Usurpación de terreno público

Ecologistas en Acción denuncia la usurpación de un terreno público con el consentimiento de la Delegación Provincial de Medio Ambiente.

Ecologistas en Acción denuncia la usurpación de suelo público por un particular, propiedad de la anterior Agencia Andaluza del Agua, consentida por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en terreno de servicio de paso existente en la margen izquierda del acueducto del canal de riegos del pantano de Bornos en Pago Romeral de Arcos de la Frontera.

El servicio de paso al igual que la carretera de servicio del canal es utilizado para el acceso a sus fincas por todos los vecinos de la zona, ya que además este servicio de paso entronca con el camino rural de titularidad municipal “Hijuela de Mascaharina”.

La usurpación parcial de dicho servicio de paso se ha llevado a cabo mediante la colocación de una alambrada de espinos, una caseta de madera, un poste de conducción eléctrica, una portada y un vallado de tunas (chumberas), por lo que los demás usuarios del citado camino se han visto perjudicados seriamente. El camino usurpado es de unos 50 metros.

Algunos de los vecinos afectados ha denunciado en diversas ocasiones este hecho no recibiendo una respuesta satisfactoria de la administración, por lo que Ecologistas en Acción, ha dirigido hace más de dos meses una denuncia a la Delegada Provincial de Medio Ambiente, solicitando la reposición de lo usurpado, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.

Para esta organización, es evidente la falta de voluntad de la administración provincial por resolver este problema de fácil solución y así cumplir la Ley. Señalamos que puede existir una presunta “dejación de funciones”, lo que facilita que un terreno público sea usurpado por un particular. Esperamos que de inmediato el terreno quede libre.

Recordamos que existen caminos rurales y vías pecuarias ocupadas ilegalmente o construcciones fuera de la Ley, en Arcos, como ya han denunciado en diversas ocasiones, y que las administraciones permanecen en muchos casos inactivas, lo que hace que otras personas se animen a incumplir la Ley, mientras una mayoría de personas cumplen con la Ley y pagan sus impuestos, lo que supone una clara discriminación y un deterioro del entorno.




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