Alegaciones a la Orden de revocación del cierre de Garoña

Alegaciones formuladas por un representante de Ecologistas en Acción de Burgos, vecino de la central, con relación a la orden de incoación del procedimiento de revocación parcial de la orden ITC/1785/2009, de 3 de julio, por la que se acordó como fecha de cese definitivo de la explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña el día 6 de julio de 2013, y se autorizaba su explotación hasta dicha fecha.

Alegaciones al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

PRIMERA.- Quien suscribe reside en el entorno de la central nuclear de Garoña, a no más de diez kilómetros de la misma y por ello afectada directamente por la actividad que en la misma se realiza y por supuesto, de conformidad con los planes de emergencia nuclear, susceptible de ser evacuado en caso de que se produzca, situación posible, un accidente nuclear.

Asimismo he convocado, participado y acudido personalmente a la totalidad de los actos, llevados a cabo en los últimos 20 años para exigir el cierre de esta vieja central nuclear.

SEGUNDA.- Igualmente la asociación que represento, Ecologistas en Acción de Burgos lleva desde su constitución y antes su predecesora Aedenat, trabajando, en cumplimiento de sus fines, para conseguir el cierre de la central, fue parte en el proceso administrativo que dio lugar a la orden cuya revocación se pretende y del mismo modo fue parte en el proceso contenciosos administrativo que seguido ante la Audiencia nacional ratificó la citada orden. Igualmente ha convocado y participado activamente en la totalidad de las convocatorias públicas realizadas para exigir el cierre de la vieja central.

TERCERA.- Lo indicado y la vista de escueta y contraria a derecho, justificación que se deduce de una lectura de la orden de incoación frente a la que se alega, es de una importancia capital toda vez que cuanto se afirma en el fundamento de derecho segundo de la misma, nada tiene que ver con la realidad.

Así aceptando que se trata de un acto administrativo y que el mismo es fruto de la petición de prórroga efectuada por NUCLENOR S.A. y que para ella, al no aceptar la totalidad de sus pretensiones, puede tener carácter de desfavorable, no es menos cierto que en indicado procedimiento había otros directamente interesados, al menos, o en lo que a estas alegaciones interesa, quien suscribe y la asociación que representa y frente a los que el acto cuya revocación parcial se pretende no puede ser considerado de desfavorable, sino todo lo contrario, es favorable, aunque sea a medias, pero no cabe duda que recoge sus expectativas en el procedimiento , cerrar Garoña, aunque lo haga tarde.

Así el acto administrativo solo puede ser considerado como mixto, desfavorable para uno y favorable para otros y ello con las consecuencias que veremos.

CUARTO.- Frente a lo señalado no puede mantenerse que quien suscribe carece de interés directo en los procedimientos y que por ello la orden no puede ser considerada como acto favorable para el mismo y ello porque igual de legítimo es pretender prorrogar la vida de una central, como pretender su cierre inmediato, se trataría de intereses contrapuestos pero ambos lícitos, sostenibles y perfectamente ejercitables ante la administración pública y los tribunales de Justicia y por ello ese acto que se pretende revocar genera derechos a esta parte, que entiende que no proceden mas prórrogas.

Se configura así mi interés como un derecho subjetivo, que puedo intentar exigir por los cauces legalmente previstos y pedir una respuesta razonable y razonada del mismo y por ende digno de la misma protección que el derecho de nuclenor a la prórroga y al ejercicio de la actividad.

Otro tanto ocurre con relación a la asociación que represento, la misma también ostenta, es titular y representa unos derechos que denominamos colectivos, derechos que debemos calificar como difusos, pero en todo caso dignos de protección y desde este punto de vista la orden de cierre de la vieja central responde a esas expectativas de la asociación, reconoce de modo efectivo esos derechos de los que es titular, representa y defiende y al responder, lo orden, a esos intereses lo que genera es un acto favorable para la misma.

Esos derechos que representa la asociación son los generales los de la pluralidad de personas que son contrarias a la energía nuclear y defiende el cierre de esta central, derechos legítimos y exigibles y frente a los cuales el acto es favorable.

