Anulada la autorización ambiental de otra planta de residuos peligrosos

Ecologistas en Acción vuelve a pedir el cierre inmediato del vertedero de Fresno de la Ribera (Zamora), tras la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley que lo blindó.

Por sentencia nº 1301, de 29 de junio de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado la autorización ambiental otorgada en 2008 por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a la empresa Indureco, S.L. para el proyecto de una nueva planta de tratamiento de residuos industriales peligrosos en el término municipal de Venta de Baños (Palencia), que se encontraba paralizado judicialmente desde febrero de 2009.

Indureco, filial del grupo catalán HERA Holding, que ya intento sin éxito en la década pasada la implantación de un vertedero de residuos industriales en las localidades palentinas de Dueñas, Cevico de la Torre, Palenzuela y Vertavillo, y que cuenta con otra planta similar a la ahora anulada en la misma localidad palentina, pretendía el tratamiento de hasta 115.000 toneladas anuales de residuos tóxicos y peligrosos.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, considera procedente la estimación de la demanda de Ecologistas en Acción "al haberse omitido en el presente caso el preceptivo informe del Organismo de Cuenca" sobre el vertido de las aguas residuales de la planta al colector municipal de Venta de Baños, que "al tener una especial incidencia para la calidad del medio receptor", el río Pisuerga aguas arriba de Valladolid, requiere el previo informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Se trata de la tercera instalación de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos declarada ilegal en Castilla y León en los últimos meses, tras la anulación judicial por el TSJ de la planta físico-química de la empresa catalana Distiller. S.A. en Ólvega (Soria) y de la incineradora de otra filial del grupo catalán HERA Holding en Carrión de los Condes (Palencia), con una capacidad de tratamiento conjunta de 190.000 toneladas al año. En los tres casos, se trata de instalaciones pensadas principalmente para importar desechos procedentes de otras Comunidades Autónomas, lo que pone de manifiesto el pliegue de la Junta de Castilla y León a los intereses del "lobby" de los residuos, aunque sea a costa de sacrificar la salud y el medio ambiente de todos.

Al tiempo, en estos días se ha conocido la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional de la cuestión de inconstitucionalidad interpuesta por el TSJ contra la Ley 2/2008, de 17 de junio, de Declaración de Proyecto Regional para la instalación de un centro de tratamiento de residuos industriales no peligrosos en el término municipal de Fresno de la Ribera (Zamora). El TSJ considera acreditado que el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, buscó con esta Ley eludir la suspensión judicial de este vertedero ordenada en 2007, lesionando arbitrariamente el derecho a la tutela judicial efectiva, la legislación básica del Estado sobre medio ambiente y el derecho a la participación, en beneficio exclusivo de la empresa Urbaser, S.A., división medioambiental de la constructora ACS, que ya obtuvo este trato de favor de las Cortes de Castilla y León en su vertedero de residuos industriales tóxicos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), en 2002.

En opinión de Ecologistas en Acción, queda así en evidencia el completo desastre de la política de residuos de las anteriores autoridades ambientales de Castilla y León, y reclaman al nuevo Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, que se desmarque de las prácticas ilegales de sus antecesores en el cargo y reúna con urgencia al Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla y León para informar la redacción de un nuevo Plan Regional de Residuos que respete la legislación ambiental, responda a las necesidades de Castilla y León y destierre el caos existente en la gestión de los desechos. Al tiempo, Ecologistas en Acción pide el cierre inmediato del vertedero de Fresno de la Ribera por su ilegalidad y su riesgo medioambiental.




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