Montes públicos en venta

Historia de un desmán en Castilla-La Mancha, pendiente de solución definitiva.

Miguel Ángel Hernández Soria, Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha. Revista El Ecologista nº 78.

El Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por María Dolores de Cospedal se ha convertido en punta de lanza de un sinfín de medidas de recorte en los servicios públicos. Los medioambientales no han sido la excepción y, amparándose en la excusa de combatir el déficit de la administración autonómica, todo estaba preparado para iniciar una masiva venta de Montes de Utilidad Pública de titularidad autonómica. Solo una potente reacción social ha conseguido frenar en seco una desamortización que hubiera dado inicio al mayor de los atentados al patrimonio natural y forestal.

Cuando la Junta de Castilla-La Mancha descatalogó en octubre de 2012 tres refugios de fauna situados en sendos Montes de Utilidad Pública de la provincia de Toledo para facilitar que gestores privados accedieran a explotar la caza en ellos, se comenzó a vislumbrar que algo trascendente estaba cambiando en la gestión forestal y ambiental de la región.

En las semanas siguientes se fueron acumulando evidencias de que algunos de estos montes, como el Dehesón del Encinar, se estaban liberando de las actividades de investigación y ganaderas que podían suponer una carga. Poco a poco fue cobrando fuerza el rumor de una hipotética venta, al menos de estos tres montes públicos. De hecho, un técnico responsable del trámite de descatalogación de los refugios reconoció en una reunión con Ecologistas en Acción, probablemente sin querer y sin pensar en la trascendencia de sus comentarios, que el destino de estos espacios era su posible venta.

A falta de unas pruebas más sólidas en las que fundamentar una denuncia concreta, dos situaciones confluyeron en el tiempo para confirmar lo que estaba ocurriendo. Un buen número de agentes medioambientales y técnicos de la Consejería de Agricultura empezaron, primero a cuestionarse, y luego a protestar internamente, por el hecho de que se les había requerido que informaran de la situación en cuanto a infraestructuras, aprovechamientos y cargas de una serie de Montes de Utilidad Pública. Se les pidió que rellenaran una ficha que parecía reunir los datos que podría requerir una inmobiliaria de fincas rústicas para conocer su valor y posibilidades.

A la par, en una cita con el Director General de Montes y Espacios Naturales, preguntado por el tema, este reconocía a varios representantes de ONG ambientales que se estaba trabajando en un listado de montes públicos que se podrían vender, aunque quiso minusvalorar la iniciativa señalando que era un asunto en estudio.

A esas alturas Ecologistas en Acción ya sabía que se habían realizado contactos al más alto nivel del Gobierno de Castilla-La Mancha con empresarios, grandes fortunas y gestores cinegéticos para sondear el posible interés de estos por adquirir determinadas fincas públicas de la Junta. La asistencia de la Presidenta de Castilla-La Mancha junto a su ya famoso marido a monterías y reuniones en fincas muy señaladas había alentado en buena parte estos rumores.

Una propuesta con nombre y apellidos

Llegados a este punto, la dificultad era saber si sólo se estaba estudiando o si se había planificado algo más concreto en torno a la venta de montes públicos. La prueba, sin embargo, estaba bien a la vista, en concreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. La Ley 10/2012, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2013, contempla una partida de ingresos de 45,6 millones de euros derivados de la “enajenación de bienes inmuebles de naturaleza no urbana”, dicho de otra manera, de la venta de terrenos rústicos de titularidad autonómica.

Esa suma de dinero, a la que se añadirían otros importes en años sucesivos, sólo es posible obtenerlo de las ventas de Montes de Utilidad Pública, ya que de las aproximadamente 180.000 hectáreas de que dispone la Junta, 10.000 son un cúmulo de pequeños terrenos de poco valor y difícilmente vendibles. Las 170.041 hectáreas restantes son todas de M.U.P. y son fincas de cierto tamaño y entidad como para que la venta de algunos lotes pudiera dar lugar a los ingresos previstos.

Curioso que hasta finales de enero de 2013 nadie se hubiera apercibido de ello ni lo hubiera publicitado. Más aún, llama la atención el silencio de la oposición en Castilla-La Mancha, que tampoco pareció percatarse del dato, a pesar de que los presupuestos se habían debatido en las Cortes Regionales. Solo la mirada inquisitiva de algunos funcionarios comprometidos permitió acceder a esta información e ir minando poco a poco las resistencias del Gobierno de la Junta a explicar sus intenciones.

Por fin, el 18 de febrero de 2013, Ecologistas en Acción revelaba la lista inicial de Montes de Utilidad Pública en la que trabajaba la Consejería de Agricultura con vistas a seleccionar las fincas a vender. Colaboradores anónimos filtraron la lista a la asociación y con ella se elaboró un informe demoledor dado el número de montes candidatos a la venta, en total 57, las hectáreas que acumulaban, más de 40.000, y el impacto ambiental, social y territorial que la venta supondría (ver 1, enlace al informe en la web).