QUINTA.- Por lo tanto al fundamentarse la orden frente a la que alegamos en que el acto administrativo que se pretende revocar es de los incluidos en el artículo 105 de la Ley 30/92, en que se trata de un acto desfavorable, solo podemos concluir que no es así, que se trata de un acto mixto y por ello no es posible su revocación puesto que existen beneficiados por ese acto, personas para las que es un acto favorable y la posibilidad de revocación queda reducida solo y exclusivamente a los actos desfavorables, resultando imposible respecto de los actos que denominamos mixtos, favorables para unos y desfavorables para otros.

En el sentido que hemos expuesto se ha pronunciado la jurisprudencia por todas las sentencias transcribimos la dictada por el Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 7ª, S 8-2-2011, rec. 503/2008

El artículo 105 citado señala que Las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. A estos efectos, la revocación impugnada se funda en la existencia de un acto desfavorable para el interés público y los mismos administrados, ya que el nuevo proceso regulado con carácter extraordinario sería más beneficioso para el interés general.

Efectivamente después de las convocatorias anuladas fue aprobado una nueva forma de selección del personal estatutario, y es mucha la Jurisprudencia que al analizar estos procesos selectivos de carácter extraordinario, transitorio y temporal, ha estimado que al tratar de resolver una situación singular que se provocó como consecuencia de la organización de las Administraciones Públicas a nivel autonómico, y la necesidad de adscribir el personal a cada una de las Administraciones cuando aún no había plantillas de funcionarios ni había tiempo material para acudir a las formas normales de ingreso en la Administración correspondiente como funcionario de carrera, por lo que era prioritario la solución de estos problemas coyunturales que la modificación normativa había introducido en relación con situaciones personales. En consecuencia la misma Jurisprudencia Constitucional ha estimado que estos procesos extraordinarios cuando se realizan por una sola vez no atacan al principio de igualdad ni son discriminatorios, ya que además sus normas se aplican a todos los posible aspirantes por igual. Ello implica que la convocatoria de plazas por este tipo de proceso es conveniente para la Administración ya que soluciona una serie de problemas coyunturales que se han provocado en sus relaciones laborales e igualmente se palian problemas personales de trabajadores hasta entonces temporales. Pero este carácter de oportunidad de la Administración en la solución de determinadas situaciones que justifican la convocatoria de un proceso de estas características, no tenía porque arrastrar la revocación de las anteriores convocatorias de carácter ordinario, que además pueden coexistir al mismo tiempo, y por supuesto dicha revocación no encaja en el procedimiento previsto en el artículo 105, el cual exige que estas razones de oportunidad estén conectadas con un acto de gravamen o desfavorable, a los efectos de que el mismo no se convierta en una vía para que la Administración actúe de forma arbitraria o caprichosa.

A estos efectos debemos analizar si los actos revocados eran desfavorables como exige el precepto citado, al no tratarse de actos de gravamen, y la consecuencia es que los referidos actos de convocatoria revocados serian beneficiosos para unos u desfavorables para otros, de forma que atendiendo al principio de que esta potestad administrativa debe ser objeto de una interpretación restrictiva, teniendo como límite que del acto objeto de la revocación se deriven efectos favorables para determinados sujetos, como ocurría en este caso, lo cual supone que los actos revocados no podían ser calificados ni de actos de gravamen ni desfavorables puros, sino que su contenido desde esta perspectiva era mixto o de doble efectos, desfavorable para unos y favorable para otros, y en consecuencia no podemos aceptar la aplicación de este procedimiento, ya que como hemos mantenido los efectos de las Resoluciones revocadas no eran totalmente inocuos sino que tenían un efecto mixto, al ser favorables para algunos de los interesados, por lo que ello por sí mismo impedía la aplicación de este procedimiento.

SEXTO.- Pero no solo por cuanto hemos señalado no procede la revocación, sino que
debemos indicar que la orden de incoación carece de cualquier fundamento o razonamiento mínimamente razonable.
Se dice en el fundamento de derecho primero : En las circunstancias económicas ....... a la optimización de los costes energéticos y a la reducción de los gases de efecto invernadero.

