Una amplia coalición formada por organizaciones ecologistas, entre ellas Ecologistas en Acción, gestores de residuos, autoridades locales y colectivos sociales se reunió ayer con Stavros Dimas, el comisario europeo de medio ambiente, para pedirle que promueva una directiva sobre el tratamiento específico de los residuos orgánicos. Esta Directiva resolvería un problema ambiental de gran importancia, evitaría muchos impactos negativos y ayudaría a combatir la degradación de suelos en Europa.
En primer lugar, esta directiva aseguraría que valiosos recursos orgánicos no acaban siendo incinerados y fomentaría un compostaje de calidad y un tratamiento biológico alternativo como opción viable de tratamiento de estos residuos, cuya cantidad se estima en al menos 30 millones de toneladas en la Europa de los 25 para el año 2006, y en 60 millones de toneladas en 2009. La Agencia Europea de Medio Ambiente calcula que en 1999 se generaron 107 MT de residuos municipales biodegradables en la Europa de los 15 + Noruega, de los cuales el 66% fueron a vertedero (informe EEA 15/2001). La misma Agencia estima que actualmente esta cantidad alcanza entre 120 y 130 MT en la UE25 (Eurostat 36/2004 – 11 de marzo de 2004).
En segundo lugar, aportaría una solución al déficit de materia orgánica con un producto de calidad que remediaría los erosionados suelos españoles y europeos. Se estima que un 45% de los suelos europeos tienen un contenido en carbono orgánico bajo (1-2%) o muy bajo (<1%) y un 45% tienen un contenido medio (2-6%). Se estima que el 17% de los suelos de Europa está afectado por la erosión, a menudo vinculada a un bajo contenido en carbono orgánico, lo cual acarrea pérdidas medias de unos 53 €/Ha/año en zonas agrícolas.
En tercer lugar permitiría un uso eficiente de los recursos, paliando el declive de la calidad del medio ambiente (en particular la desertificación y el déficit de materia orgánica) y desarrollando el funcionamiento de los sistemas naturales.
Y por último, ayudaría a combatir el cambio climático, dado que la materia orgánica del suelo puede contribuir de modo significativo a la reducción de los gases de efecto invernadero con una captación anual de aproximadamente 2 Gigatoneladas de carbono. En cuanto a los bioresiduos, se estima que su recogida selectiva y su compostaje equivaldría a la creación de un sumidero de carbono de 1,4 Megatoneladas.
Ecologistas en Acción recuerda que la confianza a largo plazo de los inversores y la industria es una preocupación de primera magnitud en lo que se refiere a la viabilidad de las Estrategias de Gestión de Residuos. Debido a la falta de seguridad legal a escala europea para el tratamiento de bioresiduos, las inversiones en el sector de tratamientos biológicos siguen siendo tímidas.
Actualmente, para cumplir con la Directiva de Vertederos de la UE, municipios y administraciones se ven obligados a efectuar considerables inversiones, de millones de euros, en instalaciones de tratamiento biológico, en servicios y en infraestructuras de gestión de residuos. Sin una política clara que marque los objetivos y establezca las líneas generales acerca de la gestión de los residuos biodegradables, la inseguridad en cuanto a los métodos de recogida, el papel de la separación de residuos limpios, las normas de procesado y un destino aceptable para el producto tratado presentan unos riesgos financieros inaceptables tanto para el sector privado como público, y en la práctica bloquea el desarrollo de infraestructuras imprescindibles de tratamiento.
Ecologistas en Acción ha pedido al Comisario Dimas que se regule el tratamiento de residuos orgánicos, recordando que algunos países de la UE, entre ellos España, ven en el reciclaje de la materia orgánica múltiples beneficios económicos, sociales y ambientales. Sólo así se lograrán los incentivos necesarios para que los inversores tanto públicos como privados se sientan seguros y la consecuente protección del suelo de la UE.
Los residuos orgánicos (restos vegetales, de comida, de jardinería y de poda) representan entre el 30 y el 50% del total de residuos municipales de la Unión Europea. Actualmente van a los vertederos, contribuyendo al cambio climático por sus emisiones de metano y representan una amenaza para las aguas subterráneas por la toxicidad de los lixiviados que producen. En un futuro próximo, los Estados miembros de la UE estarán legalmente obligados a reducir estos vertidos, pero actualmente la principal alternativa suele ser la incineración. De no haber claras directrices legales, se seguirán perdiendo enormes cantidades de recursos para combatir la degradación del suelo y retos como el cambio climático.
