El Parlamento Europeo bloqueó su renovación por explotar caladeros saharauis.

Mariano González, Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 72.

El acuerdo pesquero UE-Marruecos vuelve a poner de manifiesto el incondicional apoyo de la mayoría de los políticos españoles hacia el modelo de pesca industrial. Un apoyo que no entiende de derechos humanos, Derecho Internacional, sostenibilidad o ética, y se escuda en los puestos de trabajo directos que se puedan perder. Y eso que la principal causa estructural del declive progresivo del sector pesquero y del empleo asociado es la misma pesca industrial que tanto defienden.

El pasado 14 de diciembre el Parlamento Europeo vetó la prórroga por otro año más del acuerdo pesquero que existía entre la UE y Marruecos. El principal argumento esgrimido fue que el acuerdo no diferenciaba entre las aguas pertenecientes a Marruecos y al Sahara Occidental. Lo que en definitiva suponía legitimar a Marruecos como representante de unos recursos –los pesqueros– que controla de facto mediante el uso de la fuerza: una ocupación militar que dura más de 35 años, y que ha sido condenada por varias resoluciones de la ONU. Es importante señalar que las aguas del Sahara Occidental siempre han sido famosas por sus nutridos caladeros de pesca, uno de sus principales recursos naturales.

El acuerdo violaba tan flagrantemente el Derecho Internacional [1] que no hizo falta entrar a debatir si los 36,6 millones de euros que cada año la UE pagaba a Marruecos por mantenerlo eran o no rentables [2]; aunque con toda probabilidad esta fuera una de las razones que más influyera en la mente de muchos europarlamentarios.

En cualquier caso el veto del Parlamento Europeo ha significado un hito en la UE: es la primera vez que se veta un acuerdo de tipo comercial sancionado favorablemente por la Comisión Europea. Este éxito ha sido posible gracias al trabajo durante años (el acuerdo estaba vigente desde 2007) de varios grupos y organizaciones, muchos de ellos aglutinados en la campaña Fish Elsewhere [3], que presionaron a los políticos europeos para conseguir el cese del acuerdo. Una labor a la que Ecologistas en Acción se ha sumado también desde el año pasado.

Reacción mediática

Una vez trascendió la noticia de la no renovación del acuerdo, la respuesta mediática en el Estado español no se hizo esperar: en vez de aplaudir que por una vez los intereses comerciales no primaran sobre los derechos humanos –y más aún en un conflicto tan próximo y con tantos lazos afectivos como el del Sahara Occidental– todos los mensajes emitidos por los mass media giraron en torno a la pérdida de puestos de trabajo que suponía su no renovación, así como el daño que se ocasionaba al sector pesquero español. Una vez más los grandes capitales ligados al sector pesquero –propietarios de los pocos buques que faenan en los caladeros saharauis– impusieron su exclusivo e interesado punto de vista.

Lo que no se dijo, por ejemplo, fue que los 500 tripulantes que perderían su trabajo a bordo de las 101 embarcaciones que se beneficiaban del acuerdo pesquero, solamente representaban el 1,3 % de todo el personal empleado a bordo y el 0,9 % de todos los buques registrados en el Estado español [4].

Pero más importante aún que estas cifras fue el hecho de transmitir la idea de que con el cese de este acuerdo se vería perjudicado todo el sector pesquero español. Una afirmación que esconde una deliberada y tergiversada simplificación de lo que constituye el sector pesquero, y que conduce a equiparar y homogenizar los dos modelos coexisten en su interior: por un lado el modelo de pesca artesanal, caracterizado por embarcaciones de pequeño tamaño, que faenan próximas a la costa y practican artes de pesca de bajo impacto ambiental; y por otro lado el modelo de pesca industrial, con embarcaciones de gran tamaño y potencia que faenan a veces cerca de la costa pero también a varios miles de kilómetros, y que utilizan técnicas de captura masiva con alto impacto ambiental [5]. La realidad es bien distinta, ya que estos dos modelos no es solo que sean completamente opuestos en lo que a términos ecológicos, laborales y energéticos se refiere, sino que también resultan antagónicos e incompatibles entre sí.

