Ocaña, responsable del caos de las parcelaciones ilegales

Los fiscales, jueces y responsables públicos en la gestión y conservación del patrimonio cultural, que participan en el curso sobre urbanismo y medio ambiente, organizado por la Fiscalía de Córdoba, han sido indulgentes a la hora de valorar la responsabilidad en la tutela de régimen de protección y gestión del territorio que ejercen muchos ayuntamientos andaluces.

El problema no ha estado en una actitud de dejadez por parte de los responsables políticos, que la ha habido, si no es una ACTITUD COOPERANTE con este fenómeno parcelario, tal como reflejaba en su día, el informe técnico sobre urbanizaciones y parcelaciones legales e ilegales, elaborado por el Defensor del Pueblo Andaluz, el Sr. José Chamizo.

En el caso concreto del Ayuntamiento de Córdoba, sus responsables políticos, y aquí no cabe distinción de color o sigla de partido, han mirado constantemente hacia el otro lado, mientras que las parcelaciones ilegales afloraban por todo el término municipal de Córdoba. Hasta 130 parcelaciones ilegales, que no clandestinas, distribuidas físicamente, al azar y bajo los criterios de los especuladores de oficio. Un gremio de especuladores/delincuentes, identificados, localizados por las autoridades desde hace 20 años, e incluso, reconocidos, aplaudidos y laureados por numerosos vecinos, ante la mirada cómplice de más de un Alcalde Pedanio.

Las Comunidades de Propietarios de las diferentes parcelaciones que aún no han sido regularizadas, o que no se encuentran en proceso de legalización, indican en sus actas de reunión, que los responsables políticos están con ellos, que los entienden y apoyan, pero que no pueden hacer más, por culpa de los colectivos ecologistas que mantienen una presión sobre los responsables públicos en materia urbanística y ambiental.

Si se tramitan y finalizan denuncias millonarias por apertura de caminos, desmontes o asfaltado de vías pecuarias, la responsabilidad, sobre las organizaciones ecologistas. ¿Cuál es el resultado? Responsables de empresas dedicadas a la construcción, propietarios y interesados se emplean en la “caza del ecologista”, por medio de llamadas telefónicas, mensajes electrónicos, o directamente, en persona, como ya ha ocurrido.

A pesar de ello, servicios municipales como la recogida de basura, se ofrece a parcelaciones ilegales, con el sobrecoste económico que ello supone para la empresa pública SADECO. E incluso el personal del Área de Infraestructuras y Obras del Ayuntamiento de Córdoba, por mandato de sus responsables, han llegado a trabajar en la mejora de caminos y accesos en parcelaciones irregulares.

Está en manos del Sr. Ocaña, actuar con contundencia y de forma expeditiva en algunas edificaciones ilegales localizadas en las parcelaciones de Los Ballesteros y de San Cristóbal (Sierra de Córdoba), una de ella con una sentencia judicial condenatoria, desde hace más de un año, pero los meses pasan y los derribos no llegan. ¿A qué esta esperando el Sr. Ocaña?

Lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones, las parcelaciones ilegales han llegado a tal magnitud, por una actitud cómplice de la mayoría de los políticos municipales que han pasado por el Ayuntamiento de Córdoba en los últimos 20 años. Ellos, y no los únicos, son los máximos responsables.