Banderas Negras Andalucía 2012

  Sumario  

 Cádiz

Banderas negras 2012 en Cádiz

Las analíticas de las estaciones depuradoras han sido suministradas por la Delegación Provincial de Medio Ambiente con mucha tardanza, con resultados muy dispares en cuanto a la calidad del efluente y muchos casos de mal funcionamiento de la instalación de saneamiento.

Desde el 1 de enero del 2006 los municipios con más de 1.500 habitantes tienen obligación legal de depurar sus aguas residuales ( desde el 1 de enero de 2001, los de más de 15.000 habitantes-equivalentes tenían la misma obligación, por una directiva europea ¡de 1991!).

Este año, por fin, dos municipios de gran población fija o estacional (Algeciras,
115.000 habitantes) y Chipiona (con una población estacional que supera los 70.000 habitantes en los meses de verano) tienen ya una depuradora en funcionamiento. Las dos realizan depuración terciaria aunque no reutilizan las aguas depuradas. No obstante, en Algeciras, el 30 % de las aguas residuales siguen vertiéndose sin depurar por lo que mantenemos la bandera negra. En el caso de Chipiona, nos alegra poder retirar la bandera negra. Sin embargo, las aguas ya depuradas van a un arroyo-canal que desemboca entre las playas de las Tres Piedras y la Ballena, lo que podría en el futuro suponer problemas en estas playas, si se produjeran fallos en la depuración. No disponemos todavía de ningún dato analítico de estas dos depuradoras.

Estas instalaciones se vienen a unir a la depuradora de Vejer inaugurada en
2010, pero su funcionamiento es bastante deficiente (datos analíticos del 2011).

Estas son las buenas noticias. Las malas son el crónico malfuncionamiento de la mayor parte de las depuradoras del litoral (ver tablas en documento .pdf correpondiente a Cádiz). En siete municipios las depuradoras funcionan muy mal infringiendo de manera continuada el Real Decreto 509/1996 de depuración de aguas residuales urbanas y contaminando el litoral (Sanlucar, Rota, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Cádiz y San Fernando, Barbate y San Roque).

Además, dos municipios, Tarifa y Gibraltar, siguen sin depuradora, vertiendo directamente al mar, al igual que tres núcleos de población-pedanías (El Palmar en Vejer y Zahora y Caños de Meca en Barbate). También Trebujena carece de depuradora y vierte al maltratado estuario del Guadalquivir. Incluso las depuradoras que funcionan bien, no están libres de problemas. Rota presenta buenos resultados analíticos, pero en verano más de la mitad de las aguas residuales se vierten directamente porque la depuradora no tiene capacidad suficiente. La depuradora de La Línea funciona bien, pero los colectores que bombean las aguas residuales hacia la depuradora están rotos, filtrándose a la playa de la Atunara, que está cerrada al baño por riesgo sanitario.

Estimamos que aproximadamente las aguas residuales correspondientes al
70% de la población litoral de la provincia de Cádiz (medio millón de habitantes) se depuran muy deficientemente o se vierten sin depurar. Solo se reutiliza el 4% del total de vertidos (Rota y Chiclana). Se trata de un incumplimiento legal, y un impacto sobre el litoral totalmente inaceptables. Los Ayuntamientos, la Consejería de Medio Ambiente y las empresas gestoras son los responsables.

En el caso del litoral de Cádiz, las intensas corrientes y mareas reducen el peligro sanitario. Sin embargo, el mayor peligro es el efecto de la contaminación orgánica sobre los ecosistemas marinos. Las aguas litorales y marinas del Golfo de Cádiz albergan una gran biodiversidad que todavía no se conoce bien (praderas de fanerógamas marinas, praderas de algas, fondos rocosos, volcanes de fango...) y que está mínimamente protegida (únicamente en el litoral del Parque Natural del Parque del Estrecho). Las principales amenazas para esta biodiversidad son los vertidos y la sobrepesca. Los vertidos masivos de aguas residuales, como los que ocurren en nuestro litoral, producen el fenómeno denominado “eutrofización”, agotando el oxígeno en zonas afectadas, “zonas muertas” de las que desaparece la mayor parte de la vida y degradando zonas más amplias. Un ejemplo podría ser la degradación que está sufriendo la pradera marina cercana a los Corrales de Rota.

Lo peor es que la situación no es nueva, sino que se está haciendo crónica. Las depuradoras se van construyendo pero no tienen un mantenimiento adecuado, de manera que progresivamente funcionan peor y acaban vertiendo aguas prácticamente residuales. Así ha pasado en los últimos años con Sanlucar o con Cádiz-San Fernando. Otro déficit añadido es el incumplimiento de la normativa de acceso a la información sobre depuración. Con honrosas excepciones, los ayuntamientos se niegan sistemáticamente a suministrar estos datos y las Delegaciones de la Consejería de Medio Ambiente dificultan notablemente el acceso a los mismos, tanto en la forma como en el tiempo. La Delegación de Medio Ambiente en Cádiz es la única de toda Andalucía que viene facilitándonos los datos analíticos, aunque en este año hemos sufrido su demora.

