Anulada una urbanización con 500 viviendas y golf en Almazán

El Tribunal Supremo consolida el principio de no regresión en la protección ambiental frente a intereses particulares, en este caso vinculados a la especulación inmobiliaria que tanto daño ha hecho al país.

El Tribunal Supremo (TS) ha dictado Sentencia, de fecha 23/2/2012, desestimando el Recurso de Casación nº 3774/2009 interpuesto por la Junta de Castilla y León (JCyL) contra la Sentencia nº 217/2009 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Burgos, declarando la nulidad de la Orden MAM/451/2007, de fecha 8 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente de la JCyL, por la que se aprueba la segregación de terrenos del monte “Llanos de la Oruca” núm. 204 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Soria, confirmando la misma y con condena en costas a la JCyL.

La Orden recurrida pretendía una actuación urbanizadora de baja densidad, con 500 viviendas y dotación de campo de golf en suelo ocupado por la superficie del Monte nº 204 “Llanos de la Oruca” de Utilidad Pública descatalogado, para ese fin, en el término municipal de Almazán (Soria).

Con la aprobación de la resolución impugnada se ha ejercitado una potestad administrativa, consistente en autorizar la separación de una parte de un Monte Catalogado (8,73 hectáreas), que implica la descatalogación y la subsiguiente desprotección, para alcanzar la posterior reclasificación urbanística del suelo como urbanizable para la ejecución de la actuación urbanizadora, al margen de las finalidades propias que debe presidir la actuación administrativa sobre montes, incurriendo en un fraude de ley, proscrito por el artículo 6.4 del Código Civil.

No sólo no se acreditó la inexistencia de otros terrenos alternativos en el que poder localizar la urbanización, sino que parece que se buscó exactamente esa localización como reclamo comercial y atendiendo al plusvalor que para los futuros residentes y usuarios del campo de golf tendría su localización en el entorno de un monte ya existente. El diseño de la urbanización en forma de “U” dentro del monte lo acredita.

La conclusión a que llega el TS, es que las actuaciones como las recurridas –descatalogación y segregación de terrenos que forman parte de un Monte de Utilidad Pública siendo la motivación el destinarlos a su posterior urbanización– suponen un quebrantamiento palmario del mandato constitucional recogido en el artículo 45 que atribuye a todos los ciudadanos el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y establece para todos, el deber de conservarlo, añadiendo el mandato dirigido a los poderes públicos de “velar por la utilización racional de los recursos naturales… y defender y restaurar el medio ambiente”, así como por el cumplimiento de la normativa urbanística y medio ambiental.

La dimensión jurisprudencial creada por la sentencia la consideramos de gran valor por su trascendencia y por la novedad de la consolidación jurídica del PRINCIPIO DE NO REGRESION CALIFICADORA DE PROTECCION AMBIENTAL apoyada en el ámbito normativo comunitario del medio ambiente que impone el nuevo Tratado de Lisboa. Con la finalidad, siempre, de proteger los avances de protección alcanzados en el contenido de las normas medioambientales.

“Se configura como un mínimo sin retorno, de no regresión, a modo de cláusula stand still propia del derecho comunitario, que debe respetar la Administración. Sólo es dable minorar dicha superficie cuando existe un interés público especialmente prevalente, acreditado y general; no cabe cuando dicho interés es particular o privado, por gran relevancia social que tenga”.

Los hechos que han dado lugar a esta fallida urbanización de un Monte de Utilidad Pública, hay que entenderlos dentro del contexto de la fiebre urbanizadora y de la especulación inmobiliaria que ha vivido toda España, y que ha sido uno los pilares de esta grave crisis económica y laboral.

La fiebre urbanizadora, la especulación inmobiliaria, y la dejación de funciones de las administraciones y de sus políticos, pensábamos que ha sido una de las lacras del Levante español, cuando en realidad en una provincia, como Soria, aparentemente con menos atractivo y menos demanda urbanizadora ha estado realmente sometida a los mismos problemas. La Oruca es un ejemplo que ha salido a la luz porque una ONG, que se financia únicamente con las cuotas de sus asociados, ha luchado para conseguir que el estado de derecho y el interés público, en su última instancia judicial, prevalezca sobre el interés particular. En Castilla y León tenemos varios ejemplos: Villanueva de Gómez y la Ciudad del Golf en Navas del Marqués (Avila), San Glorio (León), Meseta Ski en Tordesillas (Valladolid) y la denostada Ciudad del Medio Ambiente (Soria) aprobada por Ley singular.

Intereses privados que entendemos venían disfrazados de un supuesto interés general con la demagógica creación de desarrollo y empleo. Falsas y meditadas razones que han sido apoyadas o toleradas por políticos de todas las administraciones y partidos políticos e incluso agentes sociales, y por funcionarios de libre designación que han suscitado entre éstos un presunto interés en alinearse políticamente, frente a su deber de cumplir y hacer cumplir la leyes.