De entrada debemos señalar que solo se trata de una mera declaración de teórica, que carece de cualquier justificación, no pasa de ser grandilocuencia alejada de la realidad y además mentiras puras y duras.

Se hace una referencia a nuestra dependencia energética exterior, olvidando que las central solo genera energía eléctrica que no sustituye al petroleo, del que realmente tenemos dependencia, pero no es cierto que en la actualidad desde el punto de vista de la generación eléctrica tengamos esa dependencia y además este tipo de energía si tiene dependencia exterior puesto que su combustible es importado en su totalidad.

Sorprende además a esta parte que para intentar acreditar razones de oportunidad, se acuda a decir que no se debe infrautilizar ninguna fuente energética disponible y decimos que sorprende por que , primero a diario se ordenan parar otras fuentes de energía disponible como es la eólica , y en alguna ocasión solar, y se tramitan expedientes de dejar en suspenso centrales de gas.

Lo relativo a la optimización de costes, con el sistema tarifario es una burla para todos y la reducción de gases efecto invernadero se consigue con energías renovables. Lo indicado y la escueta y contraria a derecho justificación que se deduce de una lectura de la orden de incoación frente a la que se alega, es de una importancia capital toda vez que cuanto se afirma en el fundamento de derecho segundo de la misma, nada tiene que ver con la realidad.

Así aceptando que se trata de un acto administrativo y que el mismo es fruto de la petición de prórroga efectuada por NUCLENOR S.A. y que para ella, al no aceptar la totalidad de sus pretensiones, puede tener carácter de desfavorable, no es menos cierto que en indicado procedimiento había otros directamente interesados, al menos, o en lo que a estas alegaciones interesa, quien suscribe y la asociación que representa y frente a los que el acto cuya revocación parcial se pretende no puede ser considerado de desfavorable, sino todo lo contrario, es favorable, aunque sea a medias, pero no cabe duda que recoge sus expectativas en el procedimiento, el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, aunque lo haga tarde.

Así el acto administrativo solo puede ser considerado como mixto, desfavorable para uno y favorable para otros y ello con las consecuencias que veremos.

SÉPTIMA.- El artículo 105 de la Ley 30/1992, además, posibilita la revocación de sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que la revocación no sea contraria al interés público. Sin embargo, lo que sostengo en mi nombre y en el de la asociación a la que represento, es que la revocación parcial de la Orden ITC/1785/2009, es contraria al interés público, por suponer en la práctica el prolongamiento en el funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, lo cual tiene graves consecuencias por el hecho de constituir un peligro inasumible para la población colindante y para el Estado español, ya que, en caso de accidente grave, sería este quien debería asumir los costes derivados más allá de los cubiertos por la entidad aseguradora, así como los costes humanos, ecológicos y sociales que se derivarían de tal accidente, siendo además esta central la más antigua y envejecida del parque nuclear español, y de una tecnología igual a la del reactor número 2 de la central nuclear de Fukushima-Daichii, en Japón, y que ha generado en el país nipón una de las mayores catástrofes de la historia de la humanidad. Así mismo, la continuidad del funcionamiento de la central nuclear generará una mayor cantidad de residuos radiactivos para los cuales no hay solución, y que afectará a la economía y probablemente a la salud de las generaciones venideras durante los cientos de miles de años que dichos residuos permanecen activos.

OCTAVA.- La Ley 2/2011, de Economía Sostenible, a la que se hace referencia en los fundamentos jurídicos de la orden de incoación del procedimiento de revocación parcial de la Orden ITC/1785/2009, en su artículo 77, establece que la política energética estará orientada a garantizar la sostenibilidad medioambiental, y que deberá ser compatible con los esfuerzos internacionales en la lucha contra el cambio climático, y que con tal finalidad el gobierno impulsará la creciente incorporación de las energías renovables.

Sin embargo, la revocación parcial de la Orden ITC/1785/2009 y la consiguiente prorroga del funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, supone un perjuicio para el medio ambiente, tanto por la generación de residuos radiactivos, como por el consumo de agua, como por los impactos que tiene la extracción, transporte y enriquecimiento del uranio requerido para su funcionamiento.

