Obsoletas las Autorizaciones Ambientales Integradas

Ecologistas en Acción solicita de la Delegada Provincial de Medio Ambiente de Cádiz la revisión de todas las Autorizaciones Ambientales Integradas de los vertederos de Cádiz.

La reciente entrada en vigor del Reglamento de Residuos en Andalucía ha dejado obsoletas las Autorizaciones Ambientales concedidas a los vertederos y plantas de tratamiento de Bolaños y Las Calandrias (Jerez), Miramundo (Medina Sidonia) o Sur de Europa (Los Barrios), por lo que Ecologistas en Acción ha emplazado a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz a realizar este trabajo.

Además, no se están cumpliendo los objetivos de reciclado y compostaje de la materia orgánica, por lo que el porcentaje de rechazos que van a vertedero es abrumador, generando ingentes cantidades de metano (gas de efecto invernadero) y acortando la vida útil de los vertederos.

Frente a esta situación, las posibilidades son empezar a recoger de forma selectiva la materia orgánica (acción que no se realiza en ningún municipio), potenciar los sistemas de envases retornables (para minimizar la producción de desechos) y educar a la ciudadanía en la separación domiciliaria de sus propios residuos. Este es el envite que nos apremia.

Carta a la Delegada Provincial de Medio Ambiente de Cádiz:

Ecologistas en Acción reclama la realización de las medidas correctoras contenidas en las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAIs) concedidas a las plantas de tratamiento de residuos de la provincia de Cádiz.

La Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) recoge en la Sección 2ª del Capítulo II la necesidad de contar con Autorización Ambiental Integrada para todas las instalaciones contenidas en el Anexo I, como medida de evitar, reducir y controlar la contaminación.

Los centros de gestión de residuos urbanos de Las Calandrias (Jerez), Miramundo (Medina Sidonia) y Sur de Europa (Los Barrios), junto a la planta de tratamiento y vertedero de Verinsur para residuos industriales (Jerez), están sometidos a esta obligación legal, puesto que valorizan y depositan residuos peligrosos en cantidades superiores a 10 toneladas/día (caso de Verinsur), o “eliminan” residuos urbanos en cantidades superiores a 50 toneladas/día o vierten residuos por encima de las 10 toneladas/día. Son las determinaciones de la categoría 11 del citado anexo I.

Pues bien, transcurridos 5 años de la Ley GICA, la planta de Las Calandrias en Jerez sigue en funcionamiento sin contar con la preceptiva AAI, disponiendo solo de una obsoleta Declaración de Impacto Ambiental de 1999. Es cierto que la Disposición transitoria sexta de la Ley GICA acepta que actuaciones sometidas a autorización ambiental unificada (AAU) puedan continuar con meras declaraciones, informes o calificaciones ambientales, lo que no es de aplicación a la planta de Las Calandrias, que debiera funcionar bajo la obligatoria AAI. ¿Por qué esta grave omisión?

En el caso de las plantas de tratamiento de residuos urbanos no peligrosos de Miramundo y Los Barrios, y del centro de Verinsur para residuos industriales, las AAIs fueron concedidas el 30 de octubre de 2007, siendo en ambos casos “viables”, pero sujetas a una serie de medidas correctoras y de condicionantes ambientales.

En el tiempo transcurrido, tanto la Ley 22/2011 de Residuos, como el Reglamento de Residuos de Andalucía (Decreto 73/2012), el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020 y el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019, han venido a incrementar las exigencias medioambientales de las plantas de tratamiento de residuos, dirigidas a reducir drásticamente la fracción de materia orgánica a vertido, aumentar el porcentaje del residuo reciclado y recuperado y prohibir taxativamente todo residuo destinado a vertedero sin previo tratamiento. Por ello, antes de finalizar el periodo de 8 años de vigencia de las AAIs, éstas deben ser actualizadas.

En consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente aprobó el 17 de enero de 2012 el Decreto 5/2012 regulador de la AAI, que en su artículo 34 establece que:
La autorización ambiental integrada caducará si no se hubiera comenzado la ejecución de la actividad en el plazo de cinco años desde la notificación a la persona o entidad titular de la actividad para la que se ha obtenido autorización ambiental integrada de la resolución de otorgamiento.

Realizado un seguimiento del nivel de cumplimiento de las determinaciones de las AAIs, desde su concesión en 2007, podemos afirmar que dichas mejoras y objetivos de calidad no se están cumpliendo en ninguna de ellas, por lo que en puridad debieran entrar en caducidad. No se nos escapa la gravedad de la situación que se ha creado, con responsabilidades compartidas, tanto de la Administración responsable en la concesión de las AAIs como de la verificación de su cumplimiento, la Cª de Medio Ambiente, como de los propios gestores de las plantas.

