Coincidiendo, el próximo lunes 21 de mayo, con los 20 años de la aprobación de la Directiva Hábitat, Ecologistas en Acción denuncia el continuado incumplimiento de dicha Directiva por parte de las Comunidades Autónomas, quienes están permitiendo el continuo deterioro de la Red Natura 2000.

La Directiva Hábitat 92/43/CEE, aprobada el 21 de mayo de 1992, junto con la Directiva de Aves, es el principal pilar para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea, ya que establece las bases comunitarias para la conservación de los hábitat naturales y de la flora y fauna silvestres. La principal aportación de esta directiva fue la creación de la Red Natura 2000, una ambiciosa y extensa red ecológica constituida por ZEC (Zonas de Especial Conservación) y ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves).

Para la creación de esta Red, la Directiva establece una serie de plazos que las administraciones españolas han venido incumpliendo sistemáticamente. Especialmente grave es el incumplimiento de los plazos establecidos para la declaración de los ZEC y la aprobación de sus correspondientes planes de gestión. En concreto, en 2008 se deberían haber designado las ZEC de la Región Macaronésica (Canarias), en 2010 los ZEC de la región Atlántica y en 2012 se deben designar los de la región Mediterránea, que todo indica que tampoco se hará.

Si se hubieran cumplido estos plazos, actualmente contaríamos con mas de 1400 ZEC con sus correspondientes planes de gestión, sin embargo la realidad es que se han declarado menos de un 20% de esas 1.400 ZEC. Este dato demuestra la desidia de las Comunidades Autónomas en todo lo referente a la aplicación de la Directiva Hábitat.

Pero no solo se han incumplido los plazos de creación de la Red Natura 2000, las administraciones españolas han infringido la Directiva permitiendo que estas zonas de alto valor ecológico a nivel comunitario incorporadas en la Red Natura 2000 estén siendo gravemente deterioradas. Las Comunidades Autónomas, que son las competentes en la gestión de la Red Natura 2000, parece que consideran esta red más como una traba que como una oportunidad para avanzar hacia la sostenibilidad. Quizás por ello están autorizando todo tipo de proyectos insostenibles dentro de la Red Natura 2000, como puertos, aeropuertos, autovías, estaciones de esquí, desarrollos urbanísticos, etc. que vulneran la Directiva y están siendo causa de actuaciones judiciales.

Tres ejemplos de cómo la Administración se desentiende de la implementación de esta Directiva son: el intento de declaración por el Gobierno de Canarias de todos los ZEC Macaronésicos sin la elaboración previa de un plan de gestión que contenga los objetivos y medidas de conservación tal y como exige la Directiva; el permiso de la Junta de Castilla y León para que las minas de Lanciana se sigan explotando a pesar de haber sido declaradas ilegales; o la aprobación del Canal Segarra-Garrigues (Cataluña), que afecta a una ZEPA de aves esteparias. Estas y otras infracciones evidencian la supeditación de la conservación a los intereses económicos de turno, y están ya en manos de la Comisión Europea, con el consiguiente gravamen de que pasen a ser juzgados por el Tribunal de Luxemburgo.

Ecologistas en Acción hace un llamamiento a las Administraciones para que no continúen vulnerando la normativa comunitaria y española, evitando de esta forma que una posible multa europea socave las ya maltrechas arcas públicas. Por el contrario, reclaman una implementación plena, con recursos económicos (está demostrado que conservar la naturaleza reporta muchos más beneficios que costes), medios técnicos y humanos, y mecanismos que faciliten la plena implicación de todos los agentes sociales (organizaciones ecologistas incluidas) en la monitorización y seguimiento de la Red Natura 2000.