La tendencia a la privatización del ciclo del agua concentrada en unas pocas grandes empresas amenaza con agravar aun más la situación; el resultado de esta cesión en la gestión y en la propiedad es que no mejora la calidad del agua y además suben los precios.

BANDERAS NEGRAS 2012 en Cádiz: 16 Banderas Negras

1. Zona de playa comprendida entre Bonanza, Bajo de Guía y Las Piletas, en Sanlúcar de Barrameda.

1º Tramo Bonaza- Bajo de Guía:
Por vertidos continuados, salvo en los meses de verano, de aguas residuales a la playa a través del arroyo del “Salto del Grillo”. El vertido del arroyo del Salto del Grillo procede de un conjunto de viviendas del barrio alto de la ciudad (Camino de Sevilla), estimándose en unos 800 m3 diarios. Además, por esa misma playa (dentro del propio Dominio Público Marítimo-Terrestre), discurre un colector de aguas residuales que evacua la zona de Bonanza conectándola con la red general a la altura de Bajo de Guía. Dicho colector presenta grandes problemas y con frecuencia se obstruye, produciendo vertidos puntuales de aguas fecales. En todo su recorrido aparecen respiraderos. Más abajo se encuentran los restos de otra tubería de fibrocemento destinada a conducir las aguas depuradas a la colonia de Monte Algaida, aunque nunca ha cumplido tal fin.

La situación persiste desde hace unos 10 años, los vertidos se realizan a la misma playa y existe riesgo sanitario puntual para los usuarios, sobre todo a principios del verano.

2º Tramo Playas de La Calzada y Las Piletas:
Por el vertido al mar a través de un emisario submarino de las aguas muy deficientemente depuradas, procedentes de la depuradora municipal, al estuario del Guadalquivir. Por verter aguas fecales a través del Arroyo de San Juan y los aliviaderos (en época de lluvias) que desembocan en la playa urbana. Por la contaminación lumínica y despilfarro energético que suponen los 30 focos halógenos de 3.000 W cada uno.

Los análisis realizados por la Consejería de Medio Ambiente durante los años
2009, 2010 y 2011 demuestran un funcionamiento muy deficiente de la depuradora.

Las aguas que se vierten al Estuario del Guadalquivir son técnicamente aguas
residuales. Los últimos datos recibidos (correspondientes al año 2011) ratifican esa situación. Ecologistas en Acción solicitó (en septiembre) formalmente al ayuntamiento datos más recientes sobre la depuradora sin recibir respuesta. No obstante, la multinacional Aqualia no tiene inconveniente en cobrar a los ciudadanos las tasas de depuración.

Tras un año de denuncias ciudadanas y del escándalo de la gestión del agua con un déficit acumulado de 7,5 millones de euros en los últimos 15 años, el ayuntamiento anunció en diciembre del año pasado lo que denominó eufemísticamente “trabajos de mejora de la depuradora” por valor de 2,7 millones de euros de dinero público. Los trabajos se están realizando durante los últimos meses y consisten fundamentalmente en sustituir la mayor parte de los equipos de depuración. Se ha construido un depósito subterráneo (tanque de tormenta) para impedir el vertido del principal de los desagües a la playa y permitir su canalización hacia la depuradora. Sin embargo, las obras no han concluido y los vertidos han continuado produciéndose. La gestión del agua, privatizada desde el año 2011, ha pasado a ser un negocio privado en régimen de monopolio, que funciona sin control, que incumple la ley con total impunidad y con la connivencia del Ayuntamiento, que oculta la información a los ciudadanos.

2. Playa urbana de la Costilla, en Rota

Por el vertido sin depurar durante los meses de verano de más de la mitad del volumen de las aguas residuales del municipio a través de un emisario submarino frente a la playa de la Costilla. La depuradora municipal tiene que atender a la depuración de las aguas procedente de Rota y Costa Ballena
(CB- Rota y CB-Chipiona). En los meses de verano la población (28.500 habitantes) se triplica y la depuradora no tiene capacidad técnica para depurar todas las aguas residuales. Plantearse las ampliaciones urbanísticas de las poblaciones sin antes haber asegurado la capacidad de los municipios para resolver la depuración de las aguas residuales, es asegurar los vertidos. Además, cuando llueve con cierta intensidad, las aguas residuales y pluviales se vierten a la playa por tres puntos, como se observa en la foto:

3. Playa de Fuentebravía, en El Puerto de Santa María.

Construcciones de edificios en el acantilado y rellenos en la playa y en el acantilado, realizados con un manifiesto incumplimiento de la Ley de Costas, provocando continuas pérdidas de arena. Regeneración periódica, inadecuada e inútil, utilizando incluso calcoarenitas de cantera, perdiéndose todos los años en los temporales de invierno la arena aportada cada principio de temporada veraniega. La erosión debida a la mala gestión de la playa supone también un peligro para la seguridad de los usuarios que desconocen el estado ruinoso con peligro de desprendimiento en que se encuentran algunos edificios a pie de playa afectados por los temporales. Proyecto de construcción de un nuevo espigón para evitar las pérdidas de arena, lo que provocaría el encajonamiento prácticamente total de la playa, sin resolver los problemas estructurales que hacen perder la arena.