El caso más vergonzoso de incumplimiento legal es de nuevo Miramundo, planta que arrastra un cúmulo de problemas y de resultados funestos. A pesar de que contó con una financiación de 18 millones de euros por parte de la Unión Europea, sobre todo para poner en marcha el proceso de biometanización, éste nunca ha funcionado. También en la AAI concedida se emplazaba a la empresa gestora a incrementar notablemente la fracción orgánica compostable, evitando su vertido: de nuevo, objetivo incumplido.

Como ya denunciamos en el recurso de alzada ante la Consejería de Medio Ambiente de 16 de febrero de 2008:

“La instalación de compostaje anaerobio de Miramundo apenas ha funcionado desde su misma fecha de inauguración en 1999, no existiendo en la misma desde hace tiempo tratamiento de los rsu, y por consiguiente no se fabrica compost, no se genera biogás y de este modo las basuras se han ido depositando de forma ilegal en el vertedero adjunto, que solo estaba autorizado para recibir los rechazos del proceso de compostaje.

En consecuencia el resultado es que el vertedero está convirtiendo lo que eran depresiones topográficas en auténticas montañas de desechos, acortando la vida útil del vertedero actual; los 3 millones de metros cúbicos de capacidad pronto se verán agotados; y gran parte de esos desechos que podrían y deberían haber sido aprovechados, sobre todo la fracción orgánica, van a funcionar como reactores químicos, generando metano y otros contaminantes ambientales, durante un período dilatado de tiempo.”

En particular, el incumplimiento más flagrante de Miramundo es el que establece la AAI:
Con carácter general, en el vertedero solo se admitirán residuos que hayan sido objeto de algún tratamiento previo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6.1 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, de forma que contribuya a los objetivos establecidos en el principio de jerarquía recogido en el artículo 1.1 de la Ley 10/98 de Residuos.

Ni siquiera la planta respeta la obligación de la anterior Declaración de Impacto Ambiental de 24 de junio de 1998, cuando exigía:
“los rechazos de rsu que serán depositados en el nuevo vertedero deberán acondicionarse previamente. No se permitirá, con carácter general, el depósito de residuos con un porcentaje de materia orgánica superior al 10% y que no estén previamente embalados”.

Como reiteradamente hemos denunciado, a lo largo de los casi 14 años de la Declaración de Impacto Ambiental de la planta de Miramundo, la Consejería de Medio Ambiente no ha adoptado medidas sancionadoras por el flagrante incumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental, en particular de la prohibición de verter residuos con un porcentaje de materia orgánica superior al 10% y que no estén previamente embalados. En vez de funcionar como vertedero de rechazos, el vertedero al no operar ni la planta de compostaje ni la de digestión anaerobia, ha recibido y recibe residuos urbanos en bruto, sin tratamiento, incumpliendo las exigencias del Decreto 218/1999 que aprobó el Plan Director de gestión de Residuos urbanos de Andalucía, del Real Decreto 1481/2001 que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, de la Ley nacional 10/1998 de residuos.

El reciente Reglamento de Residuos de Andalucía (Decreto 73/2012) establece en el artículo 49 objetivos de gestión de residuos que no se están acometiendo en absoluto.

Las determinaciones que las nuevas AAIs de las tres plantas de RSUs deben acometer, son:
h) Se adoptarán las medidas apropiadas para establecer la recogida separada de biorresiduos con vistas al compostaje o a la digestión anaerobia de los mismos, de tal forma que antes de 2016 se recoja un 20% de los biorresiduos al objeto de alcanzar el 40% en el 2020. Estos porcentajes se calcularán respecto al peso total de biorresiduos generado.

Los objetivos anteriores se podrán conseguir mediante el compostaje doméstico, la recogida separada de la fracción vegetal, la recogida separada en grandes generadores y la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos domésticos.

Asimismo, se garantizará el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente en instalaciones específicas sin que se produzca la mezcla con residuos mezclados a lo largo del proceso y se promoverá el uso de abono orgánico o compost.

k) Se reducirá la cantidad de residuos biodegradables depositados en vertedero de residuos no peligrosos, para cada instalación, de forma que a partir del 16.7.2016 se deposite menos del 35% de los residuos biodegradables generados en 1995.

l) Se reducirán los rechazos procedentes de las plantas de recuperación y compostaje enviados a vertedero, para cada instalación:

1.º En 2015, un 20% respecto a lo depositado en 2008.

2.º En 2019, un 30% respecto a lo depositado en 2008.

El también reciente Decreto 5/2012 regulador de la AAI es un instrumento oportuno para adecuar todas estas instalaciones a los requerimientos del Reglamento de residuos; en el caso de Las Calandrias, la exigencia es mucho mayor, porque carece de AAI que legalice su funcionamiento.