Además, la energía nuclear, en su ciclo completo, genera gases de efecto invernadero en mayor cuantía que cualquiera de las fuentes de energías renovables, por lo que no contribuye a luchar efectivamente contra el cambio climático, precisamente por ello la Unión Europea no recoge entre las fuentes de energía para la lucha contra el cambio climático la nuclear..

NOVENA.- La existencia de centrales nucleares en el sistema eléctrico, supone la necesidad de parar en numerosas ocasiones, una cantidad considerable de aerogeneradores y otras formas de generación de electricidad a partir de fuentes renovables, ya que las centrales nucleares no son capaces de regular su potencia de forma sencilla, por lo que constituyen un impedimento para el desarrollo de dichas energías en nuestro país y la prolongación de su funcionamiento, por lo tanto, es contraria a derecho según el citado artículo 77 de la Ley 2/2011, y porque además, dichas fuentes sí suponen una reducción real de emisiones de gases de efecto invernadero y son fuentes energéticas locales y que por lo tanto contribuyen a la mayor independencia energética de España.

La consideración 4ª es igualmente falsa. Lo que realmente ocurriría es que los usuarios apenas notarían el cierre de la planta, pero sin embargo se produciría una enorme merma en los beneficios de sus propietarios. En efecto, en el marco legal vigente en nuestro país se establece un sistema de "oferta competitiva" para atender la demanda prevista para cada período de media hora. De acuerdo con ello el "operador de mercado", ordena las ofertas de los productores de electricidad por los de precios solicitados y escoge las más baratas para atender la demanda. A todas las centrales que hayan sido requeridas para funcionar -y con independencia del precio que se haya indicado-, se les pagará el precio solicitado por la instalación más cara que haya sido necesario poner en marcha. Es decir, todas las centrales que funcionen cobrarán lo que pida la más cara entre las más baratas.

Por eso, si se cerrara Garoña, que sólo posee 466 MW, lo que realmente ocurriría, la mayor parte del tiempo, es que una nueva central de gas en ciclo combinado sería requerida para funcionar. El precio con y sin Garoña lo fijarían dos centrales de gas en ciclo combinado (con módulos de unos 400 MW) cuya diferencia sería muy pequeña. La subida del precio del mercado mayorista también lo sería. Además habría que recordar que, en las horas en las que está parada, su influencia en el precio de la electricidad es nula.

Paradójicamente sus propietarios lo notarían mucho. Garoña es una central ya amortizada , en el viejo y para ella extremadamente favorable Marco Legal y Estable, que para su funcionamiento sólo incurre en costes variables (fundamentalmente combustible y mano de obra) que son mucho menores que los correspondientes a la central que fija el precio del mercado mayorista. Sus márgenes de beneficios son siempre enormes

Tiene su ironía recordar que si funcionara el viejo sistema de reconocimiento de costes, la incidencia del cierre de Garoña sería mayor. Porque hasta 1997, se pagaba por cada kWh en función del coste que costaba generarlo. Y sin embargo en muchos otros aspectos se trataba de un sistema mucho menos irracional que el de oferta competitiva actual.

Sorprendentemente el Ministerio parece confundir costes en que incurren los propietarios de la planta con precios pagados por los usuarios de electricidad, dos cosas bastante distintas en un marco legal tan irracional como el actual.

DECIMA.- El borrador adjunto de Orden Ministerial por la que se revoca parcialmente la Orden ITC/1785/2009, en su consideración segunda, hace referencia a la alta dependencia energética de España para justificar la prolongación de la vida de las centrales nucleares, pero esta justificación no es tal, puesto que la totalidad del combustible que consumen estas centrales se importa del extranjero.

La consideración 2ª habla de la “dependencia energética que tiene España del exterior” como otro argumento. Recordamos que en España no hay minería de uranio desde inicio de este siglo, ni mineralurgia, ni enriquecimiento isotópico, ni producción de dióxido de Uranio, y sólo se fabrican elementos combustibles en Juzbado a partir de material importado.