4. Playas de El Ancla y La Inmaculada, en El Puerto de Santa María.

Urbanización salvaje del litoral, arrasando amplios pinares y retamares, la “Arboleda Perdida”, de Rafael Alberti. Ejemplo de las consecuencias ambientales, paisajísticas y territoriales de la burbuja inmobiliaria, con la promoción de un modelo insostenible de crecimiento urbanístico especulativo, con ocupación de zonas de alto interés ecológico, paisajístico e histórico en primera línea del litoral por urbanizaciones de segunda residencia. Destrucción de hábitats de especies protegidas (camaleón y sabina).

5. Playa de la Casería, en San Fernando.

Por la construcción, a escasos metros de las aguas de la Bahía y del Parque Natural, de siete torres de 16 plantas de altura (3 de ellas ya construidas), en contra de los informes de la Junta de Andalucía. Las obras infringen la Ley de Costas, que prohíbe las pantallas arquitectónicas en las zonas próximas al litoral.

6. Playa de La Barrosa-Novo Sancti Petri, en Chiclana.

Litoral ocupado completamente de hoteles, urbanizaciones y campos de golf, hasta el límite del término municipal de Conil. La ocupación intensa del territorio para uso residencial continúa desarrollándose hacia el interior de la Loma del Puerco.

La mala gestión de su territorio, con el paseo marítimo inadecuado, hace que esta playa pierda anualmente su arena; no se puede recuperar de manera natural por la ocupación urbanística y anualmente es ruinosa para el dinero público.

7. Playa y acantilado de Roche, en Conil

Construcciones en primera línea de costa, ocupando la Zona de Servidumbre del domino público marítimo-terrestre y destruyendo especies protegidas. Muy mala depuración de las aguas residuales. La EDAR municipal en el río Salado tampoco depura correctamente. La Demarcación de Costas, aunque está redactado y solicitado por la población, es incapaz de realizar un sendero peatonal por la Servidumbre de Protección del DPMT, con lo que la urbanización Roche es una zona urbana junto al mar en la que no se ve el mar hasta que accedes a la playa.

8. Playa de El Palmar, en Vejer.

Por el descontrol urbanístico actual (más de 700 viviendas ilegales), extensa ocupación de viviendas en un diseminado caótico, vertidos de aguas residuales sin depuración y el proyecto de dos apartoteles en Malcucaña, en un entorno completamente virgen de 27 hectáreas. La Playa de Mangueta, contigua a El Palmar, es un arenal virgen, y como ella, tiene la amenaza de la construcción de hoteles y viviendas turísticas, de prosperar lo aprobado por la Comisión de Ordenación del Territorio de Cádiz, sobre una superficie de 180 hectáreas.

Edificaciones en el dominio público marítimo terrestre, sin depuración de las aguas fecales, sin red de abastecimiento de agua potable, sin alcantarillado, vertiendo sus aguas residuales al acuífero o al mar, con el acuífero costero contaminado y sometido a extracciones incontroladas.

10. Playa de El Carmen, en Barbate.

Por recibir las aguas contaminadas del río Barbate, cargado de pesticidas y por las aguas residuales de Vejer, Zahara de los Atunes y los vertidos de la depuradora de Barbate que funciona muy deficientemente. Es la única playa de Cádiz de las analizadas por la Consejería de Salud que supera los parámetros microbiológicos, por lo que no se recomienda el baño.

11. Playa de Atlanterra, en Tarifa.

Edificaciones desmesuradas ocupando ilegalmente suelo que no está clasificado como urbano. Destrucción de cordones dunares de alto interés ecológico. Carencia de infraestructuras básicas para el suministro de agua y la depuración de los vertidos. Amenaza de crecimiento de la urbanización, con dos proyectos de crecimiento del complejo inmobiliario y turístico. Todo ello con el respaldo de la Agencia Andaluza del Agua, cuando no hay ninguna garantía de suministro de agua.

12. Playas de Los Lances, en Tarifa.

Inaceptable proyecto urbanístico en Valdevaqueros, que pone en riesgo dos zonas de especial protección para la Unión Europea que están incluidas dentro de la Red Natura 2000” (Parques Natural del Estrecho y de los Alcornocales).

Se trata de un Plan Parcial que prevé la construcción de 350 viviendas y 1.400 plazas de hotel en 71 hectáreas. El proyecto aprobado por el ayuntamiento de Tarifa supone profundizar en un modelo de desarrollo insostenible, agresivo con el medio ambiente y repite los mismos errores de actuaciones especulativas que se aprovechan de la excelencia ambiental para cargársela.