Los datos de entrada de residuos en planta, tratamiento efectuado, porcentaje de desecho compostado y recuperado, cantidad de “rechazos” y residuos recuperados, deben ser públicos para poder conocer el grado de cumplimento de las obligaciones legales, de acuerdo con la Ley 27/2006 de acceso a la información medioambiental. Esta información se nos hurta de forma reiterada, solo Ajemsa, que gestiona Las Calandrias, nos ha facilitado estos datos. Los datos ofrecidos por los documentos PRTR del registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) son manifiestamente insuficientes, pues se limitan a registrar las emisiones del gas metano, sin dar información de la gestión de residuos efectuada.

El vertedero del Campo de Gibraltar en Los Barrios, promovido por Rucagisa (en la actualidad, Arcgisa, Agua y Residuos del Campo de Gibraltar), tiene la limitación en la Declaración de Impacto Ambiental de 1999 de recibir residuos con un contenido en materia orgánica inferior al 10%; en la AAI de 2007 se amplía a que los rechazos tengan menos del 30% de materia orgánica y menos del 65% de humedad. Es sorprendente y lamentable que la AAI sea más laxa en la fijación de límites que la teóricamente más obsoleta Declaración de Impacto Ambiental. En cualquier caso, precisa de actualización de la AAI para recoger las nuevas exigencias del Reglamento de Residuos.

Esta consideración a la baja de los límites de vertido es una muestra fehaciente del escaso rigor con que la Viceconsejería de Medio Ambiente procedió en 2007 a lanzar AAIs viables como churros y un requerimiento evidente para dictar nuevas AAIs, solventes, actuales y rigurosas. Por ejemplo, la contribución de los vertederos al Cambio Climático por la emisión del gas metano, pasa completamente desapercibida, a pesar de que el CH4 es un potente GEI (gas de efecto invernadero). El vertedero de Bolaños (Jerez) emite anualmente 749 toneladas al año, el vertedero de Los Barrios 2.360 toneladas, Miramundo 3430 toneladas al año: ¿cómo es posible que las AAIs no recojan medidas de reducción y control de estas insostenibles emisiones?.

La medida M43 del vigente Plan Andaluz de Acción por el Clima 207 – 2012 contempla:
Aprobar normativa que garantice la recuperación energética de metano en vertederos de residuos no peligrosos.

Y la medida 40 del mismo Plan anuncia:
Aprobar normativa que favorezca los usos del compost mediante una certificación de calidad.
Obviamente, ambos compromisos están incumplidos: lo más que se realiza es una desgasificación de los vertederos (el fiasco de la planta de cogeneración de Miramundo sigue pasando factura) y el compost sigue siendo de calidad escasa al no proceder de la recogida selectiva de la basura domiciliaria.

Cumplir los requerimientos del nuevo Reglamento de Residuos será una misión imposible si no se cambia de modelo de gestión de las basuras. Los gestores de las plantas pueden y deben optimizar sus procesos y garantizar buenos resultados, pero el talón de Aquiles es el sistema actual de recogida domiciliaria de la basura mezclada, con las exclusiones de envases, papel y poco más.

El ejemplo de Las Calandrias es una muestra de las limitaciones con que tienen que operar los gestores de las plantas de tratamiento. De nuevo, nuestro reconocimiento a Ajemsa por facilitar los datos. En 2011 recibió 162.179 toneladas de residuos sólidos urbanos y envases, de los que:

• 109.618 toneladas fueron a vertedero (rechazos) -----67,59%

• 13.446 “ se compostaron ---- 8,29%

• 39.115 “ se reciclaron ----24,11% .

Si la fracción orgánica llegara separada a la planta, los porcentajes de compostaje se multiplicarían por 4 o 5, con calidades óptimas. Si la materia orgánica llega mezclada, las posibilidades de obtener mejoras sustanciales en el compost son muy limitadas.

A la Consejería de Medio Ambiente le llevamos emplazando desde hace 20 años a iniciar experiencias de recogida selectiva de la fracción orgánica, única forma de alcanzar buen compost y bajos porcentajes de “rechazo”. La respuesta siempre ha sido negativa o desdeñosa. No se trata de hacerlo de la noche a la mañana, sino de iniciar experiencias en municipios de Parques Naturales o en ciudades asociadas al programa Ciudad 21. Si a este punto de inflexión le unimos la posibilidad de implantar envases retornables, la reducción de la basura a verter sería radical.

Y más radical sería implantar sistemas de recogida “puerta a puerta”, prescindiendo de contenedores callejeros y asegurando que la fracción orgánica llega a las plantas de compostaje completamente ausente de “impropios”.

Entre ambas posibilidades, la reformista o la radical, contar con un contenedor exclusivo para la materia orgánica o recoger la basura puerta a puerta, nos jugamos la apuesta de cumplir la legalidad, educar a la ciudadanía en hábitos responsables y conseguir que las plantas de tratamiento de los residuos sólidos urbanos obtengan buenos resultados.