Después de 14 años sin condena para Aznalcóllar

Ecologistas en Acción y WWF, lamentan que tras 14 años de peregrinaje por los tribunales no haya una condena por Aznalcóllar.

Ecologistas en Acción y WWF han lamentado la decisión del Tribunal Supremo (TS) que resuelve que la Junta de Andalucía deberá dirigirse al juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla para reclamar a la empresa multinacional Boliden Apirsa los casi 89,9 millones de euros por los gastos de limpieza tras el vertido de las Minas de Aznalcóllar (Sevilla) producido en 1998.

Lamentamos que después de 14 años de peregrinaje por los tribunales no haya condena clara en el caso más evidente de perjuicios al medio ambiente en España en las últimas dos décadas. La resolución del TS crea una doble sensación, pues por una parte es positivo que por fin se resuelva y este asunto y se indique a la Administración andaluza cuál es el camino a seguir, pero, de otro lado, hay que lamentar que llegue con tantísimo retraso.

La justicia para que sea justicia tiene que ser ágil y rápida, pero en casos que llevan más de una década eternizándose y dando vuelta por tribunales, se producirá una resolución final pero justicia como tal es difícil que se dé.

Abogamos por conseguir agilidad en los procedimientos para que no se eternicen, más si cabe que son empresas que se dedican a actividades peligrosas por ello hay que ser muy serios a la hora de exigirles, previamente a la puesta en marcha de su actividad productora, todo lo relativo a controles, medidas de prevención, y, más importante aún, avales u otra formas de seguro de responsabilidades civil. Nos tememos que al final Boliden se pueda escapar por el tiempo que ha pasado ya y por el que puede pasar. No obstante, confiamos en que la justicia conduzca a una sentencia favorable a los intereses públicos y que se recupere el dinero que se pagó para la limpieza del Guadiamar.

Ecologistas en Acción y WWF, advierte de que, si seguimos alargando el tiempo que se está llevando el proceso judicial sobre este asunto, puede ser que la sentencia salga 20 años después del vertido, entre recursos y recursos, por lo que reiteramos nuestro rechazo sobre el retraso absoluto y después de 14 años de peregrinaje por los tribunales no haya condena clara en el caso más evidente de perjuicios al medio ambiente en España en las últimas dos décadas. Con la decisión del Supremo nos ponemos a cero al tener que comenzar ahora por la vía civil.

La Junta de Andalucía optó por la vía penal, precisamente para eludir responsabilidades. En esta línea, puede ser que la Junta tuviera responsabilidades en el caso en relación a sus labores de vigilancia sobre la mina y para evitar esto optó por la vía penal.

Ahora el Supremo nos dice que tiene que ser por la vía civil, perdiendo 14 años. Nos tememos que el delito pueda prescribir por su retraso..

Ecologistas en Acción y WWF, reconoce que no ha sorprendido demasiado la decisión del Supremo. De este modo se refleja lo inútiles que somos en la defensa del dinero público y poco hábiles en la defensa de los intereses generales.