Apoyo del Supremo sobre el derribo de casas ilegales

El Tribunal Supremo ha avalado la tesis que siempre ha venido defendiendo Ecologistas en Acción en coincidencia con la mantenida por la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz: el derribo de lo ilegalmente construido es el arma más eficaz en la lucha contra las edificaciones ilegales.

En la última década se han ido multiplicando a lo largo de la geografía de la provincia infinidad de construcciones levantadas al margen de toda norma legal, ocasionando multitud de problemas ambientales y sociales, y ocasionando una enorme destrucción del territorio. No han servido de freno los escasos expedientes administrativos ni las multas coercitivas impuestas por los ayuntamientos, y ni siquiera las causas penales abiertas que en la mayoría de los casos han terminado en sobreseimiento o con condenas insignificantes que no contemplaron la demolición, o en todo caso ésta no llega a ejecutarse. Más bien estas medidas han supuesto un efecto llamada creándose una conciencia de impunidad, de que vale la pena construir ilegalmente ya que es muy probable que prescriba toda acción administrativa o judicial y, en cualquier caso, las viviendas ilegales no van a ser derribadas.

La demolición de lo construido al margen de la ley es la medida más eficaz para activar la prevención general y además se restaurará a su estado natural el bien protegido: el territorio. Consideramos que no es de recibo la justificación de Juzgados y Audiencia para no decretar la demolición el hecho de que exista en la zona numerosas viviendas en las mismas circunstancias. Se producen numerosas infracciones penales de tráfico en una carretera y este hecho no invalida las sanciones o medidas penales que se imponen por alguna de ellas.

Tampoco nos sirve de justificación la futurible regularización de la vivienda en cuestión por el planeamiento municipal toda vez que en la mayoría de los casos son estos núcleos irregulares los que han forzado en contra del interés general su clasificación como zona urbana o urbanizable a pesar de ser contrario a toda lógica. Nos congratulamos por lo tanto con la sentencia del Tribunal Supremo y esperamos que la tesis del derribo sea la generalidad y no la excepción y sirva la misma para que Jueces de lo penal y de la Audiencia provincial asuman la misma como la medida más eficaz para reparar el daño causado y disuadir a otros de llevar a cabo la misma práctica.

Felicitamos a la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz, por su lucha por la persecución de los delitos que atentan contra el medio ambiente y concretamente contra el fenómeno tan pernicioso de las viviendas ilegales, y animamos a que sigan solicitando la demolición de las mismas.

Desde Ecologistas en Acción no obstante vamos más lejos y reclamamos una reforma del Código Penal que endurezca las penas por delitos contra la ordenación del territorio y conexos así como la ampliación de los plazos de prescripción tan cortos que existen en la actualidad.