Vertidos directos a la playa a la altura de la urbanización de Las Cañas. El municipio de Tarifa, con más de 20.000 habitantes, no depura sus aguas residuales. Solo posee un emisario agujereado de 1.800 metros, roto poca distancia de la costa. Una grave amenaza suponen las pretendidas exploraciones de hidrocarburos, dentro de la zona de la provincia de Cádiz sobre la cual se ha solicitado permiso para investigar existencia de hidrocarburos. Esta superficie contiene 6 Lugares de Importancia Comunitaria, además de ser Reserva de la Biosfera, por lo que
la legislación ambiental regional, nacional y comunitaria impide la realización de cualquier plan o proyecto sin una adecuada Evaluación de Impacto Ambienta.

13. Isla Verde, Algeciras.

Depuradora construida. Todavía el 30% de las aguas residuales de Algeciras (ciudad con más de ciento quince mil personas y que genera 12 millones de metros cúbicos anuales de aguas residuales) se vierten sin pasar por la EDAR sin la más mínima depuración.

14. Zona de litoral comprendida entre los ríos Palmones y Guadarranque y sus vegas bajas inundables.

Por la pérdida de arena debida a la erosión antrópica, los vertidos de aguas residuales urbanas (Los Barrios, San Roque), los vertidos industriales y los procedentes del intenso tráfico de barcos y gasolineras flotantes. Igualmente por la amenaza que supone el Plan de Ordenación del Territorio para las vegas inundables de los ríos Palmones y Guadarranque y para otras zonas de la bahía de Algeciras, así como por los rellenos ya realizados sobre las mismas.

Los Barrios vierte todas sus aguas residuales, sin apenas depuración, al río Palmones (a la altura del río Las Cañas). Siguiendo el curso bajo del río a la altura del puente de la autovía A7 hay vertidos de aguas residuales de la zona baja de Algeciras. Los polígonos industriales vierten en la desembocadura (Paraje Natural Desembocadura del río Palmones) aguas sin depurar. Esta zona protegida se ha visto afectada por vertidos procedentes de buques que han naufragado. Los rellenos de la Zona de Actividades Logísticas en la vega del Fresno no son denunciados en el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar.

Al río Guadarranque van a parar las aguas residuales sin depurar de la Estación de San Roque, Taraguillas, los polígonos industriales de Los Barrios y Guadacorte. Y a través del Arroyo de la Madrevieja llegan las aguas residuales, con un tratamiento deficiente, del casco urbano de San Roque. En ocasiones y con lluvias torrenciales existen lixiviados de aguas industriales contaminadas. Sigue la construcción sobre los rellenos de la Zona de Actividades Logísticas del Guadarranque.

15. “Bunkering” en el Mar de Alborán, Estrecho de Gibraltar y Bahía de
Algeciras. Litoral de Gibraltar.

“Bunkering”, gasolineras flotantes fondeadas en la Bahía. El trasiego de hidrocarburos se hace de un barco a otro para evitar el pago de impuestos. Se estima que se traspasan 5 millones de toneladas de combustible al año.

Las “gasolineras flotantes” que suministran combustible albergan 300.000 Tn en peso muerto en la Bahía de Algeciras. Este estrés a que se ha sometido la bahía de Algeciras con el trasvase de combustible obliga a los buques (cargueros, petroleros,…) aprovechando el “paso inocente”, a navegar a medio nudo por el Mar de Alborán hasta que llega su turno de avituallamiento. Estos buques con mercancía peligrosa pululan por toda la costa mediterránea y son una espada de Damocles para el Medio Ambiente y la economía de la Costa del Sol. La Fiscalía Superior de Andalucía ha pedido más control y vigilancia a los barcos que frecuentan la bahía de Algeciras para evitar que se produzcan vertidos contaminantes, con situaciones indeseables de impunidad. Se trata de “una silenciosa marea negra de vertidos continuos”, según Patricia Navarro, fiscal de Medio Ambiente de Cádiz.

16. Playa de la Atunara (Levante) en la Línea de la Concepción.

Por vertidos de aguas residuales a la Playa de La Atunara, debidos a la rotura de los colectores por los que se bombean las aguas residuales de La Línea hacia la depuradora municipal. Las analíticas de Servicio Andaluz de Salud han demostrado que no son aptas para el baño, por lo que el ayuntamiento ha decretado su cierre.

La playa del Burgo y un tramo de la del Carmen, ambas en la playa de Levante, están cerradas al baño por razones sanitarias. El Ayuntamiento ha colocado carteles para advertir a los bañistas de esta situación.

Existen además vertidos en la playa de Poniente (La Línea) y en la frontera con Gibraltar.

PUNTOS NEGROS 2012 en Cádiz: 13 Puntos negros.

1. Playas de La Jara en Sanlúcar y Montijo en Chipiona.

La Jara: por ser una playa en fase regresiva, debido al efecto que produce el puerto de Chipiona al interrumpir la dinámica litoral de sedimentación que en dirección NW-SE se da en la zona y utilizarse escolleras con materiales alóctonos para proteger la costa acantilada. Todo lo cual está produciendo una artificialización de todo este tramo del litoral, con un fuerte impacto paisajístico, y contribuyendo a tapar los pequeños acantilados pliocuaternarios, de indudable interés como recursos didácticos para interpretar la geología de la zona.

