El 23 de junio de 2005 Attac-España, Ecologistas en Acción y la Plataforma por la Defensa de los Servicios Públicos se reunieron con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para entregarle una declaración, suscrito por 168 ONG's y plataformas sociales de todo el mundo. El documento denuncia las negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de servicios (AGCS) en el marco de la Organización Mundial de Comercio. El mismo día tuvieron lugar en decenas de lugares actos paralelos de los firmantes para mostrar la preocupación que los países desarrollados solicitan actualmente que 40 países en desarrollo y 50 países subdesarrollados abren sus mercados locales de servicios.
Como la OMC se dispone a reunirse otra vez en Ginebra este verano, es importante acentuar que numerosas organizaciones de la sociedad civil mundial mantenemos nuestra oposición tanto al proceso como a la dirección actual de las negociaciones de servicios de la OMC. El ciclo actual de negociación será una vez más al servicio de las empresas multinacionales, sin que los intereses de la ciudadanía se tengan en cuenta. La declaración firmada por las 168 organizaciones dice “cuando servicios públicos, como el agua, la educación y la salud quedan expuestos a la liberalización, la gente sufre las consecuencias. Un reciente estudio de la secretaría de la UNCTAD cuestiona las ventajas prometidas de privatización y liberalización en el sector de servicios y muestra como los países en vía de desarrollo perderán bajo el AGCS la flexibilidad en la construcción de su política pública.” El documento ha sido enviado a los embajadores de la OMC en Ginebra, al presidente de las negociaciones sobre Servicios y al director de la OMC.
El régimen del AGCS contiene una serie de medidas perniciosas que pueden ser usadas para recortar o reducir el espacio de los gobiernos para la construcción de su política pública. El Artículo VI.4 de Regulación Doméstica del AGCS contiene provisiones para los gobiernos que desafíen leyes no deseadas y regulaciones de otro país, que pueden ser interpretadas como una barrera disfrazada al comercio. Además la ausencia de industrias de servicios competitivas en los países empobrecidos hace que las negociaciones del AGCS se lleven a cabo de forma unilateral, con los países industrializados como únicos y verdaderos interlocutores. Los sectores que los países desarrollados desean abrir a sus empresas multinacionales son entre otros finanzas, energía, medio ambiente (agua y otros), turismo, construcción, distribución y transporte.
La liberalización de servicios crea muchos problemas que agravan la situación de pobreza en el mundo lo que hace imposible conseguir los Objetivos de Milenio de las NNUU, que es reducir a la mitad la pobreza mundial, porque:
No se afrontan las necesidades de los ciudadanos.
La inversión internacional se transforma en la compra de empresas públicas privatizadas y se convierten en monopolios privados.
Conlleva las pérdidas de empleo, la inseguridad en el trabajo, el recorte de los derechos laborales, la reducción de los salarios reales y el aumento de demandas sobre flexibilidad laboral.
Los servicios públicos incrementan sus precios de venta implicando una exclusión del consumo de bienes públicos necesarios como el agua, la sanidad, la educación o la energía.
La mayor preocupación de la sociedad civil es que la política comercial no atienda a las necesidades humanas básicas. Por tanto las organizaciones exigimos:
Detener la negociación del AGCS.
Hacer una evaluación integral e independiente del impacto de la liberalización de servicios.
Una participación de los ciudadanos afectados en esta evaluación.
La defensa de los intereses públicos frente a los intereses comerciales.
La exclusión de los servicios de interés general (salud, educación, agua, cultura, transporte público, vivienda pública, etc.) de los acuerdos de la OMC.
Una respuesta inmediata del gobierno español a nuestras demandas.
Para incrementar la presión y asegurar un buen resultado en las negociaciones de servicios, la UE y Estados Unidos han abogado por el establecimiento “de pruebas estándares” (benchmarks) para las negociaciones del AGCS y coordinan estas demandas por medio de grupos “de amigos” informales en sectores claves. España apoya esta medida según la Subdirección General de Comercio Internacional de Servicios con la que nos entrevistamos ayer. La imposición de estándares implicaría que los países miembros de la OMC no dispondrían ya más de la flexibilidad para decidir si presentan ofertas o no y se involucran en compromisos.
En la reunión mantenido con el Ministerio se constató el abismo que existe entre las posiciones de la administración del Estado que opina que “la liberalización de los servicios siempre es beneficiosa” y la sociedad civil que se opone a las privatizaciones de los servicios públicos. Constatábamos asimismo en la reunión que el gobierno no hace suyo la bandera de la protección del medio ambiente o de los derechos laborales y sociales en el marco del AGCS porque en el ámbito internacional están vistas cada vez más como “medidas proteccionistas o barreras al libre comercio”.
Firman este comunicado de prensa: ATTAC ESPAÑA ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PLATAFORMA POR LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (integrada por una veintena de organizaciones)
