El Procurador del Común da un varapalo a la Junta

Por inacción ante el enterramiento clandestino de residuos de RMD.

La Junta certificó “la completa retirada” de los residuos del antiguo vertedero ilegal de RMD, en Villanueva del Carnero, a pesar de los informes en contra del SEPRONA y la Universidad de León, que confirmaban el enterramiento. El Procurador constata su existencia y pide su retirada por grave riesgo de contaminación de acuíferos, según la Universidad.

Ante la certeza de tal falsedad, y habiendo sido acreditada por el SEPRONA y la Universidad de León, en el verano de 2007, la existencia de residuos enterrados, contaminando el terreno por hierro, cobre, cinc y plomo, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma Valle de Conforcos, ante la absoluta pasividad de la Junta y del Ayto. de Santovenia de la Valdoncina, en cuanto a exigir la eliminación de los residuos enterrados e imponer sanciones, lo denunciaron al Procurador.

El Dictamen de éste alude a otro informe posterior, nuevamente por la Universidad de León en septiembre de 2008, a petición del Ayto. de Santovenia, en el que, tras nuevas catas realizadas, se reitera la existencia generalizada de granalla enterrada, y dice que “se recomienda la eliminación de estos restos de granalla del depósito y el saneamiento del suelo con el objeto de prever cualquier efecto nocivo sobre el medio en el futuro”.

También que “El notable incremento en la concentración de la bolsa de agua subsuperficial encontrada (…) parece indicar que se ha producido un proceso de disolución de algunos metales desde las capas de restos almacenados hasta el agua. Este hecho puede suponer un grave riesgo de potencial contaminación de otras masas de agua.”

El Procurador del Común concluye: “Por lo tanto, resulta de las conclusiones del citado informe la existencia de restos de granalla depositados en la zona en cuestión en contra de las afirmaciones efectuadas por el Laboratorio regional de Calidad Ambiental en el año 2006”.

Finalmente emite la siguiente Resolución:

1. “Que se adopten las medidas precisas que, de conformidad con lo establecido en el art. 23 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados, concluyan con la retirada y eliminación de los restos de granalla detectados y el saneamiento del suelo tal como se recomienda en el punto segundo del Informe elaborado por el Instituto de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Biodiversidad de la Universidad de León, en septiembre de 2008 a petición del Ayto. de Santovenia de la Valdoncina.”

2. “Que por esa administración [La Junta] se acuerde la incoación de un procedimiento para determinar si se debe declarar el terreno objeto de esta reclamación suelo contaminado, con la finalidad de que se lleven a cabo las actuaciones de descontaminación y recuperación a los efectos previstos en el art. 36 de la Ley 22/2011.”

3. Que, de acuerdo con lo establecido en los puntos 3º, 5º y 6º del precitado Informe de la Universidad de León, se remitan todas las actuaciones a la Confederación Hidrográfica del Duero para que dicho órgano ejerza las competencias que le correspondan de conformidad con la normativa de aguas.

Concluimos que la Junta ha actuado en constante connivencia con RMD, primero dando por finalizada la retirada de residuos a pesar de la denuncia judicial existente, y segundo, reafirmando, tras supuesta inspección en enero de 2011, el estado de normalidad de la parcela, obviando totalmente los informes anteriores del SEPRONA (2007) y de la Universidad (2007 y 2008), que certificaban la existencia de residuos enterrados y la contaminación del subsuelo.

El Procurador exonera al Ayto. de Santovenia, por carecer de competencias de supervisión; sin embargo, de los citados informes se desprende que dicho Ayto. también participó en la ocultación de los hechos, amparando a RMD: pese a la gravedad de las conclusiones emitidas en el Informe de la Universidad, de septiembre del 2008, lo mantuvo sin darle curso, ni urgir soluciones, a la Junta, quien detentaba las competencias sobre residuos; de hecho, la Junta manifiesta que “no existe constancia de comunicación del Ayto. de Santovenia de la Valdoncina posterior al 12 de junio de 2008”, es decir, se guardó en el cajón el último Informe, que alertaba sobre el “grave riesgo de potencial contaminación” de acuíferos.

El Procurador declina entrar en la cuestión de procedimientos sancionadores, porque, al día de hoy ya habrían prescrito. Este es el éxito de las maniobras de RMD, poniendo trabas para las sucesivas prospecciones, y la inacción de la Junta y del Ayuntamiento de Santovenia.




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