el ámbito social, legal e institucional para paralizar la privatización.

Cabe llamar la atención de la importancia que la eclosión del movimiento 15M ha tenido sobre la capacidad de influencia e impacto de las actividades de la Plataforma, toda vez que se han visto fortalecidas notablemente porque un número significativo de asambleas de barrios y pueblos han asumido como propias las reivindicaciones de la Plataforma. Esta circunstancia ha llevado incluso a formalizar reuniones periódicas con las asambleas del 15M para planificar y coordinar acciones conjuntas siendo frecuente, por otra parte, la participación de miembros de diversas asambleas en las reuniones plenarias de la Plataforma.

Difusión de información

Atendiendo a la opacidad con la que se ha desarrollado el proceso de privatización, cobra una especial relevancia la difusión de la información sobre el propio CYII y las condiciones en la que se pretende materializarla. Consecuentemente, se ha establecido una política de comunicación hacia los ciudadanos a través de los medios propios (internet, publicaciones, etc.), en colaboración con el movimiento asociativo (actos, debates, etc.), el movimiento del 15M y a través de los medios de comunicación.

También se ha sistematizado la realización de charlas divulgativas en asociaciones de vecinos -facilitadas, sin duda, porque la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos es un miembro activo de la Plataforma-, y en asambleas del 15M. Para viabilizar esta actividad, y con el objetivo de que los mensajes y análisis fueran homogéneos, se preparó una Guía -que, como todos los documentos producidos por la Plataforma, está accesible en su página web- en la que se sistematiza la información disponible del Canal y del proceso de privatización; para difundir esta Guía, se han realizado varios talleres de información con asistencia de las personas encargadas de dinamizar actos y seminarios en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

En el contexto de la difusión de la información, también se ha participado en seminarios y actos organizados por otros colectivos con fines similares a los de la Plataforma.

Trabajo institucional

Las actividades de incidencia institucional son especialmente relevantes porque se refieren a las relaciones con las instituciones que juegan un papel principal en la lucha de oposición y resistencia: los ayuntamientos, los partidos políticos, y los sindicatos.

Ayuntamientos. Serán los mayores damnificados por la privatización del Canal así que se realiza un esfuerzo especial en informarles de los problemas que conlleva este proceso y apoyarles en sus reivindicaciones; se busca crear un frente activo de oposición que se ha concretado en hechos puntuales como es la presentación de la Iniciativa Legislativa Municipal a la que se alude posteriormente.

Partidos políticos. Se trabaja estrechamente con los partidos que están integrados en la Plataforma pero también con todos los que se oponen a la privatización, todo ello con el fin de coordinar acciones conjuntas. Estas relaciones son importantes ya que permiten desarrollar la oposición a la privatización al Parlamento regional de una forma coordinada.

Sindicatos. Las relaciones con las organizaciones sindicales se realizan principalmente a través del Comité de Empresa del CYII y especialmente con la sección sindical de CCOO del Canal; esta circunstancia ha permitido que la Plataforma se haya coordinado con los trabajadores del CYII en las luchas que están llevando a cabo contra la privatización.

Movilización

La movilización ciudadana es uno de los ejes fundamentales de la lucha de la Plataforma; consecuentemente la convocatoria de asambleas, reuniones amplias y, especialmente por su impacto social y mediático, manifestaciones ha sido una de las actividades permanentemente impulsadas por la Plataforma. En este sentido, se han convocado dos manifestaciones específicas contra la privatización del CYII, además de participar y adherirse a cuantas se han convocado en Madrid en defensa de los servicios públicos, bien impulsadas por plataformas sectoriales o por el movimiento del 15M.

En el tema de la movilización ciudadana, la Plataforma y diversas asambleas del 15M están organizando para primeros de marzo de 2012 una Consulta popular por el agua con objeto de que la ciudadanía de la Región de Madrid pueda pronunciarse sobre el intento privatizador del CYII.

Iniciativas legales

En la situación actual cobran especial importancia las vías jurídicas e institucionales que puedan aprovecharse para minar el proceso de privatización; para ello en el seno de la Plataforma se ha constituido un grupo legal cuya responsabilidad es identificar cuantas iniciativas sean posibles para evitar los fraudes de ley tanto durante el desarrollo del proceso de privatización, como en el momento en que se den los pasos definitivos para constituir la nueva sociedad anónima.

En este contexto, se ha impulsado y coordinado con diversos alcaldes y concejales de los ayuntamientos de la Región, la presentación de una Iniciativa Legislativa Municipal (ILM), que es un instrumento de participación municipal recogido en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid por el que los ayuntamientos pueden plantear modificaciones legales que se deben debatir y votar en la Asamblea Regional; de hecho, en diciembre de 2011 siete ayuntamientos (San Fernando, Leganés, Fuenlabrada, Rivas-Vaciamadrid, Getafe, Coslada y Colmenarejo) presentaron una ILM pidiendo la derogación de los artículos 16 y 17 de la Ley 3/2008, por los que se privatiza el Canal.

Esta iniciativa deberá ser debatida en un Pleno extraordinario, que se aprovechará para manifestar en la Asamblea Regional la oposición a la privatización del CYII.

Hacia el futuro

Si bien la lucha de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II es de ámbito local pues se circunscribe a la Comunidad de Madrid, no cabe duda que se inscribe en un movimiento global de defensa de los bienes y servicios públicos. En este sentido, se ha iniciado un proceso de reflexión sobre los aspectos generales de la lucha contra la privatización y lo que supone considerar el agua como un bien común y el reconocimiento del abastecimiento y saneamiento como un derecho humano.

Como consecuencia con lo anterior, la Plataforma se está coordinando con otras organizaciones similares, tanto nacionales como internacionales, con el convencimiento de que se pueden compartir experiencias, coordinar acciones y buscar apoyos y sinergias que redundarán en beneficio de las luchas contra la privatización de los servicios y bienes públicos.