La plataforma “No a nuestra costa”, contra la reforma de la Ley de Costas, se pone en marcha en Cantabria

Organizaciones y entidades cántabras firmantes del manifiesto “No a nuestra costa” rechazan el anteproyecto de reforma de la Ley de Costas, presentado por el Gobierno de España, y anuncian acciones reivindicativas.

Representantes de ARCA, Asociación Cántabra de Ecoturismo, CC.OO., Domino +, Ecologistas en Acción, Izquierda Social y Ecologista (ISECO) y SEO Bird/Life se reunieron esta semana en El Astillero para poner en marcha su participación en la Plataforma “No a Nuestra Costa”, una iniciativa de carácter estatal para defender la Ley de Costas frente al anuncio de reforma que está planteando el Gobierno de Mariano Rajoy.

Para las organizaciones cántabras, la Ley de Costas de 1988 es una garantía para el uso público en la costa y un freno a la especulación urbanística, por lo que han expresado su rotundo rechazo al contenido del anteproyecto de reforma aprobado por el Gobierno de España y que no ha contado con ningún tipo de participación social.

Una reforma de la Ley de Costas en los términos planteados por el Gobierno supondría un retroceso sin precedentes en la preservación del litoral y una hipoteca para el futuro económico de las áreas costeras.

“No a nuestra costa” desea trabajar en Cantabria como un movimiento ciudadano y apartidista, asumiendo el reto de desmentir la campaña de intoxicación pública dirigida a torpedear la Ley de Costas, y decididos a emprender acciones reivindicativas para defender el uso público del litoral y proteger sus ecosistemas.

Otras organizaciones que han firmado el manifiesto “No a nuestra costa” son la Asociación Mundo Sostenible, CGT, Grupo para la Restauración de Costa Quebrada, Mortera Verde, Plataforma DEBA, Revista Cantárida y UGT.

LA IMPORTANCIA DE LA LEY DE COSTAS

La entrada en vigor de la Ley de Costas, en 1988, avanzó decisivamente en la conservación de los recursos naturales del litoral peninsular e insular. Se establecieron claros límites al proceso de desfiguración de la costa (iniciado 60 años atrás) haciendo patente el uso público de la costa para todos los ciudadanos que recoge el artículo 132 de la Constitución Española.

Además, lo hizo salvaguardando los derechos legítimos de particulares y empresas, dando un plazo de 30 años, que termina en 2018, prorrogables otros 30 más para buscar otra ubicación a las industrias que se asientan en la costa. En el caso de Cantabria solo unas decenas y que pueden ser regularizadas sin necesidad de modificar la Ley de Costas.

En dos décadas, el litoral español ha perdido una superficie similar a ocho campos de fútbol cada día, provocando el despilfarro de millones de euros cada año, dinero público que se destina a la restauración de paseos marítimos, playas, infraestructuras costeras y al control de vertidos en una espiral de gasto sin fin.

Desde la plataforma se considera que la aplicación de la Ley de Costas tiene que ser estricta, sin rebajas, eliminando las construcciones ilegales y compensando a aquellos propietarios víctimas de la mala gestión administrativa, estudiando caso por caso.

La mejor política que se debe realizar es favorecer la conservación del entorno porque el respeto a los procesos ecológicos no es un freno al progreso, sino el camino para salir de la crisis.