Apartheid climático en Durban

Sin compromisos vinculantes para luchar contra el cambio climático.

Tom Kucharz, Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 72.

La Cumbre sobre Cambio Climático de Durban, a finales de 2011, fue un tremendo fracaso. El bloqueo de EE UU y el énfasis en los mecanismos de mercado en lugar priorizar la reducción de emisiones harán que se prolongue la inacción frente al cambio climático más allá del año 2020. Se condena así a millones de personas a la muerte, el hambre y la migración forzada, sin olvidar las fuertes convulsiones ambientales asociadas al calentamiento global.

La Cumbre sobre Cambio Climático de Durban (COP17), llevada a cabo en diciembre de 2011, repitió los fracasos de Copenhague (2009) y Cancún (2010), porque retrasó la puesta en marcha de acciones eficaces que estabilicen el clima sobre la base de la ciencia y la equidad a 2020 (o más allá). La antesala no pudo ser peor: la crisis económica y financiera barrió el asunto de la agenda política y mediática, y se venían reduciendo notablemente la Ayuda Oficial al Desarrollo y las inversiones en energías renovables o en medidas de eficiencia energética. Mientras tanto, la emergencia climática afectaba a muchos países, y supimos que en 2010 el aumento de la temperatura media global y la concentración en la atmósfera de los principales GEI, originados por el actual modelo agro-urbano-industrial, registraron valores récord desde la época preindustrial, según la Organización Meteorológica Mundial [1].

Sudáfrica inspiró a todo el mundo por las luchas de liberación de la mayoría del país sobre el yugo del apartheid. Pero en este mismo sitio, los Estados del Norte [2] (pero también los emergentes) han creado cínicamente un nuevo régimen de apartheid climático porque decidieron seguir contaminando y sacrificar los derechos humanos de millones de personas. Por ello las decisiones resultantes de la COP17 constituyen un crimen contra la humanidad, porque son una sentencia de muerte para la gente en muchos países empobrecidos, especialmente en África y los Pequeños Estados Insulares.

Se adoptó un nuevo proceso negociador llamado Plataforma de Durban: una mera declaración política de intenciones, sin carácter legal vinculante, y con cifras –voluntarias– de reducción de emisiones absolutamente insuficientes que llevarán al mundo a un aumento de la temperatura media global de entre 3,5 y 6 ºC a final del siglo. Muchos países, que ya sufren el aumento del nivel del mar, el clima extremo, problemas de abastecimiento de agua, hambre y migraciones ambientales, expresaron que el acuerdo marcó el común denominador más bajo posible y carecía de la ambición necesaria para garantizar su supervivencia. EE UU quizás sea el principal responsable del fracaso, ya que ha acelerado la demolición del marco legal internacional vinculante. Se negó a asumir compromisos de reducción de emisiones más ambiciosos y forzó al conjunto de los países a reemplazar el sistema jurídicamente vinculante de Kioto por otro más débil e ineficaz de promesas voluntarias.

Extensión del protocolo de Kioto

Se acordó un compromiso vacío y ambiguo [3] para establecer un segundo período del Protocolo de Kioto [4] pero sin ambición ni mencionar cifras de reducción de emisiones legalmente vinculantes. Como es sabido, la primera fase del Protocolo termina en 2012, mientras que el segundo período se desarrollaría de 2013 a 2017. La decisión puede atribuirse principalmente a las intenciones de la UE y las economías emergentes, pues así pueden continuar con los mecanismos de mercado que generan grandes beneficios económicos a las empresas privadas (como los mal llamados mecanismos de desarrollo limpio), y porque también resulta necesario para que una buena parte de la UE –como el Estado español– pueda cumplir con Kioto al compensar sus emisiones con la compra de créditos de carbono, retrasando así peligrosamente el cambio de modelo.

Se han dejado para este año temas sustantivos sobre el funcionamiento del segundo período de compromiso [5], lo cual da a un país productor de petróleo como Catar –donde tendrá lugar la COP18– una influencia particularmente arriesgada sobre el futuro del régimen del clima.

