Procesamiento de tres directivos de Cobre las Cruces

Ecologistas en Acción muestra su satisfacción por el trabajo riguroso, constante e ininterrumpido realizado por el Juzgado nº19 y la Fiscalía de Medio Ambiente durante la instrucción de la Diligencias Previas que han conducido al procesamiento de tres altos directivos de la Mina Cobre Las Cruces (CLC) propiedad de la multinacional canadiense INMET MINNING, su anterior Consejero Delegado, Francois Fleury, su Director de Mina, William Thomas, y la Directora de Medio Ambiente, Paz Cosmen, por presuntos delitos continuado de daños y contra el medio ambiente.

Los hechos se remontan a la primavera del año 2007, cuando la mina de Las Cruces estaba en plena construcción y Ecologistas en Acción detectó la presencia de más de 20 balsas ilegales con aguas contaminadas dentro del recinto minero. Se denunció ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), sin que esas denuncias surtieran efecto hasta un año después. Durante todo ese año Ecologistas en Acción amplió sus denuncias sobre incumpliendo sistemático y reiterado de las autorizaciones, y CLC, con una actitud prepotente, despreció los requerimientos de los técnicos de la CHG. En abril de 2008 se derrumbaron masivamente los taludes de la mina y la CHG detectó 20 pozos ilegales en el fondo de la mina que estaban inyectando agua contaminada con arsénico al acuífero Niebla-Posadas. Los técnicos de la CHG realizaron un durísimo informe reclamando la paralización inmediata de la construcción de la mina, por grave riesgo de contaminación. En aquella época, la población cercana de Gerena aún bebía agua de pozos de ese acuífero. La paralización se efectúo en mayo de 2008, los técnicos de la CHG abrieron 4 expedientes sancionadores a CLC y Ecologistas en Acción llevo inmediatamente el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente.

A partir de ese momento, el entonces Comisario de Aguas de la CHG, Javier Serrano Aguilar, prohibió de manera ilegal el acceso de Ecologistas en Acción a los expedientes que se habían iniciado a raíz de nuestras denuncias, y apartó de sus funciones a los técnicos que habían realizado los informes desfavorables a la mina.

Sin embargo, la Fiscalía de Medio Ambiente, admitió 7 denuncias de Ecologistas en Acción y tras 6 meses de investigación, presentó querella contra los directivos de CLC en septiembre de 2008, y el Juzgado de Instrucción nº19 inició las diligencias previas.

Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sentenció a favor de Ecologistas en Acción sobre su derecho a ser parte en los expedientes sancionadores contra CLC.

Las denuncias de Ecologistas en Acción y a la acción rigurosa del Juzgado nº19 obligaron a CLC a invertir 40 millones de euros en implantar los sistemas de depuración de aguas que tenían que haber instalado desde el principio.

Durante estos cuatro años, tanto Fiscalía como el Juzgado nº19 han analizado con rigor las múltiples diligencias solicitadas por Ecologistas en Acción, estimándolas o rechazándolas de manera razonada, y han recabado numerosos informes a diferentes organismos técnicos, hasta llegar a las contundentes conclusiones que se plasman en el auto de apertura de procedimiento abreviado del pasado 8 de mayo.

En contraste, las administraciones públicas, tanto la CHG, como la extinta Consejería de Medio Ambiente, como las autoridades mineras de la Junta de Andalucía autorizaron la reapertura de la mina en 2009, modificado las autorizaciones al capricho de CLC, incumpliendo las legislaciones medioambientales y en materia de aguas. Por ello, Ecologistas en Acción mantiene vivos cuatro contenciosos administrativos, mientras que el Sr. Javier Serrano, como Director General de la Junta, ha permitido durante estos años a CLC extraer ilegalmente más de dos millones y medio de m3 del acuífero, manteniéndose actualmente entorno a 3.000 m3 diarios.

Durante los últimos meses, con la intención de presionar mediáticamente a los jueces, CLC ha impulsado una campaña de lavado de imagen a través de su Fundación CLC y con la complicidad de un autodenominado Panel de Expertos, cuyo único interés consiste en conseguir financiación económica para sus propios proyectos científicos, por encima de los intereses generales de protección del medio ambiente y de la salud de las personas.

De hecho, este Panel de Expertos no ha impedido que recientemente la empresa CLC, bajo la dirección medioambiental de la imputada Paz Cosmen, presente ante la Junta de Andalucía un modificado del Plan de Restauración que pretende rescatar la creación de un lago en el hueco minero al final de la explotación, a pesar de que este lago fue tajantemente rechazado por las autoridades hace 10 años. La única ventaja de este lago es que resulta muy barato para CLC y muy caro de mantener para el erario público durante el resto de la vida.