Peligro de urbanización en parcela dentro de la servidumbre de protección (100 m). Reclamamos la adquisición por parte de la Administración y aplicando la nueva Ley del Suelo de la finca particular que dificulta actualmente con dichas actuaciones el disfrute de esta pequeña cala, entre Sanlucar y Chipiona y muy utilizada por los vecinos de la Jara.

Incumplimiento generalizado de la Ley de Costas en el tramo entre Sanlucar y Chipiona: invasión de la servidumbre de paso y de protección (e incluso en algunos puntos invasión del dominio público marítimo terrestre), lo que impide recorrer la zona andando por el borde del acantilado.
Las playas de Montijo y Micaela padecen una pérdida de arena importante, en
un proceso de regresión costera.

2. Playa de La Ballena, entre Chipiona y Rota.

Prosigue la ejecución de la segunda fase de la gigantesca macrourbanización de Costa Ballena, en el tramo de Chipiona. En total, Costa Ballena (Rota-Chipiona) ronda las 40.000 plazas residenciales, más que los cascos urbanos de Rota y Chipiona juntos. Consideramos punto negro por la especulación urbanística, el deterioro de la franja litoral y la creación de nuevos núcleos de población en lugar de potenciar turísticamente los existentes.

3. Playas de Aguadulce desde Punta Candor a Costa Ballena, en Rota.

La situación de construcciones y chabolas ilegales en este tramo de costa sigue sin resolverse. Los nuevos propietarios que tienen sus casas en primera línea (casi arena mojada) han realizado protecciones de las viviendas y tierras mediante la instalación de escolleras. Esto ha supuesto no solo un gran impacto paisajístico de la playa, sino que además impide el tránsito por
la misma: ahora durante la pleamar, este tramo de costa se convierte en intransitable por el dominio publico, dado que el mar llega a las escolleras que se han instalado en la playa, todo ello con el permiso de Demarcación de Costas. Los temporales de este año y la degradación que ha sufrido este tramo de la costa roteña, con gran pérdida de arena y retroceso de la franja litoral, nos ratifican en la necesidad de un proyecto de la Dirección General de Costas para que se recupere y preserve el dominio público:

El acceso a Playa de Punta Candor y Desembocadura del Arroyo Alcántara en la Punta de Candor están de pena; se ha puesto todo el hormigón y el asfalto de los proyectos de recuperación, pero no se ha movido un dedo en su restauración medioambiental.

4. Corrales de Rota.

Por carecer de un plan de uso y gestión, tras más de 8 años desde su declaración como Monumento Natural. Tampoco existe un documento técnico sobre elementos arquitectónicos y un modelo de restauración de los corrales de pesca, por lo que ante nuevas actuaciones y reparaciones cotidianas sigue sin haber criterios objetivos para valorar técnicamente los proyectos. La contaminación de este litoral ha provocado la total desaparición de las praderas de fanerógamas marinas del Monumento Natural Corrales de Rota.

5. Playa del Chorrillo (colindante con la Base Naval, zona de Rota).

Por la construcción de una gran escollera perpendicular a la línea de playa que ha venido a sustituir a la antigua alambrada militar. Además de la escollera, la Demarcación de Costas ha dado permiso para levantar una alambrada para la seguridad de los bañistas de los Tercios de la Armada, que son los únicos autorizados para usar la playa, mientras en la otra zona se apiñan los “civiles”. Con la excusa de la necesidad de realizar un espigón de protección para no perder los áridos aportados en la regeneración de esta playa, se ha levantado este muro que rompe el paisaje litoral. La escollera solo sirve como elemento de seguridad de las instalaciones militares de la Base Naval. Un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente (Tercera Fase del Paseo Marítimo y regeneración de la playa del Chorrillo), ha encubierto unas obras de carácter militar que hacen más lejana la reivindicación ciudadana de usar este trozo del litoral que desde hace medio siglo tiene la población roteña.

6. Playa del Almirante, en El Puerto de Santa María.

Playa cerrada al público por las autoridades militares de la Base naval de Rota, sin ningún tipo de servicio.

7. Playas de Las Murallas y La Calita, en El Puerto de Santa María.

Vertido de aguas residuales insuficientemente depuradas a través de un emisario submarino desde la EDAR Las Galeras.

8. Playa del Aculadero, en El Puerto De Santa María.

Regeneraciones periódicas e inútiles de la playa afectando a zonas de la plataforma de abrasión de alto valor ecológico y con un enorme despilfarro de fondos públicos. Se construyó un espigón para frenar la pérdida de la arena vertida artificialmente, que se ha demostrado también inoperante.

9. Playa de la Victoria y Bahía de Cádiz.

Contaminación lumínica y carril bici ridículo en el Campo del Sur. Casi 400.000 vatios de potencia entre La Victoria y Santa Mª del Mar en proyectores de hasta 2.000 W de potencia cada uno. El 2º puente sobre la Bahía, en construcción, aumentará la congestión de tráfico privado sobre la ciudad de Cádiz.

La ampliación del puerto en 38 hectáreas de relleno. Vertidos esporádicos de fecales en aliviaderos de pluviales en el Campo del Sur. Contaminación por las barbacoas del trofeo Carranza.