Siempre ha sido falso, por mucho consenso en repetir esa mentira por parte diversos organismos internacionales, que la energía nuclear sea una energía nacional. Producir electricidad en Garoña comporta aumentar las importaciones y por tanto no reduce la dependencia. En las horas en que la presencia de Garoña comporta la obligación de verter energía renovable, esta sí de origen nacional, aumenta la dependencia y cuando comporta la salida de una central de gas sólo cambia la dependencia de lugar. De los países a los que importamos el uranio, a los que nos suministran gas natural.

ONCE.- El citado borrador de Orden Ministerial por el que se revoca parcialmente la Orden ITC/1785/2009, en su consideración quinta, justifica la necesidad de retrasar el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña por la inexistencia en plazo de un Almacén Temporal Centralizado en el que almacenar sus residuos. Sin embargo, este hecho no justifica el retraso en el cierre de la central, ya que el combustible gastado debe permanecer en la piscina de la central por un periodo de dos años antes de ser retirado a un almacén en seco, y en caso de no disponer de tal almacén centralizado, los residuos pueden almacenarse en un Almacén Temporal Individual (ATI), tal y como permanecen los residuos de la central de José Cabrera (Zorita), actualmente en desmantelamiento, los de la central de Trillo, o los que almacenará el ATI de Ascó, en operación. Por lo tanto, el hecho de no disponer en la fecha del desmantelamiento de un Almacén Temporal Centralizado, no supone impedimento alguno para el cierre de la central.

Es mas este argumento solo serviría para cesar en la producción de residuos, es decir para cerrar la central.

DOCÉ.- El borrador de Orden Ministerial, en su consideración séptima, alega
que la prolongación de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña tiene un efecto favorable sobre la actividad económica, el empleo, y la recaudación impositiva en la zona de influencia de la planta así como en otros sectores económicos que suministran bienes y servicios a la central. Sin embargo, la central nuclear da empleo únicamente a 315 personas de forma directa. Estos empleos serían necesarios durante los años que durase el desmantelamiento, y además se multiplicarían para producir la misma cantidad de energía mediante energías renovables, ya que estas generan, de media, entre 3 y 4 veces más empleo por unidad de energía, y sería necesario establecer el número de empleos que la existencia de una actividad peligrosa y contaminante ha impedido crear en la zona de influencia.

TRECE.- Existen en la orden ministerial que ahora nos ocupa ciertas consideraciones claramente inexactas. Por ejemplo se habla de que se ha tenido en cuenta “la evolución de la demanda” (Consideración 1ª). Es justo al contrario. Si la demanda evoluciona por debajo de las previsiones, lo aconsejable es renunciar a instalaciones obsoletas y amortizadas como Garoña.

La situación actual es de un claro exceso de oferta. La desviación de la demanda real de electricidad con respecto a lo previsto en el “Escenario de Eficiencia” de la “Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016”, era mayor que la producción anual de cualquier año de Garoña. La diferencia entre lo previsto en el Escenario de Eficiencia y la demanda real de 2008 era de 5.470 GWH. Siendo la demanda real menor que la prevista. Mientras la producción anual de Garoña en la media de los últimos 5 años era inferior a 4.000 GWH/año. Concluíamos por tanto que había un claro exceso de potencia. A la misma conclusión llegaba REE que remitió un informe en el que además establecía que la presencia de una central nuclear con su rigidezz a la hora de subir o bajar de potencia, implicaba la necesidad de verter electricidad de fuentes renovables cuando se daban ciertas circunstancias.

Es decir, con datos de 2009, la demanda de electricidad evolucionaba muy por debajo de las previsones oficiales y la presencia de Garoña implicaba perjuicios para otras instalaciones de producción (renovables) que se verían obligadas, en ese año y en los futuros a renunciar a su producción en ciertas horas por la presencia de Garoña. Se establecía claramente que la presencia de Garoña implicaba por tanto pérdidas para los propietarios de las instalaciones obligadas a verter su produccción.