La exhibición pública de la lista desencadenó una ola generalizada de quejas y rechazo a la medida en la que fue fundamental el papel de la masiva recogida de firmas de funcionarios de la Junta, el manifiesto promovido entre asociaciones ecologistas y de profesionales forestales, y la presión de los colegios de ingenieros de montes y técnicos forestales, de las asociaciones de agentes medioambientales y de muchos ayuntamientos afectados. Pocas veces, y menos en Castilla-La Mancha, se alzaron tantas voces en contra de algo como en este caso, como así se hizo ver en los diversos actos públicos celebrados.

La ignorancia es muy atrevida, y peligrosa

La respuesta de la Junta ante las evidencias no pudo ser menos acertada. En lugar de reconocer la situación y explicarla, distintos portavoces solo dijeron que los denunciantes eran unos demagogos y unos alarmistas y que no se venderían “espacios naturales protegidos”, alentando al confusionismo, ya que parecía que los propios responsables de la Junta no conocieran las diferencias entre una figura de protección y los M.U.P. a efectos de lo que se estaba tratando. Quienes diseñaron y comenzaron a poner en marcha este plan parecieron ignorar también las limitaciones que la vigente legislación estatal de montes impone a la venta de unos bienes que se catalogan de demaniales y que, por lo tanto, son imprescriptibles, inembargables e inalienables.

Diversos artículos de opinión de catedráticos, juristas e investigadores así lo han recordado, y, además, han puesto en comparación esta medida con las funestas consecuencias que para el medio forestal y la justicia social tuvieron las desamortizaciones iniciadas desde finales del siglo XVIII y diseñadas igualmente para atajar el déficit público.

Ilustraron además sobre un dato que explica en parte esta historia. La venta de fincas públicas, la propone y defiende desde el 2010 el exministro de Agricultura en tiempos de UCD, excatedrático de Economía y Ciencias Sociales Agrarias en la Universidad Politécnica de Madrid, exasesor de la Generalitat Valenciana y actual Presidente de la Asociación Nacional de Constructores Independientes, Jaime Lamo de Espinosa, como una vía liberal para obtener ingresos extras para los ayuntamientos.

Según se relataba en el diario El País de 28/8/2010, dentro de un artículo titulado “Vender bosques nos empobrece” firmado por Rafael Méndez, Jaime Lamo decía en relación a la venta de M.U.P. que proponía “la verdad es que no sé si habría demanda, pero hay gente que puede hacerlo por la suntuosidad de comprarse 2.000 o 3.000 hectáreas junto a su casa o para cazar. Castilla-La Mancha tiene buena parte de sus montes parcelados para cazar y es una extraordinaria fuente de ingresos”. Sobran los comentarios.

¿El fin de la historia?

Dados los escollos legales con los que ha topado la iniciativa de venta de montes en Castilla-La Mancha, la preocupación se ha dirigido ahora hacia la posibilidad de que se intente modificar la Ley de Montes para facilitarla. A ello ha contribuido la coincidencia en el tiempo de esta polémica con la reforma de la Ley de Montes estatal que impulsa el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El Ministro Arias Cañete ha asegurado públicamente que él no facilitará la venta de montes públicos, y los borradores de la norma que ahora se manejan así lo ratifican. Pero hay que recordar que una vez el texto del proyecto de Ley salga hacia las Cortes, serán éstas, a través de los grupos políticos, las que moldeen y reformen el texto definitivo.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha parece haber frenado el plan de venta, Resulta muy significativa la celebración de una reunión del Gobierno en el Dehesón del Encinar y el anuncio de que ahora se va a instalar en él un centro de investigación de vacuno de leche. Han dejado, al menos por ahora, de recabarse datos de las fincas susceptibles de venta, pero habrá que esperar a los presupuestos de 2014 y seguir en detalle los pasos que dé la Junta en los próximos meses para confirmar que la idea de vender montes públicos se ha abandonado.

Mientras tanto, otras iniciativas además de esta ensombrecen el futuro de los montes públicos. La privatización de los mismos parece imparable, Castilla-La Mancha está sacando a licitación gran cantidad de aprovechamientos que si no se controlan adecuadamente, y ahora la administración carece de los medios en el campo y de la voluntad en los despachos para hacerlo, supondrán un efecto negativo en el medio natural.

Comunidades Autónomas como la de Valencia también se apunta a las privatizaciones; otras administraciones, como la Diputación de Ciudad Real, quiere vender fincas, de momento con poco éxito. Además, la reforma de las administraciones locales amenaza a los montes comunales y de las pequeñas entidades locales. El frente está abierto y habrá que estar muy atento para que esto no derive en un proceso de pérdida irreversible de la titularidad pública de un buen número de hectáreas de montes.

Referencias:

Ecologistas en Acción, 2013. Informe sobre el listado inicial de montes públicos susceptibles de venta en Castilla-La Mancha. Valoración del impacto ambiental y territorial




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