Depuración insuficiente de las aguas residuales de Cádiz y San Fernando en la
EDAR conjunta.

10. Playas de la Fontanilla y Fuente del Gallo, en Conil.

Obras de restauración, destruyendo gran parte de los elementos naturales.

11. Playa de Paloma Baja, en Tarifa.

Viviendas ilegales con pozos negros en terrenos del Parque Natural del Estrecho.

12. Playa de los Alemanes, en Tarifa.

Obras de urbanización que han destruido un valioso bosque litoral con acebuches, sabinas y enebros marítimos.

13. Zona Portuaria de Algeciras: Saladillo, Paseo de la Conferencia y Playa de los Ladrillos.

Vertidos de aguas residuales. Presencia de metales pesados. Ampliación del puerto de Algeciras.

OBJETIVOS
Los objetivos de “Banderas Negras” son:

• Dar una información rigurosa a los gaditanos, y a todos los usuarios de las
playas, del estado ecológico en que se encuentran éstas.

• Requerir a ayuntamientos, resto de las administraciones y a empresas, para que contribuyan al saneamiento de las playas y pongan fin a la degradación ambiental del litoral.

La campaña es el resultado del trabajo voluntario de diversas personas, 8 grupos locales de Ecologistas en Acción de Cádiz (Sanlúcar, Rota, El Puerto, Cádiz, Barbate y Campo de Gibraltar) y el grupo ecologista CANS de Chipiona. Otra de las bases de la campaña es la información suministrada por la Consejería de Medio Ambiente sobre el funcionamiento y la analítica de las estaciones depuradoras de aguas residuales que vierten al litoral.

Banderas Negras pretende hacer una evaluación ambiental integral del litoral. Evaluamos los impactos producidos por la contaminación y por la urbanización. En el primer caso se tienen en cuenta la existencia de vertidos, el funcionamiento de las depuradoras y la calidad de las aguas de los ríos que desembocan en el mar. En el segundo, el respeto a la normativa legal: Ley de Costas (Dominio Público Marítimo Terrestre y Zona de Servidumbre) y el impacto sobre los ecosistemas naturales y sobre los recursos naturales, sobre todo agua, suelo, biodiversidad y paisaje. A veces el impacto puede ser grande, aunque se haga cumpliendo la legislación urbanística (por Ej. El Ancla y La Inmaculada: bandera
5ª).

En síntesis, banderas negras pretende responder con rigor a la pregunta ¿en qué medida se está practicando un desarrollo sostenible en el litoral?

Los “galardones” concedidos por la Federación para la educación ambiental para Europa, conocidos como “Banderas Azules”, carecen de cualquier credibilidad, se basan en meros aspectos turísticos y no evalúan con rigor el estado medioambiental de las playas. No es extraño, por tanto, que playas con banderas azules cuenten con nuestra catalogación de Bandera Negra.

Algunas de las playas con banderas azules también tienen Banderas Negras

Tampoco la distinción ‘Q’ de Calidad, concedida por el Instituto para la Calidad Turística Española (los mismos empresarios turísticos) en reconocimiento a “su esfuerzo por regenerar la oferta turística de sol y playa” poseen legitimidad medioambiental. “Evalúan” algo tan etéreo como prestigio, diferenciación, fiabilidad, rigurosidad y promoción (sic).

El sello AENOR es un certificado ISO que acredita la gestión medioambiental de la playa. La Asociación Española de Normalización y Certificación es una entidad privada sin fines lucrativos creada en 1986 y encargada de certificar que los ayuntamientos cumplen los requisitos establecidos en la norma ISO 14001 de gestión medioambiental. Se trata de un certificado que ignora agresiones ambientales como la urbanización rampante o la artificialización de las playas.

La Consejería de Salud realiza también en la temporada de baños unos informes sobre la calidad de estas aguas, con periodicidad quincenal. Ecologistas en Acción considera necesario incorporar a los análisis microbiológicos y físico- químicos que establece el control sanitario oficial de las aguas de baño (Real Decreto 734/1988), analítica para evaluar la presencia de metales pesados como arsénico, zinc, cromo, níquel y plomo, ampliando los puntos de toma de muestras y la periodicidad de éstas. Los informes del Programa de Vigilancia Sanitaria de la Calidad de Aguas de Baño de la Consejería de Salud son claramente insuficientes y arrojan pocas garantías. Esta analítica es insuficiente para ser reconocida; se limita a evaluar el contenido microbiológico y a efectuar análisis “macroscópicos”. Es decir, nos informa de la presencia o no de microorganismos y del aspecto exterior, sin testar metales pesados o hidrocarburos, por poner dos ejemplos de afección a la salud.

Gracias a la gran hidrodinámica de nuestros mares, Atlántico y Mediterráneo, hay bastante garantía de que las aguas residuales no o mal depurada no generen problemas de insalubridad, pero esa confianza se puede quebrar en algún momento.