Quizás uno de los peores anuncios de la cumbre fue que Canadá abandona Kioto antes de que termine su periodo de vigencia, creando un mal precedente (Japón y Rusia no firmarán el segundo periodo de compromiso), para seguir explotando los yacimientos de arenas bituminosas en la provincia de Alberta, una forma de explotación petrolera muy contaminante. Solo podemos confiar en que algún país valiente lleve a Canadá ante la Corte Penal Internacional u otros tribunales internacionales para recordarle su obligación legal bajo la Convención de reducir sus emisiones.

A partir de 2012 un grupo de trabajo empezará a “desarrollar un nuevo protocolo, otro instrumento legal o una solución pactada con fuerza legal que se aplicará a todas las Partes en la convención del clima de la ONU” que sería firmado en 2015 y entraría en vigor en 2020. La naturaleza exacta aún está por decidirse, pero EE UU vetó cualquier mención al carácter legal vinculante y a la equidad. En vez de aislar y condenar a EE UU, la UE e India consensuaron in extremis un texto que eliminó el principio histórico de la convención climática sobre responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades diferenciadas para mitigación, transferencia de dinero y tecnología. Este nuevo mandato crea un sistema más débil –si cabe– que el actual, y además no reconoce la responsabilidad histórica de los países industrializados (75% de las emisiones históricas), quienes retroceden en sus compromisos legales, mientras trasladan a los países menos responsables por el calentamiento global (25% de las emisiones históricas) nuevas obligaciones, invirtiendo la carga del esfuerzo a realizar. A pesar de la llamada “hoja de ruta” ofrecida por la UE, lo cierto es que Durban fue un callejón sin salida.

Sigue existiendo una brecha entre los compromisos actuales de los países de reducción de emisiones para 2020 y el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 ºC. No se lograron ampliar las promesas realizadas en Copenhague y Cancún. Sin embargo, las promesas de mitigación de los países en desarrollo (no-Anexo I) suman más toneladas de CO2 que las promesas de los países desarrollados [6].

Escasa financiación climática

La Comisión Europea permitió la concesión de unas muy abultadas ayudas públicas a la banca (1,6 billones de euros entre 2008 y 2010), pero al mismo tiempo la UE argumentaba en Durban que no podía aportar más fondos al clima por la crisis económica. Y esto es algo generalizado entre los países industrializados, que apenas han transferido un 7% de los 30.000 millones de dólares que se habían comprometido a facilitar entre 2010-12 a los países empobrecidos, en forma de ayuda “nueva y adicional” contra el cambio climático.

En Durban se puso en marcha el Fondo Verde para el Clima que canalizaría teóricamente 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020 a los países del Sur. Pero este fondo nace vacío y aún no se estableció cómo se conseguirá movilizar ese dinero. Propuestas como una tasa sobre las transacciones financieras, que podría recaudar globalmente, como mínimo, 650.000 millones de dólares cada año, así como impuestos sobre el transporte marítimo (bunkering) y aéreo, generaron tal oposición por parte de la industria que siguen sin ser acordadas. Tampoco se ha aceptado la eliminación de las subvenciones públicas a los combustibles fósiles, que globalmente ascienden a 487.000 millones de euros anuales. Una vez más, los Estados han priorizado la defensa de los intereses de las industrias contaminantes, de los bancos y del sistema financiero.

El Banco Mundial (BM) sigue como administrador interino del fondo a pesar de la intensa oposición de la sociedad civil, que argumenta que las estructuras del BM son antidemocráticas y sus programas siguen financiando –mayoritariamente– grandes proyectos de combustibles fósiles [7]. Otra mala noticia: el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) asume la secretaría del Fondo Verde para el Clima (junto con la UNFCCC), en contra del rechazo mayoritario del grupo G77+China, pues consideran que el GEF está fuertemente influenciado por las políticas neoliberales del BM. Mucho nos tememos que así no habrá una secretaría y una gestión independiente de la financiación climática, lo que puede echar por tierra las buenas intenciones con las que se comenzó el diseño del Fondo Verde para el Clima. El Fondo ha sido secuestrado por los países ricos, bajo sus términos, y permitirá dar más ganancias al sector privado.