Desde esa fecha hasta la actualidad la evolución de la demanda hace aún más innecesaria e inconveniente la presencia de Garoña. Según datos de REE (http://www.ree.es/sistema_electrico/informeSEE-avance2011.asp ) la demanda “corregida” de 2010 fue un 2,9 % superior a la de 2009 , mientras que en 2011 decreció un 1,2 % con respecto al año anterior. En lo que que va de año, la persisitencia de la crisis mantiene una demanda declinante. A mitad de mayo de este año ( http://www.ree.es/operacion/comprobar_ines.asp?Fichero=18052012 , por ejemplo) la demanda “corregida” es del orden de un 2% menor que en el mismo periodo del año pasado y se prevé que a final del año siga siendo menor en un porcentaje similar.

También desde 2010 la planificación gubernamental ha cambiado. De la propia web de ese Ministerio hemos recogido la “Planificación de los sectores de electricidad y gas 2012-2020. Desarrollo de las redes de transporte. Primer Borrador. Julio de 2011”. El documento refleja en su página 60 las previsiones de demanda en el Escenario llamado “Central”. Para el año 2012 en el sistema Peninsular se señala que la demanda será de 271 TWH en barras de central. (En el Plan 2008-2016 la cifra para 2012 era de unos 300 TWH). La realidad, a esta altura del año ya no caben grandes incertidumbres, será inferior a la misma cifra de 2011 que fue de 255 TWH. Es decir si con datos de 2009 Garoña era claramente innecesaria e inconveniente, con datos de 2012 lo es mucho más.

Sin dedicar demasiado espacio a argumentar lo obvio, es evidente (basta leer la prensa económica) que el exceso de potencia es abrumador. En la página 59 del documento “Planificación de los sectores de electricidad y gas 2012-2020” se señala que la máxima potencia medio-horaria histórica se produjo en el frío invierno de 2007 (antes de que la crisis evidenciara sus efectos) y fue de 44.904 MW. La potencia total instalada a finales de 2011 ( http://www.ree.es/sistema_electrico/informeSEE-avance2011.asp ) en el sistema peninsular fue de 100.576 MW. Evidentemente excesiva para la demanda actúal y futura prevista.

CATORCE.- También en la consideración 1ª de la orden que discutimos encontramos un argumento al menos sorprendente. Se dice que se ha tenido en cuienta el desarrollo de futuras tecnologías a la hora de dictarla. Creemos que es exactamente al contrario. Garoña es una tecnología obsoleta, mal mantenida y tan peligrosa como su central gemela de Fukushima 1, que obstaculiza el empleo de instalaciones renovables mucho más avanzadas.

Hay además otra clara contradicción en la consideración 1ª cuando se dice que se ha tenido en cuenta la seguridad de suministro. Habría un suministro más seguro si se procediera al cierre de Garoña y el sistema eléctrico complementara el suministro de fuentes renovables con tecnologías capaces a la vez de funcionar en valle y de modificar la potencia entregada a la red de forma flexible (las centrales de gas y de carbón infrautilizadas ). Remitimos al informe de REE ya citado para señalar que efectivamente hay un suministro más seguro sin Garoña que con ella. Del mismo modo es inexacta la primera parte de la consideración 3ª que habla de la contribución de Garoña a la estabilidad de la red, “igual que las centrales térmicas….”). Como acabamos de señalar contribuye menos ya que su rigidez hace la modificación de potencia suministrada menos estable.

QUINCE.- Podemos concluir de lo señalado que esas, alegadas, razones de oportunidad, no solo no tienen nada que ver con la realidad, sino que son mera retorica destinada a intentar dar apariencia de argumento, a los que es irrazonable, y por ello no justifican de ninguna manera la revocación pretendida.

Por lo expuesto,

AL MINISTERIO DE INDUSTRIA SOLICITO que tenga por presentado este escrito, lo admita y en virtud de lo indicado proceda de inmediato al archivo del expediente de revocación y en todo caso en las condiciones en que comparezco me tenga por interesado y por parte en el expediente y entienda con quien suscribe la totalidad de los trámites que se vayan realizando, con todo lo demás que en derecho proceda.

Burgos a 20 de Mayo de 2.012.