Por otra parte, tampoco se considera que exista impacto ambiental en las actuaciones de extracción de arena del Placer de Meca (un yacimiento submarino), ni tampoco en el vertido de las arenas, argumentando principalmente que ninguno de estos lugares son espacios naturales protegidos. Un impacto que está ahí presente, ya que en playas como Santa María del Mar o El Aculadero se han sepultado bajo toneladas de arena los fondos rocosos, un ecosistema de gran valor ecológico donde se pueden encontrar especies endémicas del litoral gaditano, tratándose además de zonas de interés para el marisqueo.

Novedades positivas para la provincia de Cádiz:

• Declaración de Impacto Ambiental negativa del proyecto de ampliación del puerto de Tarifa. Ecologistas en Acción Ecologistas en Acción ha solicitado a la Administración ambiental andaluza que comience los trámites para la inclusión de la superficie anexa al actual puerto de Tarifa dentro del perímetro protegido del Parque Natural del Estrecho, ya que por tratarse del mismo biótopo merece su inclusión en este espacio natural.

En concreto, se propone que se amplíe la protección de la franja marítima desde el actual puerto de Tarifa hacia el Este, ofreciendo una conexión de protección coherente entre la Isla de Tarifa (Zona de Reserva) y los espacios protegidos a 700 metros del puerto (Zona de regulación especial). Asimismo, se propone que la franja costera emergida se catalogue como Espacio Natural Costero de Extraordinario Interés, y la franja marítima como Espacio Marino de Extraordinario Interés y por consiguiente como Zona de reserva.

• La puesta en funcionamiento de las depuradoras de Algeciras y Chipiona. Por fin, con más de 11 años de retraso y tras una denuncia de la Unión Europea , comenzaron a funcionar la depuradora de Algeciras en noviembre
de 2011 y la de Chipiona, en marzo de este año. No obstante, en Algeciras el 30 % de las aguas residuales siguen vertiéndose sin depurar, por lo que mantenemos la bandera negra. En Chipiona la depuradora vierte a un arroyo- canal que va a desembocar entre la playa de las Tres Piedras y la de La Ballena. Durante el funcionamiento en pruebas en marzo-abril se produjeron vertidos contaminantes con mortandad de peces en el arroyo. Dado que se realiza una depuración terciaria, el agua debería reutilizarse para el riego agrícola.

Novedades negativas para la provincia de Cádiz:

• La terrible presión urbanística que a pesar de la crisis del ladrillo sigue amenazando a los municipios costeros bajo el amparo fraudulento de las “áreas de oportunidad turística”: marismas de Trebujena, Mangueta y El Palmar (Vejer), San Ambrosio, Trafalgar, Següesal y Bogaris (Barbate)... La aprobación de los Planes de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste y la Janda supone otra vuelta de tuerca en aras de fomentar un modelo de crecimiento económico fracasado en base a desarrollos urbanísticos insostenibles. El proyecto urbanístico en Valdevaqueros (Tarifa) es otro golpe brutal contra la sostenibilidad de nuestro litoral.

• La transferencia de las competencias de gestión de usos del litoral del Gobierno Central a la Junta de Andalucía, con competencias en servicios de playa y concesiones administrativas, no deja de ofrecer resultados negativos. Al igual que en el caso del urbanismo, aquí no se cumple el principio de proximidad (la cercanía al ciudadano va asociada desgraciadamente a peor gestión y mayor corrupción).

La autorización por la Junta de Andalucía de más de ochenta chiringuitos en nueve municipios de la provincia gaditana, en mayo de este año. Se han introducido modificaciones en la concesión de los permisos, de tal forma que permiten a los chiringuitos abrir en la zona litoral. Los permisos se realizan por un periodo mayor, de diez temporadas estivales prorrogable por otras cinco, y se tramitan de forma separada de los Planes de Explotación de Playas, de manera que la presión sobre las playas se incrementará notablemente.

• La denuncia realizada ante la Fiscalía de Medio Ambiente en Campo de Gibraltar en abril de este año por vertido de aguas residuales sin depurar en los municipios de Algeciras, La Línea, San Roque y Los Barrios.

• La amenaza del dragado de profundidad entre la desembocadura y el puerto de Sevilla, que sigue cerniéndose sobre el estuario del río Guadalquivir. El puerto de Sevilla ha obtenido para ello una subvención de 81 millones de euros de los fondos FEDER (el 80 % del presupuesto de la obra), a pesar del Dictamen de la Comisión Científica para el Estudio de las Afecciones del Dragado del Río Guadalquivir, que ha declarado la inviabilidad ambiental del proyecto. Además, otro Informe elaborado conjuntamente por el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Secretaría del Convenio Ramsar rechaza igualmente el dragado. El Ministerio de Medio Ambiente denegó en el año 2011 la autorización para el proyecto basándose en los informes científicos.

Consideramos inconcebible que con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) se pretenda financiar una obra que supone la muerte del estuario del Guadalquivir y que entra en contradicción con la política ambiental de la propia CE. WWF ha presentado una queja ante la Comisión Europea por considerar que la obra no puede llevarse a cabo, ya que vulnera claramente varias directivas europeas. La queja ha sido admitida a trámite por la Comisión. Entre tanto continúan sin ser abordados los graves problemas que afectan a estuario.