La presencia del lobby corporativo y la toma de la COP17 por las multinacionales petroleras y energéticas mostró la verdadera agenda de la cumbre. Fue sintomático que la captura y el almacenamiento de carbono se convirtiera en un nuevo mecanismo de desarrollo limpio (MDL), sin que se hayan despejado las incertidumbres de esta tecnología. Se recompensará a los gobiernos y empresas que invierten en proyectos altamente peligrosos con créditos carbono que además perpetúan el apoyo al carbón y el petróleo. Las discusiones sobre tecnología han sido secuestradas por los países industrializados que hablan en nombre de sus corporaciones. La crítica al monopolio de patentes o la evaluación ambiental, social y cultural de las tecnologías, fueron eliminadas del texto.

Nuevos mecanismos de mercado

Las partes están trabajando también en el desarrollo de un marco para nuevos mecanismos de mercado bajo el nuevo tratado. La UE quiere que cualquier nuevo mecanismo de mercado se convierta en ley internacional porque así los mercados siguen con vida aun sin Kioto y la obligación de reducir emisiones. Teóricamente las reglas deberían asegurar la integridad medioambiental de los nuevos mercados, intentar evitar la doble contabilidad y garantizar una disminución neta de las emisiones de CO2, objetivos que –con la experiencia de Kioto– no se cumplirán.

En relación al controvertido programa REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques), que ha sido denunciado por fomentar la privatización de bosques y el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, el acuerdo de Durban aceptó considerar aportes privados y mecanismos de mercado como las opciones para financiar el programa, aunque podrían pasar años hasta que despegue a gran escala. “REDD+ amenaza la supervivencia de los pueblos indígenas. Numerosas y crecientes evidencias muestran que los pueblos indígenas están sufriendo violaciones de sus derechos como resultado de la aplicación de políticas y programas tipo REDD” declaró la Alianza Global de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales contra REDD y por la Vida, y puntualizó: “no detendrá el calentamiento global” [8].

El futuro está claramente en manos de los movimientos ciudadanos, que en 2011 han logrado, entre otras, impedir la explotación de gas no-convencional (fracking) en Francia y Bulgaria [9] y que no se construya el oleoducto Keystone XL entre Canadá y EE UU [10]. Un acuerdo multilateral justo para enfrentar la emergencia climática es necesario, pero para lograrlo habrá que revisar nuestras estrategias y seguir construyendo alianzas amplias para fortalecer el movimiento por la justicia social y ambiental en todo el mundo con el fin de transformar radicalmente la agenda política y económica dominante. Otro reto es que el movimiento 15M integre la lucha por la justicia ambiental, y especialmente el tema del cambio climático, en la agenda política y de las movilizaciones contra las políticas del PP, los ajustes estructurales impuestos por la UE y la crisis.

Falsas soluciones
No debemos seguir esperando soluciones de este proceso. Con la Cumbre de Río+20 como trasfondo, las políticas climáticas están dando un giro hacia la llamada economía verde, tratadas como un negocio y se condicionan a la intervención del sector privado. Por ello son necesarias campañas contra las grandes empresas energéticas, como Shell, BP, Repsol-YPF y Endesa-Enel, que han secuestrado las negociaciones sobre cambio climático y han bloqueado –mediante soborno y otras estrategias de lobby– cualquier avance en la lucha contra el cambio climático, fomentando el escepticismo y promoviendo falsas soluciones, como el comercio de carbono, con el fin de evitar cualquier transición planificada a una economía baja en carbono. Debemos impedir que extiendan su poder en Río+20 o a través de la economía verde, que busca extender la privatización y la financiarización de la naturaleza que se inició con los mercados de carbono.