La reforma de la Ley de Costas: una privatización encubierta

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Ecologistas en Acción considera que las líneas de modificación de la Ley de Costas presentadas por el ministerio de Arias Cañete suponen la antesala de la privatización del litoral. La ampliación de la concesión en otros 75 años más y la posibilidad de compra-venta de los inmuebles dejarán los bienes públicos de la costa a merced de la especulación y de intereses privados.

Borrador Anteproyecto Ley de Costas

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presenta al Consejo de Ministros un Anteproyecto de reforma de la Ley de Costas. Se trata de un documento calificado como una "primera lectura" de las intenciones del departamento en la modificación de dicha Ley. De esta manera se pospone hasta algún Consejo de Ministros de septiembre la aprobación del proyecto de Ley. Merece la pena destacar que este documento se presenta incumpliendo el compromiso previo del ministerio con las organizaciones ambientales, en el sentido de permitirles conocerlo previamente y aportar su punto de vista.

La principal medida que contiene este documento es la de ampliar las concesiones en otros 75 años, además de los 30 ya concedidos, y permitir la compra-venta, lo que equivale a tener en propiedad un espacio público prácticamente de por vida. Esto, a juicio de Ecologistas en Acción, supone una privatización encubierta de la costa y el sacrificio del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) a la especulación urbanística y a los intereses privados.

La burbuja inmobiliaria no sólo ha degradado y especulado sobre toda la franja costera, sino que ahora el ministro Arias Cañete y su gabinete pretenden hacerlo también con los bienes públicos existentes en el litoral. Todo ello bajo la vacía excusa de hacer compatible la conservación del medio ambiente con el desarrollo económico y dar una mayor seguridad jurídica a los propietarios de viviendas en el litoral. También se hablaba de aumentar la seguridad jurídica.

Sin embargo, esta reforma no solo no incrementará dicha seguridad jurídica, sino que la gran cantidad de excepciones, casuísticas infinitas y desigualdades de tratamiento que plantea, tendrá justo el efecto contrario. Por ejemplo, implicará el deslinde completo de la totalidad del DPMT de la isla de Formentera.

Al prolongar ahora estas concesiones en DPMT y en su servidumbre de protección, el Estado español deberá hacer frente a una oleada de reclamaciones por indemnizaciones de los afectados que sí cumplieron la legislación. Además, la Administración tendrá que hacer frente a los gastos de restauración y contención ambiental por los daños que la subida del nivel del mar y los temporales a buen seguro provocarán en las concesiones privadas, a causa del cambio climático.

Por otra parte, la pretensión de reducir la servidumbre de 100 a 20 metros en lugares como las rías es una medida totalmente alejada de la verdadera dinámica de estos ecosistemas. Lejos de proseguir con el Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático en la costa, vemos como el ministerio avanza en dirección totalmente opuesta, lo que acarreará grandes perjuicios sociales y económicos a las poblaciones que reduzcan los metros de la servidumbre.

Es más, las rías son consideradas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) como uno de los principales lugares a ser transformados y ocupados por el mar. Por tanto el Ministerio camina en contra del perfil costero que vamos a tener de aquí a unos años.

Ecologistas en Acción considera, además, que aumentar la "flexibilidad" en las playas urbanas no traerá sino nefastas consecuencias para el equilibrio de la franja litoral así como un efecto negativo sobre los usuarios de las playas. La gestión del litoral no puede ir enfocada a si son playas urbanas o naturales, sino que se debe estudiar caso por caso en función de la singularidad de la zona y de las presiones a las que estén sometidas.

Por estos motivos, Ecologistas en Acción exige que se descarte la modificación de la Ley de Costas de 1988, y más en estos términos que van encaminados a su privatización y degradación. Por el contrario, la organización ecologista pide que se apueste por una Estrategia de adaptación al cambio climático en la costa, que es lo que realmente se necesita.




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