No obstante, destacamos como elemento positivo la entrada por fin en funcionamiento de la depuradora de Chipiona, que puede suponer un alivio a la contaminación crónica que sufre el tramo final del Estuario.

• El otorgamiento de la responsabilidad urbanística a partidos como el PVRE (Partido Vecinal Regionalista) en Chiclana, cuyo único objetivo es la legalización por la cara de las viviendas construidas fuera de toda ordenación. “Organizan manifestaciones para pedir que no se aplique la legalidad urbanística, exigen estar presentes en las juntas de gobierno local y acaban imponiéndose ante la pasividad de los ciudadanos”, como denuncia la fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz.

• La continuidad empecinada de los gobiernos central y andaluz en el ilegal proyecto industrial (“parque tecnológico”) de Las Aletas, a pesar de haber recibido una sentencia del Tribunal Supremo, anulando el acuerdo del Consejo de Ministros de 2007, que aprobó reservar 287 hectáreas de las marismas de Puerto Real (Cádiz) y de que la Dirección general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar realizara un Informe argumentando que el proyecto no estaba debidamente justificado. Costas demuestra que la ocupación de dominio público marítimo-terrestre no es necesaria porque hay otros espacios en la bahía de Cádiz disponibles. El Supremo considera que esa reserva de suelo incumple la Ley de Costas y da la razón a la asociación ecologista WWF, que protagonizó la denuncia.

• La cabezonería del Ministerio de Medio Ambiente y de Medio Rural y Marino (ahora de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), en continuar con la irracional política de “regeneración” de playas, una suma de despilfarro y pésimos resultados.

Ecologistas en Acción va a plantear a la Consejería que agrupa las competencias de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que inste al consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a paralizar proyectos urbanísticos tan disparatados como el de Valdevaqueros y desclasificar los terrenos como inicio de lo que debe ser la futura política urbanística y medioambiental de la Junta de Andalucía: dimensionar el urbanismo a las necesidades reales para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna para todos los ciudadanos, desclasificar las bolsas de suelo urbanizable hipertrofiadas por la burbuja inmobiliaria para acabar así de una vez con los activos tóxicos, y garantizar la conservación de la totalidad del litoral que queda sin construir, preservando sus valiosos recursos naturales, en lo que Andalucía es líder indiscutible a nivel europeo.

La Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, repite año tras año la “regeneración de playas”: más movimientos de arena, más dragados, más desmontes de dunas para alimentar nuestras maltrechas playas, más inversiones inútiles… y todo para que el año que viene, previsiblemente, se vuelva al lugar de partida. Nuestras playas han sido profundamente alteradas por la construcción de paseos marítimos, espigones, rellenos, dragados, construcciones en primera línea de playas, destrucción de cordones de dunas… lo que ha motivado la pérdida progresiva de arena y la incapacidad para regenerarse de forma natural tras los temporales de invierno.

De nuevo hacemos un llamamiento a los mandatarios y a los usuarios del litoral para que tengan en cuenta las amenazas que el Cambio Climático arroja sobre la franja costera. El último Informe de Evaluación del IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio Climático) nos advierte de que el nivel del mar subirá entre 18 a 59 centímetros a lo largo de este siglo, tanto por fusión de los hielos como por dilatación del agua del mar. Cada centímetro de aumento en el nivel del mar arrastra una regresión de la línea de costa de aproximadamente un metro; por tanto, nuestras costas pueden sufrir un retroceso de más de 20 metros si no reducimos las emisiones de CO2, ahorramos y usamos energías renovables.

Insistimos en que es imprescindible un plan de prevención de la contaminación del litoral, que elimine cualquier vertido contaminante, tanto desde tierra como desde el mar, con indicadores precisos y evaluables de la calidad ambiental. Hay que establecer un nuevo inventario de contaminantes marinos. La Directiva Marco de Aguas debe aplicarse con rigor, sobre todo los principios de acción preventiva y de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma. Los objetivos de recuperar y mejorar la calidad ambiental del litoral son irrenunciables y deben garantizarse aplicando la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Solicitamos un estudio epidemiológico en el campo de Gibraltar que estudie la posible relación causa-efecto entre contaminación y aumento de la mortalidad
en la comarca; una moratoria Industrial de las industrias duras y contaminantes, hasta que se finalice el estudio. Una planificación racional del crecimiento portuario y de sus usos, utilizando los espacios con eficacia. Un mando coordinado y conjunto entre la autoridades marítimas de Gibraltar y Algeciras y la prohibición absoluta de las gasolineras flotantes.

Confiemos de nuevo en que estas “distinciones” de Banderas Negras y Puntos Negros se truequen en verdaderas Banderas Azules de aguas y arenas limpias y de un litoral ecológicamente saludable y libre de las agresiones urbanísticas para el año próximo.


TOTAL: 16 BANDERAS NEGRAS Y 13 PUNTOS NEGROS


agosto de 2017 :

julio de 2017 | septiembre de 2017



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