La insostenibilidad intrínseca del modelo de pesca industrial (capturas masivas y con fuerte impacto ambiental) es de hecho la causa del declive de la pesca artesanal en todo el mundo (incluido el Estado español, Marruecos y el Sahara Occidental), debido a la sobreexplotación y agotamiento de los caladeros, así como del hundimiento de los precios de mercado que producen las grandes capturas globales realizadas por el modelo industrial y que convierten en inviables a los sistemas artesanales. Esta espiral en el declive de los caladeros de pesca hasta hace poco se sorteaba yendo a faenar a otras aguas cuando las capturas dejaban de ser rentables (una posibilidad de la que carecen las embarcaciones artesanales). Pero cada vez resulta menos posible esta dinámica: los actuales y mermados recursos pesqueros del mundo no son capaces de satisfacer toda la capacidad pesquera disponible.

¿Qué embarcaciones han perdido su licencia con el cese del acuerdo?

Las embarcaciones españolas que han perdido su licencia, principalmente andaluzas y canarias, son grandes embarcaciones que practicaban la pesca de arrastre, una de las más lesivas para el medio marino. Es decir que no representan al resto de embarcaciones (76 %) que practican la pesca artesanal en el Estado español, con intereses contrapuestos.

Una vez que se comprende que el problema del sector pesquero español y de todas las personas que viven de la pesca, al igual que en el resto del mundo, es la competencia desigual y por la fuerza que realizan las embarcaciones de tipo industrial, la única solución para revitalizar el sector e impulsar el empleo asociado pasa por apoyar y priorizar la pesca artesanal, a la vez que se reduce la actividad y capacidad pesquera de las embarcaciones industriales.

Lamentablemente, y como en tantos otros temas, la UE y los Gobiernos españoles actúan precisamente en la dirección opuesta: apoyando política (reforma de la Política de Pesca Común, acuerdos comerciales con terceros países, etc.) y económicamente (subvenciones) de forma descarada al modelo industrial [6]. O lo que es lo mismo: posicionándose del lado de los grandes capitales, que en el caso de la pesca se concentran en los grandes buques de tipo industrial.

Lo ocurrido en el caso del acuerdo pesquero UE-Marruecos, no vuelve sino a constatar este incondicional apoyo por parte de nuestros políticos [7]. Y todo ello a pesar de las graves consecuencias políticas para la resolución de un conflicto tan largo y con tanto sufrimiento humano como es el del Sahara Occidental, de saltarse sin miramientos el Derecho Internacional, de sobreexplotar los caladeros saharianos [8] y de justificar, en resumidas cuentas, el uso de las armas para el control de los recursos.

Así pues, la única esperanza para que el nuevo acuerdo pesquero excluya de forma expresa las aguas del Sahara Occidental (mientras se redacta este artículo la CE ya había obtenido el permiso para iniciar las negociaciones con Marruecos) reside a día de hoy en el resto de europarlamentarios.

Notas

[1] El territorio del Sahara Occidental está considerado por la ONU como un “territorio no autónomo pendiente de descolonización”. Lo que implica que la comercialización de sus recursos solo puede realizarse bajo dos condiciones: que los beneficios de tal explotación repercutan en la población saharaui y que se cuente con el visto bueno de su legítimo representante, es decir el Frente Polisario. Ninguno de estos dos supuestos se cumplen, tal y como ha constatado un informe encargado por la UE a la consultora francesa Oceanic Développement.

[2] Por cada euro invertido por la UE se recuperan 0,83 céntimos. En “La UE encubre a Marruecos para pescar en el Sahara”. Público, 5-9-2011.

[3] La campaña Fish Elsewhere es una coalición de ONG y políticos de 22 países que exigen a la UE que respete el derecho internacional y detenga inmediatamente toda actividad pesquera en las aguas del Sahara Occidental ocupado. Una de las organizaciones más importantes que participa en la campaña es la red internacional Western Sahara Resource Watch (WSRW).

[4] Se perderían además otros 200 puestos en tierra, dando por válidos los datos ofrecidos por la ministra de entonces, Rosa Aguilar.

[5] Para más información sobre sus características y peso dentro del sector pesquero véase: Ecologistas en Acción Deuda Pesquera Europea y Española. Implicaciones globales, causas y soluciones, 2011

[6] Para más información: www.ocean2012.eu

[7] 49 eurodiputados españoles (todos los del PP y del PSOE) de un total de 54 votaron a favor de prorrogar el acuerdo.

[8] Esta es una de las principales conclusiones del informe realizado por la consultora francesa Oceanic Développement.